Autodeportación de inmigrantes irregulares, una estrategia de "doble filo" para la administración Trump

A principios de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el lanzamiento de la aplicación CBP Home para que los inmigrantes irregulares retornen a sus países de origen de manera voluntaria, en una nueva iniciativa con la que el gobierno republicano espera cumplir con sus promesas de expulsiones masivas de personas sin estatus legal para residir en el paìs.

En dos meses, las autoridades republicanas han redoblado su apuesta por este programa, que, de acuerdo con expertos migratorios, se alinea con la figura de "salida voluntaria" prevista en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA, por sus siglas en inglés), puesto que insta a las personas indocumentadas a salir voluntariamente del país, evitando un proceso formal de deportación, que podría incluir arresto, detención y audiencias judiciales.

"La autodeportación representa un intento de la administración Trump por cumplir su promesa de deportar a millones de indocumentados sin recurrir a redadas masivas, ofreciendo una imagen de control migratorio más 'humanitaria' y menos conflictiva", explica la abogada María Herrera Mellado, especialista en inmigración, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Trump impulsa una dura política de inmigración con la que hace frente a la crisis migratoria sin precedentes creada por su antecesor, el demócrata Joe Biden, que durante cuatro años permitió el ingreso de más de 10 millones de inmigrantes ilegales, incluidos presuntos miembros de las pandillas Tren de Aragua y Mara Salvatrucha (MS-13), según denuncias de las autoridades republicanas.

¿Cuáles son las implicaciones de la autodeportación?

Esta semana el DHS, en un intento de reimpulsar la iniciativa como la opción "más segura y económica" de salir de EEUU, anunció costeará el costo de los vuelos comerciales y brindará una remuneración económica a aquellos inmigrantes que opten por abandonar voluntariamente el país.

Esta medida, de acuerdo con el DHS, reduciría considerablemente los costos asociados con la deportación forzada, que ascendería a 17,121 dólares por persona. Según estimaciones del ente federal, el monto del programa de salida voluntaria sería de 4,500 dólares, incluido el vuelo y un estipendio de 1,000 dólares que se pagaría a la persona cuando se verifique que se autodeportó del país.

Esto representaría un ahorro del 70% de los gastos destinados a la deportación de un inmigrante irregular, estimados en hasta un millón de dólares por familia migrante, cuando se consideran beneficios sociales a largo plazo, indica Herrera Mellado. "Podría generar un ahorro considerable de recursos, permitiendo redirigir fondos a otras áreas, como la seguridad fronteriza o la deportación de personas con antecedentes penales", agrega.

La expulsión de criminales extranjeros, que según el gobierno republicano "invadieron" EEUU, es una prioridad del presidente Trump, quien reactivó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978 para deportar, sin necesidad de juicios, a presuntos miembros del Tren de Aragua y la MS-13, a las que declaró organizaciones terroristas a su llegada a la Casa Blanca.

La abogada experta en inmigración señala que este programa, además, podría aliviar la carga de los tribunales de inmigración, que actualmente registran más de 3,6 millones de casos atascados. "Pero también puede interpretarse como una forma de presionar indirectamente a los migrantes a renunciar a sus derechos, como solicitar asilo o alivio humanitario", advierte

Afirma que, al ser una "alternativa menos agresiva que la deportación forzada", también podría reducir las "tensiones sociales y políticas" en comunidades con alta presencia de indocumentados, como las denominadas "ciudades santuarios", minimizando posibles enfrentamientos con autoridades migratorias. "La medida responde a promesas de campaña de Trump de incrementar las deportaciones, lo que podría fortalecer el respaldo de su base electoral", apunta.

¿La mejor opción para los inmigrantes?

Herrera Mellado considera que la autodeportación puede representar una "oportunidad con riesgos" para los inmigrantes indocumentados, siendo una "alternativa viable" ante la amenaza de detención o deportación forzada. "La medida ofrece una salida menos coercitiva y evita detenciones prolongadas o sanciones como la prohibición de reingreso por varios años. El DHS sugiere que participar en el programa podría preservar la opción de regresar legalmente en el futuro, aunque no se especifican los mecanismos legales para ello, lo que siembra dudas entre los potenciales participantes", menciona.

El estipendio y el vuelo gratuito, igualmente, pudieran servir de incentivo, especialmente para quienes enfrentan dificultades económicas, indica la abogada, al alertar que participar en el programa de autodeportación "implica renunciar a cualquier proceso migratorio pendiente, como el asilo".

Esto, resalta, podría poner a los inmigrantes en una situación de vulnerabilidad emocional y legal. "La decisión de salir voluntariamente puede generar ansiedad, especialmente en personas con vínculos familiares o comunitarios en EEUU. La presión para elegir entre autodeportarse o enfrentar consecuencias más severas pone a muchos migrantes en una situación de gran vulnerabilidad", sostiene.

