Cuando el presidente Barack Obama a través de una acción ejecutiva aprobó en agosto de 2012 la Acción Diferida por la Llegada de Infantes (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals) que le ha permitido a más de 750.000 jóvenes inmigrantes no autorizados tener el alivio de la deportación– nunca imaginó que su sucesor, el republicano Donald Trump podría emprender un camino hacia su derogación y abriendo la posibilidad de una deportación. Esta es la incertidumbre que viven hoy aquellos que han recibido la ayuda legal de la Administración saliente.
A través de DACA éstos jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de tener 16 años – conocidos como los Dreamers – han tenido la oportunidad de permanecer en el país para estudiar o trabajar, a través de un permiso ejecutivo, siempre que cumplan ciertas condiciones: estar matriculado en la escuela secundaria o tener un diploma de la escuela secundaria o GED equivalente, y no tener una condena penal grave. Aquellos a quienes les aprueban la anuencia reciben la protección de la deportación durante dos años. Estos beneficios pueden renovarse.
Desde el año que se proclamó el programa, se han emitido alrededor de 588.000 renovaciones. De acuerdo a los últimos datos del gobierno que incluyen todo el año fiscal 2016, que finalizó el 30 de septiembre de 2016 había al menos 512.000 inmigrantes ilegales que podrían ser elegibles para renovar sus beneficios en el año fiscal 2017, que se extiende hasta el 30 de septiembre, de acuerdo a los últimos datos publicados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
Alrededor de 1,1 millones de inmigrantes no autorizados son elegibles para los beneficios, según una estimación del Pew Research Center, lo que significa que alrededor del 78% de los potencialmente elegibles han solicitado el programa. El total refleja el número de solicitudes durante la vigencia del programa, no el número de solicitudes aprobadas o los inmigrantes que actualmente reciben beneficios.
Trump había dicho durante su campaña por la Casa Blanca que deshacería la acción ejecutiva de Obama, pero una vez se convirtió en presidente electo ha tomado un tono más suave hacia los Dreamers. Sin embargo, si opta por desarticular la norma,
el programa podría ser cancelado inmediatamente.
Legisladores promueven blindar a los dreamers frente a la deportación
Ante este escenario, un grupo bipartidista de senadores promueve una legislación que extendería las protecciones legales y los permisos de trabajo al grupo de jóvenes inmigrantes indocumentados traídos a EEUU como niños, por al menos tres años más si son revocados. El proyecto de ley se aplicaría a un grupo más amplio de Dreamers actuales beneficiarios del DACA; ampliando la elegibilidad del proyecto de ley a otros jóvenes inmigrantes indocumentados que quizás no tengan el permiso, pero que serían aprobados bajo el programa.
La legislación también promulgaría más estrictas protecciones de confidencialidad de lo que actualmente se ofrece bajo el actual programa DACA. Prohibiendo información personal, como el domicilio de los inmigrantes, para evitar que éstos fueran utilizados para fines de deportación, a menos que involucre alertas de seguridad nacional o de una investigación de delito grave. Con ello se pretende asegurar que los padres de los beneficiarios del DACA no se dejen arrastrar para ser deportados.
La extensión de esos beneficios sólo sería válida durante tres años bajo la ley. Por lo tanto, si la teoría, si esta medida se convirtiera en ley en mayo de 2017, desaparecería en mayo de 2020, obligando al Congreso a elaborar una reforma migratoria más amplia mientras tanto.
Varios senadores estadounidenses que apoyan el proyecto de ley representan a estados con algunos de los más altos receptores de DACA, incluyendo California, Illinois y Arizona. Sólo California tiene 216.060 receptores iniciales de DACA, el más alto en la nación, seguido por Texas con 120.642, Illinois con 41.256, Nueva York con 38.000; Florida con 30.000; Arizona con 27.000; Carolina del Norte con 27.000; Georgia 23.000; Nueva Jersey con 21.000; y Washington con 17.000.
Originarios de 24 naciones
Los inmigrantes no autorizados de México representan tres cuartas partes de todos los receptores de DACA. Desde que se inició el programa, 78% de las solicitudes aprobadas -tanto iniciales (588.859) como renovaciones (456.108 )- proceden de mexicanos. Pero no es el único país.
De otras 23 nacionalidades son los 161 mil Dreamers restantes, representando 22% de los jóvenes a quienes les han aprobado sus aplicaciones para DACA, de estos 19 provienen de Latinoamérica, incluido México; le sigue El Salvador con 27.095 solicitudes, y 22.114 renovaciones; Guatemala con 18.841 y 14.228; Honduras con 17.519 y 13.794; Perú con 8.848 y 7.512; Brasil con 7.144 y 5.690; Ecuador con 6.505 y 5.215; Colombia con 6.475 y 5.338; Argentina con 4.567 y 3.531; Jamaica con 3.365 y 2.451; Venezuela con 3.030 y 2.414; República Dominicana con 3.010 y 2.052; Uruguay con 2.221 y 1.637; Trinidad y Tobago con 2.096 y 1.633; Costa Rica con 1.991 y 1.631; Bolivia con 2.27 y 1.633 ; Chile con 1.693 y 1.402; y Nicaragua con 1.499 y 1.146; y Guyana con 1.237 y 1.028 respectivamente.
Mientras que cuatro países de Asia aportaron Dreamers para el beneficio de DACA: de Corea del Sur 7.069 recibieron el permiso inicialmente, 7.735 renovaron ; Filipinas con 4.538 y 4.033; India con 3.121 y 2.891; Pakistán con 1.660 y 1.378; y uno de Europa: Polonia con 1.721 y 1.364 respectivamente.
