Una moción detalla cómo nueva evidencia exculpatoria, y no un alegado favor político, propició la reducción de cargos contra la exgobernadora Wanda Vásquez y otros implicados
La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
Ricardo Arduengo / AFPMIAMI. – La defensa de la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez presentó una moción ante un tribunal federal que busca desvirtuar la percepción de que su acuerdo de culpabilidad por acusaciones de corrupción es producto de un favor político.
Los asesores jurídicos de Vásquez argumentaron que, por el contrario, el acuerdo fue el resultado del “colapso” del caso de la fiscalía federal tras una extensa investigación de 22 meses de la defensa que desveló contundente evidencia exculpatoria.
El documento, radicado a solo semanas de que la exmandataria acepte su culpa por un delito electoral menor, busca aclarar que la resolución del caso se debe al “correcto funcionamiento del sistema adversarial” y “no a directrices emitidas desde Washington”.
La moción pone en contexto que una investigación privada, dirigida por el exfiscal Luis Plaza Mariota y el fallecido exalguacil federal Roberto Vizcarrondo, produjo evidencia que no estaba disponible en las etapas iniciales del proceso.
Entre los hallazgos más contundentes, la defensa sostuvo que la decisión de despedir al entonces comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, se tomó en noviembre de 2019, meses antes de cualquier contacto con el banquero ítalo-venezolano Julio Herrera Velutini.
Este hecho, según la defensa, hace legalmente imposible la teoría de un soborno o “quid pro quo”.
La nueva acusación establece que Vázquez "a sabiendas e intencionadamente" aceptó un donativo político de un extranjero (Herrera Velutini) por una suma entre $2.000 y $25.000, en contraste con los $300.000 en sobornos alegados originalmente.
El esquema alegado se centraba en la OCIF, que investigaba movimientos supuestamente sospechosos en cuentas de Herrera Velutini y su banco Bancrédito.
Según la acusación original, Vázquez despidió al comisionado Joyner en 2020 y lo reemplazó con Víctor Rodríguez Bonilla, quien había sido consultor de Bancrédito.
El escrito detalla además que el gobierno federal revisó 65 millones de documentos sin encontrar “ni una sola comunicación incriminatoria” por parte de la gobernadora.
La defensa también entrevistó a testigos clave, como el multimillonario John Paulson, quien estuvo presente en la boda donde presuntamente se fraguó el esquema y confirmó a los investigadores que en el evento no se discutió nada sobre la OCIF o donativos políticos.
El escrito de la defensa describe con gran detalle lo que presenta como el punto de inflexión del caso: una reunión de alto nivel celebrada el 30 de mayo en las oficinas centrales del Departamento de Justicia en Washington.
Durante la presentación ante altos mandos, los abogados de Vázquez expusieron la evidencia que, según ellos, demolía la teoría de la fiscalía, incluyendo la línea de tiempo que hacía imposible el soborno y la revelación de que el sucesor de Joyner en la OCIF actuaba como un activo del FBI.
La moción afirma que, al ser confrontados por sus superiores sobre estas contradicciones, los fiscales de Puerto Rico admitieron haberse arriesgado con la acusación (“We took our chances”). Este fue el preámbulo del momento decisivo.
Según el documento, el fiscal general adjunto asociado, Aakash Singh, tras escuchar los argumentos, sentenció: “La acusación ha colapsado y ya no es viable”.
La defensa afirmó que fue esta declaración profesional, y no una directriz política, la que forzó el inicio inmediato de las negociaciones que resultaron en el acuerdo actual.
La presentación de la defensa ocurre en un contexto de escepticismo público y judicial, catalizado por las declaraciones de la jueza federal Silvia Carreño Coll, quien calificó la reducción de cargos como una “palmadita en la mano”.
La moción aborda indirectamente esta crítica al sostener que el resultado no representa un acto de lenidad, sino la consecuencia lógica cuando “fiscales profesionales” se enfrentan a “evidencia exculpatoria convincente”.
La defensa concluyó que el acuerdo es un ejemplo de la correcta administración de la justicia.
El próximo 27 de agosto, Vázquez se declarará culpable de aceptar una donación electoral ilegal, un delito menor que contrasta con los graves cargos de corrupción que originalmente enfrentó y que, según sus abogados, no pudieron ser probados.
En el marco de la audiencia, Herrera Velutini también asumirá su responsabilidad por el mismo cargo electoral tras enfrentar una acusación por donativos políticos ilegales de "más de $2.000".
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