El parlamento reanuda hoy en la tarde la discusión de la ley con miras a su sanción por el ejecutivo, mientras se exige la liberación de presos políticos
Asamblea Nacional de Venezuela .
Cortesía @asamblea_venCARACAS.- La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez —hermano de la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez—, retoma este jueves la segunda discusión del proyecto de “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en una sesión que se presume álgida dada las discrepancias sobre la redacción del articulado y los reclamos que genera.
El debate está previsto para las 4:00 pm (16.00 horas) y su aprobación significaría la aceleración de las excarcelaciones de los presos políticos, una medida que el régimen anunció el 7 de enero, pero que a la fecha no ha beneficiado a más de 600 personas que permanecen encarcelados por razones políticas.
Este jueves, familiares de presos políticos siguen concentrados frente a centros de detención y calabozos policiales en Caracas, en huelga de hambre desde el pasado sábado como protesta a la lentitud de las excarcelaciones por parte de autoridades del régimen.
El director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, lamentó el miércoles en la noche que solo 448 presos políticos de más de 800 habían sido excarcelados en casi mes y medio, según sus cómputos.
Se espera que durante el debate en el parlamento, los diputados chavistas y de la oposición que convive con ellos lleguen a acuerdo en varios de los 13 artículos sensibles.
Entre ellos se encuentra el artículo 6 que concede amnistía general a todas las personas que hayan sido procesadas o condenadas, “por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos”, desde el 1 de enero de 1999, pero excluye 10 años y en estos a personas críticas del régimen que ya cumplieron la pena o que deberían estar en libertad.
También se menciona el artículo 7 que excluye de la aplicación de la amnistía a personas por delitos que se exponen en forma genérica sin definir criterios, así como la disposición que impone a los amnistiados a solicitar el “olvido” de sus causas personalmente ante los jueces.
Otro de los puntos álgidos en discusión es la derogatoria de la llamada Ley del Odio y de la Ley Simón Bolívar, ambas con penas severas contra críticos del régimen, que son contrarias a la amnistía solicitada por Rodríguez, según juristas.
En este escenario, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) solicitó a la fiscalía la designación "inmediata" de un miembro del organismo especializado en Derechos Humanos para "escuchar directamente a las víctimas, constatar el deterioro físico y psicológico que enfrentan y proceder a solicitar la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos en Boleíta, Zona 7", según se informó.
En comunicado difundido en X, la ONG denunció que "un funcionario identificado como fiscal 13 con competencia nacional (...) no ofreció respuestas" a los familiares sobre el estado de los detenidos que permanecen en este penal.
Y afirmaron que "la Fiscalía General sí tiene la capacidad y la obligación constitucional de actuar para proteger la vida y la integridad de las familias y de las personas detenidas, cuyo estado de salud continúa deteriorándose mientras esperan respuestas sobre la libertad de sus seres queridos".
FUENTE: Con información de Europa Press, red X
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