Tribunal desestima desacato contra administración de Trump por deportaciones a El Salvador

El caso gira en torno a la presunta violación de una orden judicial de emergencia que prohibía al gobierno republicano utilizar una ley de 1798 para deportar de forma sumaria a cientos de inmigrantes venezolanos hacia El Salvador. Este es el capítulo más reciente de un prolongado enfrentamiento legal que se ha desarrollado en varios tribunales federales durante meses.

Los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao -ambos designados por Trump- se alinearon con la administración, bloqueando el avance de la moción de Boasberg. La jueza Nina Pillard, nombrada por Barack Obama, emitió un voto disidente, según reseñó Fox News.

La decisión, que probablemente será apelada ante el pleno del propio tribunal o directamente ante la Corte Suprema, llega en un contexto en el que la mayoría demócrata del circuito es percibida como más favorable a los demandantes.

"El tribunal de distrito se encuentra en una situación extremadamente difícil", afirmó Katsas en nombre de la mayoría, señalando que Boasberg tuvo que resolver cuestiones complejas en cuestión de horas.

"No fue criminal"

Según Katsas, la orden escrita inicial presentaba cierta ambigüedad, lo que impide calificar de criminal la actuación del gobierno.

El fallo del tribunal de apelaciones no aborda la legalidad de las deportaciones realizadas en marzo, cuando funcionarios invocaron la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para enviar a más de 250 ciudadanos venezolanos a la prisión de máxima seguridad CECOT, en El Salvador. Katsas subrayó que la evaluación política de esa medida -ya sea elogio o crítica- podría ser materia de un escrutinio judicial posterior.

"Tampoco podemos decidir si la implementación agresiva de la proclamación presidencial por parte del gobierno merece elogios o críticas como política (...) Quizás debería merecer un escrutinio judicial más minucioso en el futuro. Quizás ya lo haya hecho (...) De todas formas, la implementación inicial de la proclamación por parte del gobierno claramente e indiscutiblemente no fue criminal", aseveró.

"Desprecio deliberado"

En marzo, Boasberg había emitido una orden de restricción temporal para impedir la aplicación de la ley de 1798 y ordenó la "inmediata devolución" de los migrantes a suelo estadounidense. Sin embargo, cientos de ellos fueron enviados a CECOT, donde permanecieron hasta el mes pasado, cuando fueron trasladados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre el régimen de Nicolás Maduro y los gobierno de El Salvador y Estados Unidos.

En abril, Boasberg determinó que existía "causa probable" para iniciar un proceso por desacato, acusando a la administración Trump de mostrar un "desprecio deliberado" hacia su orden judicial. El tribunal de apelaciones, no obstante, concedió a la Casa Blanca una suspensión de emergencia, paralizando la medida.

Próximos pasos

Se prevé que la disputa continúe en instancias superiores, ya que la parte demandante podría solicitar que el caso sea revisado por el pleno del circuito o por la Corte Suprema. Mientras tanto, Boasberg mantiene la orden de recibir actualizaciones periódicas sobre la localización y custodia de los 252 migrantes afectados, que se encuentran en territorio venezolano.

La administración Trump ha tenido múltiples choques con jueces federales que han bloqueado la entrada en vigor de órdenes ejecutivas, agregó Fox News.

Boasberg, en particular, se ha convertido en uno de los magistrados más críticos con las políticas migratorias del expresidente. El mes pasado, un intento de apartarlo del caso y reasignarlo a otro juez fue calificado por expertos legales como una maniobra arriesgada y poco probable de prosperar.

FUENTE: Con información de Fox News