Hubo confusión e inconsistencias en las políticas entre las agencias federales, argumentó la jueza Stephanie Gallagher
Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
Archivo AFP
MIAMI. - Stephanie Gallagher, jueza federal de Maryland, suspendió temporalmente la implementación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de una nueva tarifa anual para la solicitud de asilo. Argumentó que hubo confusión e inconsistencias en las políticas entre las agencias federales.
De acuerdo con Gallagher, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración actuaron “de manera arbitraria y caprichosa” al emitir directrices contradictorias sobre cómo y cuándo los solicitantes de asilo deben pagar la tarifa anual de 100 dólares creada en virtud de la “gran y hermosa ley” del presidente Donald Trump.
Gallagher verificó que la falta de coordinación entre ambas agencias había causado una gran confusión y condujo a que se ordenara la expulsión de algunos solicitantes de asilo antes de que existiera algún mecanismo para pagar la tasa. La jueza pausó temporalmente las políticas de ambas agencias, impidiendo la aplicación de la tasa anual en todo el país, esto hasta que se fijen directrices claras y uniformes.
El 30 de octubre, la jueza escribió: “Los acusados no han resuelto la inconsistencia entre las políticas de ambas agencias". Apuntó también que las normas contradictorias del Gobierno crearon un “daño irreparable” para los solicitantes de asilo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzó a enviar notificaciones sobre la nueva tarifa el 1 de octubre, otorgando a los solicitantes un plazo de 30 días para pagarla; es decir, la tarifa comenzará a vencer a partir del 31 de octubre.
El Departamento de Justicia reconoció que algunos solicitantes tuvieron dificultades luego del anuncio de la nueva tarifa.
La jueza Gallagher declaró que consideraría rápidamente una moción para levantar la suspensión de la tasa una vez que las agencias promulgaran “políticas uniformes que proporcionen a los solicitantes de asilo un aviso justo del plazo para el pago de la tasa aplicable, el mecanismo de pago y las consecuencias adversas”.
El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en un tribunal federal de Maryland en la que acusaba al Gobierno de aplicar ilegalmente una nueva tarifa anual de asilo a las personas que presentaron sus casos antes de que la ley entrara en vigor.
Como parte de la ley suscrita el 4 de julio, los solicitantes de asilo están obligados a pagar una tarifa de US$ 100 cada año que su caso permanezca pendiente. Antes de la entrada en vigor de esta legislación, no se requería ningún pago para solicitar asilo.
La abogada María Gabriela Mendoza, experta en inmigración, indicó a través de su cuenta en Instagram que, si una persona solicitante de asilo quiere pagar la tarifa, "es de su criterio", pero legalmente la jueza bloqueó ese pago por ahora.
"De todas maneras, deben estar atentos a las noticias porque en cualquier momento esa medida se va a levantar y por lo tanto ya el pago sí se va a tener que realizar como normalmente lo hemos realizado", expresó Mendoza.
FUENTE: Con información de CNN en Español/ Abogada María Gabriela Mendoza
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