MIAMI.— El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes en Miami una orden de arresto estatal sin derecho a fianza contra el exgobernante cubano Raúl Castro, de 95 años, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por su alegada responsabilidad en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
El anuncio tuvo lugar durante una rueda de prensa en la sala C.A.M.P. 4 Justice de la Universidad Internacional de Florida (FIU), cuyo nombre honra a los cuatro integrantes de la organización humanitaria que murieron el 24 de febrero de aquel año.
La orden fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras encontrar causa probable en una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).
Uthmeier estuvo acompañado por el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones; la alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz; la presidenta de FIU, Jeanette Núñez, líderes políticos de la región y familiares de las víctimas.
“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos”, sostuvo Uthmeier tras defender la decisión de emprender acciones judiciales tres décadas después de los hechos.
Espionaje y planificación del ataque
El expediente fundamenta la jurisdicción penal de Florida en las operaciones encubiertas de agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate, quienes desarrollaron actividades en Miami y Cayo Hueso.
Según la declaración jurada, los espías recopilaron información sobre las rutas de vuelo, vigilaron instalaciones militares estadounidenses y transmitieron datos a las autoridades de La Habana.
Los investigadores sostienen que los infiltrados recibieron instrucciones de no volar con la organización entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Uno de ellos regresó a Cuba el día 23, apenas 24 horas antes del derribo.
La orden judicial también incorpora una grabación atribuida a Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en la que habría reconocido haber autorizado el ataque: “Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades”.
El 24 de febrero de 1996, cazas militares cubanos derribaron con misiles dos avionetas civiles Cessna 337 desarmadas sobre aguas internacionales del estrecho de Florida.
En el hecho murieron los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Mario de la Peña, así como el residente permanente legal Pablo Morales, quienes participaban en misiones destinadas a localizar y auxiliar a balseros cubanos.
Alcance de la orden judicial
Durante la conferencia, Uthmeier advirtió que la medida podría tener consecuencias internacionales para Castro, aunque reconoció las dificultades para llevarlo ante un tribunal estadounidense.
La orden permite solicitar su traslado a Florida si es detenido en otra jurisdicción del país. Una eventual extradición desde el extranjero dependería de los procedimientos legales y acuerdos internacionales correspondientes.
El fiscal explicó que el proceso estatal es independiente de la acusación federal presentada el 20 de mayo de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Castro y otros cinco implicados en el derribo.
La acusación anterior incluye cuatro cargos de asesinato, dos por destrucción de aeronaves y uno por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
Uthmeier destacó que los cargos estatales no podrían ser anulados mediante un indulto presidencial, una facultad que se limita a delitos federales.
La Fiscalía de Florida confirmó que la investigación permanece abierta y que podrían presentarse nuevas acusaciones.
Para los familiares de las cuatro víctimas, que han reclamado justicia durante treinta años, la nueva actuación judicial representa otro paso en la búsqueda de responsabilidades por uno de los episodios más dolorosos en la historia del exilio cubano en Miami.