El expresidente Donald Trump en una conferencia.
SERGIO FLORES/AFP El expresidente Donald Trump saluda a seguidores.
APMILWAKEE- El amplio respaldo de los votantes republicanos en las encuestas le permitió al expresidente Donald Trump no asistir al primer debate por la primarias republicanas, que se celebró el miércoles 24 de agosto en Wisconsion de 9:00 pm a 11:00 pm (hora del Este).
Paralelo al debate, la plataforma X (antes Twitter) emitió una entrevista del expresentador estrella de Fox News, Tucker Carlson, vista en tiempo presente por 74 millones de personas y cuya cifra ya supera los 100 millones de visitas, convirtiéndose en la entrevista más vista en la historia.
El exmandatario prefirió saltarse este debate en Wisconsin debido a su gran ventaja en los sondeos sobre la intención de voto de los republicanos.
Y es que pese a las cuatro acusaciones penales en menos de seis meses, el precandidato aplasta a prácticamente todos sus rivales en la carrera por la nominación.
Sobre el cuarto caso en su contra, Trump manifestó:
"¿Puedes creerlo? Iré a Atlanta, Georgia, para ser ARRESTADO por una fiscal de distrito de izquierda radical, Fani Willis, quien está supervisando uno de los mayores DESASTRES de asesinatos y crímenes violentos en la historia de Estados Unidos”, escribió en Truth Social.
“En mi caso, el viaje a Atlanta no es por ‘Asesinato’, ¡sino para hacer una LLAMADA PERFECTA! Ella hizo campaña y continúa haciendo campaña y recaudando dinero en esta CAZA DE BRUJAS. Esto está en estricta coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ) de Joe Biden. ¡Todo se trata de una INTERFERENCIA ELECTORAL!”
El jueves, en otro controversial acto del fustigado Departamento de Justicia de Joe Biden, Trump acudió a una prisión de Georgia para enfrentar un nuevo proceso de acusaciones de una fiscal progresista (socialista), Fani Willis, quien considera que Trump intentó supuestamente alterar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado sureño.
Sin embargo, la fiscal no ha investigado las irregularidades electorales denunciadas en ese estado, lo que demuestra una vez más la campaña de acoso político al expresidente por parte de la administración Biden y la interferencia electoral también denunciada por una extensa lista de representantes y senadores republicanos, incluso independientes.
Los abogados de Trump pagaron una fianza de 200.000 dólares que le permitió evitar la prisión preventiva.
Trump asistió a la cárcel del condado de Fulton, tristemente célebre por la muerte de reclusos y sus condiciones insalubres, y se entregó a las autoridades de Georgia; en otro caso en el que figuras de la izquierda argumentan que la aplicación de ley debe ser igualitaria.
Lo que se ha visto hasta ahora es que esa afirmación se cumplía quizás en décadas anteriores. Ahora no se cumple, en particular cuando se trata de la familia Biden, la familia Clinton y otros políticos de la izquierda que son tratados por la ley con notables deferencias y trato preferencial; incluso, sus investigaciones y presuntos casos judiciales son archivados o desestimados. Entonces, la ley -ahora en EEUU- no se aplica por igual.
En un comunicado de su equipo de campaña, Donald Trump, claro favorito en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024, expresó su indignación por tener que presentarse en una "prisión violenta" con un "historial de muertes y corrupción".
En julio, después de muchas críticas durante años, el Departamento de Justicia anunció la apertura de una investigación sobre las condiciones de detención en la cárcel de Fulton, también conocida como Rice Street.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, justificó la decisión alegando "graves acusaciones de condiciones inseguras e insalubres, uso excesivo de la fuerza y violencia carcelaria, discriminación contra reclusos con problemas de salud mental y falta de atención médica".
El fiscal federal Ryan Buchanan añadió, citando "recientes testimonios", que las celdas "mugrientas llenas de insectos, la violencia desenfrenada que genera muertos y heridos y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes son motivo de grave preocupación y justifican una investigación exhaustiva".
Según la prensa local, la prisión alberga a más de 2.500 reclusos, es decir más del doble de su capacidad cuando se inauguró en 1989. Quince personas murieron en su interior el año pasado y cuatro desde principios de julio.
Recientemente, el condado de Fulton alcanzó un acuerdo de 4 millones de dólares para indemnizar a la familia de un recluso sin hogar que padecía esquizofrenia y fue hallado muerto en una celda infestada de piojos y chinches.
Una autopsia encargada por la familia concluyó que su muerte fue causada por "complicaciones debidas a una negligencia grave". Demostró que el preso, de 35 años, estaba desnutrido y deshidratado, y sugirió que la proliferación de piojos podría haberle causado anemia.
El caso contra Trump y otros 18 acusados tiene grandes probabilidades de ser desestimado por diferentes mociones presentadas por los abogados de los encausados para que los casos pasen a jurisdicción federal y ahí podrían ser desestimadas -muy probablemente- todas las imputaciones, como revela un artículo de The Epoch Times con asesoría de expertos en leyes estatales y federales en EEUU, y que cita documentos oficiales.
