AUSTIN.- La crisis causada por las políticas de "tolerancia cero" contra la inmigración irregular del Gobierno de Estados Unidos en la frontera con México no ha finalizado y se difunde "una realidad distorsionada", advirtió hoy una ONG.

El director ejecutivo de Border Network Human Rights (BNHR), Fernando García, explicó que el panorama planteado es "distorsionado y falso", puesto que todavía un centenar de niños permanecen alejados de sus familias y, además, denunció que la "tolerancia cero" no ha sido suspendida.

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El juez federal Dana Sabraw firmó ayer un acuerdo preliminar bajo el cual el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está obligado a reconsiderar cientos de peticiones de asilo de familias separadas en el mes de junio.

El magistrado, que calificó este acuerdo de "excelente", añadió que están "muy cerca" de terminar con esta situación.

De acuerdo con el último informe federal, se ha reunificado a 2.296 de los 2.654 niños separados. Del grupo restante, 136 menores continúan bajo custodia de las autoridades -96 de ellos de padres que ya han sido deportados- y otros 219 no serán elegibles para reunificación.

"Esta es una distorsión cínica porque a la Administración parece que no le interesan ni los niños ni las familias, mientras que ellos dicen que está solucionado vemos cómo llegan más niños a las cárceles", declaró García.

La pasada semana, al menos 1.600 menores fueron trasladados desde otras prisiones del país hasta el centro de Tornillo, en las afueras de El Paso (Texas), con capacidad 3.800 personas.

El director de BNHR desconfió de las intenciones de las autoridades, ya que, según su experiencia, en la región cuando los inmigrantes son trasladados a la frontera es para preparar su expulsión.

"Estamos en la antesala de una deportación masiva de menores", advirtió García.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organismo que interpuso una de las tres demandas contra el Gobierno, precisó que cuando la Oficina de Inmigración y Aduana (ICE) se encarga de las repatriaciones a Centroamérica no lo notifica a los padres con anterioridad.

Por ello, solicitó a través de un comunicado que el Departamento de Salud y Servicios Humanos se responsabilice de dicho proceso.

FUENTE: EFE

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