El dictador sandinista Daniel Ortega habla durante un discurso en Managua. Nicaragua.
Prensa oficialistaWASHINGTON - La lista de presos políticos en Nicaragua va en ascenso, ya son 183 los reos de conciencia que están en las mazmorras del régimen de Daniel Ortega, sometidos a torturas, malos tratos, castigos inhumanos, sin acceso a una asistencia médica adecuada y abandonados a su suerte en las celdas.
El régimen se muestra insensible al dolor y angustia de los familiares ante el sufrimiento de los presos políticos. Kevin Zamora, un estudiante que fue encarcelado en 2020, cuando tenía 19 años, sufrió una parálisis facial el 27 de abril, no ha recibido atención médica y su familia se enteró de su situación el 11 de mayo, el día de la visita.
Zamora fue condenado por el régimen a seis años de prisión en el contexto de las protestas de abril de 2018. Su familia solicita que sea trasladado a un hospital, pero las suplicas no habían encontrado eco al cierre de esta edición.
Margine Blandón, reside en Estados Unidos, es la madre de Jaime Navarrete, un joven que ha sido encarcelado dos veces, sus años en las mazmorras de la dictadura ya suman cuatro. Ella viajó en marzo para visitar a su hijo, pero no le fue permitido verlo. Jaime ha sufrido dos fracturas de nariz debido a las golpizas que ha sufrido en la cárcel, relata su madre.
“Él respira por la boca debido a las fracturas, no recibió asistencia médica, y está detenido en una celda de máxima seguridad”, dijo Blandón.
La primera vez que Jaime fue detenido fue en 2018, recibió una condena de 22 años de prisión acusado por el régimen de “matar” a un paramilitar, pero fue liberado con la “amnistía” que aprobó Ortega en junio de 2019 para beneficiar a la policía y sus paramilitares, tras el asesinato de 355 personas que participaban en las protestas de abril de 2018, de acuerdo con distintos informes de organismos de derechos humanos.
Pero la libertad a Jaime le duro muy poco. 44 días después Navarrete fue nuevamente arrestado en su hogar en Managua por la policía. Un juez lo condenó a tres años y medio de cárcel, es acusado de “tenencia ilegal de drogas y arma de fuego”.
Violeta Granera, tiene 70 años, es una activista política de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). El 8 de junio cumplirá un año de estar en las mazmorras del régimen, fue condenada a 8 años de prisión acusada por el régimen de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Su familia publicó en las redes sociales que, durante la última visita del pasado 28 de abril, Violeta les dijo que se siente débil físicamente y que hay mañanas en las que le resulta muy difícil levantarse. Ella es hipertensa y tiene problemas cardíacos, en su cuerpo han aparecido manchas blancas y rojas como lunares, le diagnosticaron vitíligo.
Los presos políticos son sometido a constantes estrés, a extenuantes interrogatorios, sometidos a castigos en estrechas celdas con poca ventilación.
La familia de Granera está solicitando el cambio de régimen carcelario por arresto domiciliar debido a que es una persona de la tercera edad y presenta deterioro en su salud, pero el régimen sigue ignorando las suplicas.
El organismo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas políticas, en su último informe revela que 24 de los presos políticos son personas que tienen más de 60 años de edad, 5 son mujeres.
Yubrank Suazo, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, es el último detenido por el régimen de Ortega y con él suman 183 los presos de conciencia de la dictadura,
Suazo fue sacado con violencia de su casa la madrugada del miércoles por efectivos de la policía. Días antes había denunciado el asedio policial a la parroquia San Juan Bautista en Masaya, que dirige el padre Harving Padilla, a quien el régimen le impide movilizarse en su auto.
Ortega ha intensificado el asedio contra líderes de la Iglesia Católica.
Un reciente informe sobre supuestas “consultas” realizadas por la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, dominada por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha dejado en evidencia las intenciones de Ortega de “legalizar” la persecución contra la Iglesia. En el documento el sandinismo propone judicializar a líderes religiosos.
Ortega persigue reformar el Código Procesal Penal para imponer penas más fuertes contra sus críticos, entre ellos la Iglesia.
Ortega los quiere utilizar como ficha de canje en una eventual negociación con Estados Unidos, una propuesta que hizo durante un primer acercamiento con la administración del presidente Joe Biden, según una publicación del New York Timen.
El interés de Ortega era negociar los reos de conciencia a cambio de eliminar las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La negociación no prosperó, pero analistas políticos coinciden que podría haber un próximo intento de Ortega. Mientras tanto, los reos continúan sufriendo los abusos de la dictadura.
@FloresJudith7
[email protected]
Descarga LA APP