La decisión de los magistrados puede ser crucial para el proceso migratorio y tener efecto directo en más de 3,6 millones de casos pendientes
Corte Suprema de EEUU evalúa defensa de inmigrantes ante decisiones de la administración.
AFPMIAMI.- La Corte Suprema de EEUU debate este miércoles la posibilidad real de los inmigrantes para ejercer la defensa de sus casos en los tribunales y hasta dónde puede llegar el poder discrecional del Departamento de Seguridad Nacional para decidir sobre la permanencia de ciudadanos extranjeros en el país.
Lo que decidan los magistrados puede ser crucial para el proceso migratorio y tener efecto directo en más de 3,6 millones de casos pendientes, entre asilos y deportaciones, según informó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de la firma Quiroga Law Office, PLLC, al referirse a un caso migratorio que no detalló.
Según informaciones, este miércoles está previsto que la Corte escuche la demanda contra la decisión administrativa que eliminó el TPS que protege a más de 300,000 haitianos y 6,100 sirios, en un amparo que el Departamento de Seguridad Nacional consideró contrario "al interés nacional".
“Lo que está en discusión es el alcance real del debido proceso en materia migratoria y si las decisiones administrativas pueden mantenerse firmes sin una revisión judicial efectiva”, explicó el experto en una nota de prensa.
Añadió que el debate podría redefinir el acceso de los inmigrantes a un juez para defender sus casos, es decir, hasta dónde llega el control de los tribunales, como pilar del sistema migratorio, frente a las decisiones del gobierno de Trump en estos procedimientos.
La discusión llega en un contexto de “alta presión institucional y social”, en el que millones de personas se enfrentan a la incertidumbre sobre su permanencia en el país, según el especialista en materia migratoria.
La revisión del caso puede determinar el alcance de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que otorga amplias facultades al Departamento de Seguridad Nacional.
“Algunas de sus disposiciones limitan la revisión judicial, especialmente en procedimientos como la remoción expedita, lo que ha generado cuestionamientos sobre la falta de supervisión independiente en decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles”, señaló.
Quiroga destacó que la existencia de más de 3.6 millones de casos pendientes en las cortes de inmigración, según cifras de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria, refleja “un sistema saturado donde el acceso a un juez puede tardar años”, y esto agrava el debate.
“Para muchos inmigrantes, el temor no se limita a perder un caso, sino a no tener la oportunidad de defenderlo”, dijo y mencionó procesos como la deportación acelerada que permiten expulsiones sin audiencia judicial y sin posibilidad de presentar pruebas o explicar la circunstancia individual.
“Esto incrementa la percepción de vulnerabilidad”, acotó.
Quiroga enfatizó en que el fallo de la Corte entre el debido proceso y la discrecionalidad administrativa plantea dos escenarios.
Si los magistrados favorecen con su dictamen una mayor revisión judicial “se reforzaría el principio de debido proceso y el acceso a jueces independientes en más casos”.
Si, por el contrario, respalda la posición discrecional de la administración “aumentaría el número de decisiones que quedan fuera del alcance de los tribunales”.
“En el sistema actual ya existen restricciones a la revisión judicial, pero también mecanismos que permiten impugnar decisiones en determinados escenarios. El punto es si esos espacios se amplían o se reducen a partir de esta interpretación”, advirtió
FUENTE: Con información del abogado inmigración Héctor Quiroga, de la firma Quiroga Law Office, PLLC,
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