SACRAMENTO — El gobierno de Florida parece haber hecho los arreglos para trasladar vía aérea de Texas a California a un grupo de inmigrantes sudamericanos a Sacramento, indicó el fiscal general de California, que señaló que investiga si se cometió un "delito" con la medida.
Los 16 migrantes colombianos y venezolanos que llegaron a la sede de la diócesis de la Iglesia Católica en Sacramento el viernes representarán el grupo más reciente de inmigrantes en ser trasladados de un estado gobernado por republicanos a uno dirigido por demócratas, como medida para llamar la atención sobre la crisis migratoria que afecta la frontera sur y algunas ciudades como Nueva York.
El fiscal general Rob Bonta dijo que aunque las circunstancias en torno a la llegada de los inmigrantes a la capital de California aún están siendo investigadas, éstos contaban con documentación que parecía haber sido emitida por Florida.
Bonta agregó que está evaluando si la medida violó leyes civiles o penales.
“Mientras seguimos recopilando evidencia, quiero dejar esto en claro: El secuestro sancionado por el estado no es una opción de política pública, es inmoral y repugnante”, afirmó Bonta en un comunicado, aunque la nota no explica por qué, según su juicio, habla de secuestro
Los inmigrantes ingresaron a Estados Unidos por Texas. Eddie Carmona, director de campaña de PICO California, un grupo basado en la fe que ayuda a los migrantes, dijo que las autoridades de inmigración de Estados Unidos ya habían procesado a las mujeres y los hombres jóvenes y les habían dado fechas para que la corte revisara sus casos de asilo cuando “individuos que representan a un contratista privado” los abordaron afuera de un centro para atención a migrantes en El Paso, Texas, y les ofrecieron ayudarlos a conseguir trabajo y llevarlos a sus destinos finales.
“Les mintieron y los engañaron intencionalmente”, según Carmona, que agregó que los inmigrantes no tenían idea de dónde estaban tras ser abandonados en Sacramento. Carmona dijo que tienen citas judiciales en ciudades de todo el país, no sólo en Texas, y que ninguno de ellos tenía la intención de terminar en California.
Los migrantes fueron transportados de Texas a Nuevo México y luego en un avión chárter a la capital de California, donde fueron dejados frente a la sede de la diócesis, de acuerdo con funcionarios de California.
Nueva York asiste a 93 mil migrantes
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Desde abril, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado que los autobuses transporten miles inmigrantes de Texas a Washington, DC y la ciudad de Nueva York para resaltar las críticas a la política fronteriza del presidente estadounidense Joe Biden.
Stefani Reynolds / AFP
La crisis de la migración ha llevado al alcalde de Nueva York a pedirle a un juez que le permita a la ciudad suspender su obligación con el “derecho al albergue”, asegurando que las autoridades ya no son capaces de dar techo a todas las personas sin vivienda debido a la llegada de decenas de miles de migrantes internacionales.
El derecho al albergue se ha implementado durante más de cuatro décadas en Nueva York, después de que en 1981 un tribunal obligó a la ciudad a proveer vivienda temporal a toda persona sin casa que la solicitara. Otras metrópolis estadounidenses no cuentan con esta medida.
Pero con la llegada de 70.000 solicitantes de asilo desde principios del año pasado, muchos de los cuales ingresaron al país por la frontera sur, la ciudad ha tenido problemas para encontrar lugar para todos los que requieren de un techo y una cama temporal.
“Es lo más conveniente para todos, incluidos aquellos que buscan venir a Estados Unidos, ser sinceros con el hecho de que la ciudad de Nueva York no puede por sí misma brindar atención a todos los que cruzan nuestra frontera”, manifestó el alcalde Eric Adams en un comunicado.
“Ser deshonesto al respecto sólo resultará en un colapso de nuestro sistema, y necesitamos que nuestros aliados de gobierno sepan la verdad y hagan lo que les corresponde”, dijo Adams.
El edil indicó que no pretende ponerle un fin permanente al derecho al albergue, sino que quería “claridad de la corte”.
Algunos defensores del derecho a la vivienda criticaron la medida, señalando que podría resultar en más personas viviendo a la intemperie.
Joe Loonam, coordinador de la campaña de vivienda para el grupo activista VOCAL-NY, señaló que Adams quiere "poner fin al derecho al albergue que ha evitado que la ciudad de Nueva York siga los pasos de lugares como Los Ángeles y San Francisco, en donde miles de personas viven en condiciones horrendas en las calles".
El sistema de albergues de Nueva York se encuentra ocupado actualmente a niveles sin precedentes. La ciudad asegura que en este momento brinda albergue a 93.000 personas. En los últimos meses ha alquilado, con grandes costes, hoteles enteros para dar techo a los migrantes recién llegados. También ha colocado catres en escuelas, ha albergado temporalmente a personas en tiendas de campañas, una terminal de cruceros y un edificio en el que solía haber una academia de policía.
En una carta dirigida al juez administrador adjunto de las cortes de la ciudad de Nueva York, los abogados de la ciudad solicitaron un cambio en la orden que les permitiera a los funcionarios suspender el derecho al albergue cuando el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar carezca de los recursos para albergar a todos de una manera segura.
FUENTE: Con información de AP