Aquellos inmigrantes que usen la aplicación para abandonar EEUU de manera voluntaria "no tendrán prioridad para la detención y expulsión", si el DHS corrobora que en realidad están tomando medidas para salir del país, según señala la secretaria del DHS, Kristi Noem, en comunicado de prensa al que obtuvo acceso Fox News. "Si usted está aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más rentable de salir de Estados Unidos para evitar ser arrestado", dijo.

Consecuencias de no autodeportarse

La administración republicana advirtió que los inmigrantes irregulares enfrentarán consecuencias, como severas sanciones para los que tengan orden de deportación y no abandonen el país.

EEUU impondrá una multa de 998 dólares por día a los inmigrantes irregulares que han recibido una orden final de deportación si no abandonan el país, que podrían resultar en una sanción de más de un millón de dólares para aquellos que no se autodeporten en cinco años. Además, anunció multas de 1,000 a 5,000 dólares a aquellos que no se autodeporten después de afirmar que lo harían.

Herrera Mellado indica que las sanciones, multas elevadas y penalizaciones por no cumplir con la autodeportación plantean preocupaciones desde "varias perspectivas legales y humanitarias", en vista de que podrían considerarse "coercitivas y potencialmente violatorias, si no se garantiza un proceso justo, acceso a representación legal o consideración de circunstancias individuales (como riesgos en el país de origen)".

Recuerda que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) protege a quienes huyen de persecución. "Medidas punitivas podrían vulnerar el principio de no devolución (non-refoulement) si obligan a inmigrantes a regresar a situaciones de peligro", apunta.

"Las multas de $1,000 a $5,000 por no autodeportarse después de comprometerse a hacerlo podrían también interpretarse como una presión indebida. Si los inmigrantes aceptan la autodeportación bajo promesas de beneficios (como el estipendio de $1,000 o futura entrada a EEUU) pero luego enfrentan sanciones desproporcionadas, esto podría considerarse una forma de coerción que limita su libre decisión", alerta.

Aunque desde la perspectiva del gobierno, las sanciones podrían "justificarse como un mecanismo para desincentivar la permanencia irregular y fomentar el cumplimiento de las leyes migratorias", la abogada señala que "si estas medidas se aplican de manera indiscriminada, sin considerar casos individuales (como solicitantes de asilo, víctimas de trata o personas con lazos familiares), podrían contravenir estándares internacionales y ser vistas como punitivas en lugar de administrativas", vulnerando, entre otros, el derecho a un juicio justo, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Las advertencias y sanciones mencionadas podrían vulnerar los derechos de los inmigrantes si no se aplican con proporcionalidad, debido proceso y consideración de circunstancias individuales", advierte.

Controversias

La experta migratoria sostiene que el programa de autodeportación también puede enfrentar controversias desde distintos sectores del país. En primer lugar, desde los sectores conservadores, que si bien apoyen las políticas mgratorias estrictas, pudieran consideran que "ofrecer un estipendio de $1,000 y cubrir los vuelos equivale a 'recompensar' a quienes ingresaron ilegalmente, cuestionando el uso de fondos públicos para ese fin".

También pudiera generar una "polarización social", por la reducción del número de inmigrantes, en comunidades donde los migrantes son fundamentales para sectores económicos como la agricultura, la construcción o los servicios.

De parte de los defensores de los migrantes, Herrera Mellado menciona que podrían argumentar que el programa "ejerce presión sobre los migrantes para que se autodeporten, sin garantizar el debido proceso", especialmente para quienes tienen solicitudes de asilo pendientes. "La falta de claridad sobre la verificación del pago del estipendio y la posibilidad de reingreso legal genera desconfianza", agrega.

Otro punto controversial también estaría relacionado con la "desigualdad en la aplicación", puesto que existen dudas sobre si el programa se aplicará de manera equitativa a migrantes de todos los países o si se limitará a ciertas nacionalidades. "Algunas publicaciones en redes sociales ya han sugerido que podría estar dirigido solo a personas de países del sur, lo que podría dar lugar a acusaciones de discriminación", resalta.

En este sentido, estma que, aunque legal, el programa de autodeportación podría enfrentar impugnaciones si se percibe que coacciona a los migrantes a renunciar a sus derechos procesales o si no garantiza transparencia en el pago del estipendio y el seguimiento de la salida. "La iniciativa puede ser vista como una medida pragmática para reducir costos y avanzar en objetivos migratorios, pero también como una propuesta polémica que podría alimentar la polarización. Su éxito o fracaso dependerá en gran medida de la percepción pública y de su aplicación transparente y equitativa", enfatiza.

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