Los letrados solicitaron que el caso estatal se traslade a un tribunal federal, donde probablemente se presentarán cargos o se desestimará todo el caso en general basándose en la inmunidad de los funcionarios o defensas adicionales descritas en la Constitución de Estados Unidos.
Los abogados de Mark Meadows, exjefe de gabinete del presidente Trump y uno de los acusados formalmente, anunciaron que “los tribunales federales permitieron aceptar las mociones”.
Por su parte, el ex funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, y el ex presidente del Partido Republicano de Georgia, David Shafer, también presentaron avisos de destitución de poder de los fiscales estatales de Georgia.
El principal argumento a favor de la destitución del caso y de un jurado en Georgia se centra en la cláusula de supremacía que establece: “La Constitución y las leyes de Estados Unidos que se dictan en su cumplimiento (...) serán la ley suprema del país; y los jueces de cada estado estarán obligados a regirse por ella, a pesar de cualquier disposición contraria a la constitución o leyes de cualquier estado”.
Lo anterior ratifica que la ley federal rige sobre todas las demás leyes y, por tanto, los funcionarios federales no están obligados por las leyes ni los tribunales estatales.
Existen precedentes bien establecidos de que los funcionarios federales son inmunes a demandas en los tribunales estatales, e incluso, aquellos que son empleados de funcionarios federales y actúan en su nombre tienen inmunidad similar.
Los anteriores elementos reflejan que el caso en Georgia pende de la decisión de una instancia legal federal en respuesta a las peticiones de la defensa de los acusados.
En el caso del Sr. Meadows, sus abogados argumentaron, citando 34 casos, que es un funcionario federal y enfatizaron que estaba desempeñando funciones “en nombre del Presidente”.
Los abogados de David Shafer, elector suplente en las elecciones de 2020, argumentaron varias veces que actuó “bajo la dirección del presidente y otros funcionarios federales”.
“Los abogados del Presidente y del Sr. Shafer instruyeron específicamente al Sr. Shafer, verbalmente y por escrito, que la reunión de los electores republicanos y la emisión de sus votos el 14 de diciembre de 2020 fue consistente con el consejo de los abogados y fue necesario para preservar la contienda electoral presidencial. ”, se lee en el documento, que además señala la presencia del presidente Trump en la reunión clave del 14 de diciembre de 2020, que marcó los procedimientos oficiales en la impugnación de las elecciones estatales.
El aviso detallado, de 52 páginas, describe Múltiples defensas “incluidas la inmunidad oficial, la preferencia federal, la inmunidad de la cláusula de supremacía, las defensas bajo la Cláusula del Debido Proceso y las defensas de la Primera Enmienda”.
Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, exasistente del fiscal general de EEUU y exfiscal del distrito sur de Nueva York, se entregó a las autoridades de Georgia también acusado de "haber intentado" supuestamente alterar el resultado de las elecciones de 2020, como parte de lo que acontece ante los ojos de los estadounidenses como la gran purga política sin precedentes en la historia de la democracia de la nación.
"He librado batallas mucho peores que ésta", dijo Giuliani, exfiscal federal, a los periodistas a las puertas de su domicilio en Nueva York.
"No es casual que hayan acusado a todos sus abogados", afirmó Giuliani, quien estima que "se ha politizado el sistema judicial".
Giuliani restó importancia a la foto que le tomaron las autoridades de la cárcel del condado de Fulton y recordó que fue fiscal antimafia en Nueva York.
"Me van a fotografiar. Una foto del hombre que metió en la cárcel a los peores criminales del siglo XX", recordó. "Se van a desacreditar tomándome una foto".
Giuliani fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001 y estaba al mando cuando la ciudad fue golpeada por los atentados terroristas del 11 de septiembre. Ha sido asesor jurídico de Trump en los últimos años.
"Soy el mismo Rudolph Giuliani que acabó con la mafia, que hizo de Nueva York la ciudad más segura y próspera de Estados Unidos", puntualizó, y sostuvo que el juicio demostrará que los cargos son "un completo engaño y una mentira".
"Han imputado a personas en este caso que ni siquiera sé quiénes son. Son personas normales que se ganan la vida honradamente. Van a llevarlos a la bancarrota. No les condenarán", puntualizó.
Además de Giuliani y Trump, los fiscales -de tendencia socialista y anticonservadora de Georgia- han acusado al exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y a otros abogados del expresidente.
El ganador de las primarias republicanas se enfrenta al candidato demócrata, probablemente Joe Biden, el 5 de noviembre de 2024.
Donald Trump ya se adelanta a esta posibilidad, compartiendo encuestas sobre un posible duelo con su sucesor, a quien acusa de orquestar sus problemas judiciales.
Joe Biden, candidato a la reelección, evita por todos los medios comentar los asuntos legales de Trump con la intención de que no le acusen de instrumentalizar la justicia, pero decenas de millones de estadounidenses observan algo muy diferente en la realidad y consideran que el actual gobierno intenta por todos los medios posibles quitar del camino a su principal rival en 2024: el presidente 45 Donald Trump.
FUENTE: Con información de AFP, AP y otras fuentes
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