WASHINGTON.— Una jueza federal bloqueó el procedimiento acelerado de expulsión de migrantes de Estados Unidos sin comparecencia ante un tribunal, un revés para el plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump.
La jueza Jia Cobb, nombrada por Biden, aclaró que el tribunal no "cuestiona la constitucionalidad de la ley de expulsiones aceleradas, ni su aplicación en la frontera"
WASHINGTON.— Una jueza federal bloqueó el procedimiento acelerado de expulsión de migrantes de Estados Unidos sin comparecencia ante un tribunal, un revés para el plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump.
El procedimiento denominado "expulsión acelerada" ha sido utilizado por la administración republicana para devolver rápidamente a los migrantes detenidos cerca de la frontera con México si habían entrado en Estados Unidos en las dos semanas anteriores.
Sin embargo, desde su llegada al poder en enero, la administración Trump generalizó su aplicación a todo el país y a migrantes que llevaban en Estados Unidos hasta dos años.
La jueza federal Jia Cobb bloqueó, en un texto publicado el viernes por la noche, esta ampliación de la aplicación del procedimiento, argumentando que podría llevar a que se expulsara a personas "erróneamente" sin ningún proceso legal, y en particular sin la posibilidad de demostrar que llevan más de dos años en Estados Unidos.
Al generalizar la aplicación, "el gobierno esgrime un argumento realmente sorprendente: quienes entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda (de la Constitución), y solo podrían contar con una posible medida de gracia del Congreso", explicó Jia Cobb.
"Si esto fuera cierto, no solo los extranjeros, sino todo el mundo estaría en peligro", agregó.
La Quinta Enmienda de la Constitución tiene por objeto proteger a las personas de cualquier abuso de autoridad por parte del gobierno en un procedimiento judicial.
La jueza Cobb, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, aclaró que el tribunal no "cuestiona la constitucionalidad de la ley de expulsiones aceleradas, ni su aplicación en la frontera".
También invocó un artículo de la Constitución que garantiza que "nadie será expulsado de Estados Unidos sin la posibilidad, en algún momento, de ser oído".
Con este fallo, Cobb suspende la directiva emitida en enero que permitía aplicar este procedimiento en cualquier parte del país y a inmigrantes indocumentados que hubieran llegado en los últimos dos años. Hasta entonces, la deportación acelerada estaba limitada a quienes eran detenidos cerca de la frontera y llevaban menos de dos semanas en el territorio estadounidense.
La decisión responde a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en representación de la organización Make the Road New York, que defiende los derechos de los inmigrantes indocumentados. Los demandantes alegaron que la expansión vulneraba el debido proceso y exponía a miles de personas a ser expulsadas sin garantías legales.
La deportación acelerada es un procedimiento que permite a las autoridades de inmigración expulsar a ciertos migrantes sin necesidad de que comparezcan ante un juez. La única excepción se da cuando la persona solicita asilo y logra pasar una entrevista inicial de “miedo creíble” ante un funcionario especializado.
Bajo las reglas anteriores, solo se aplicaba a quienes eran interceptados a menos de 100 millas (160 kilómetros) de la frontera y con menos de 14 días en el país. La ampliación ordenada por la administración Trump pretendía extender ese alcance a nivel nacional.
El presidente Trump ha prometido realizar la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos, con la meta de expulsar a un millón de inmigrantes indocumentados en su primer año de regreso a la Casa Blanca, especialmente a criminales y pandilleros extranjeros que ingresaron al país gracias a las políticas de fronteras abiertas de Biden.
Sin embargo, su programa de devoluciones masivas se ha visto obstaculizado por numerosas decisiones judiciales, especialmente por el motivo de que las personas afectadas deben poder hacer valer su derecho a un debido proceso.
Los obstáculos impuestos por jueces a las decisiones del poder Ejecutivo serán dilucidados por la Corte Suprema. Trump alega que los jueces demócratas boicotean la agenda para la que fue electo por los estadounidenses.
FUENTE: Con información de AFP / La Opinión