Declaraciones de los nuevos ocupantes de la Casa Blanca parecen señalar que no cumplirán con la reiterada promesa de reconciliación y sanación. Figuras muy conocidas de los Big Media hablan de “desprogramar” a los partidarios de Donald Trump o de “reeducarlos”, puesto que han sido víctimas de “lavado de cerebro”.

Refiriéndose a la situación política actual, el director de coberturas políticas de ABC News, Rick Klein señalaba que no bastaba con el impeachment. “El hecho es que deshacerse de Trump es la parte fácil”, escribió Klein en su blog. “Limpiar el movimiento que encabeza, o deshacerse de lo que representa para tantos estadounidenses, es otra cosa”, puntualizó.

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Todo apunta a que en esta masiva operación de limpieza (¿o exterminio?) se cuenta con el apoyo preponderante de las Big Tech. En una reunión privada, Jack Dorsey, CEO de Twitter, dijo a sus más cercanos colaboradores:

“Esto va a ser mucho más grande que una sola cuenta, y durará mucho más que este día”, afirmó. “Estamos enfocados en una cuenta [@realDonaldTrump] en este momento, pero será mucho más grande que una sola cuenta, y continuará por mucho más tiempo que este día, esta semana y las próximas semanas, y continuará más allá de la inauguración”, enfatizó Dorsey. “Y tenemos que esperar eso y tenemos que estar preparados para eso”, concluyó.

La información (video filtrado) la dio a conocer el Proyecto Veritas, que dirige James O'Keefe, el 14 de enero.

Si alguien había dudado del poderío de las redes sociales, puede razonar de este modo: si fueron capaces de suspender las cuentas del jefe de estado de la mayor potencia mundial (y con aparente impunidad), ¿qué pudiera esperar el ciudadano común?

Es cierto que Amazon, Google, Apple y Facebook ocupan posiciones clave en la nueva economía digital y que ingresan juntas unos $800.000 millones anuales, casi tres veces el producto interior bruto (PIB) de cualquier país de América Latina (asombroso para empresas que no comercian con oro o piedras preciosas, sino con los datos de los usuarios). Sin embargo, el poder, como se ha dicho, no depende del dinero, sino de la capacidad para hacer que ciertas cosas ocurran. Y lo que ha ocurrido en pocos días es una avalancha de cierres: además de Donald Trump, colaboradores, simpatizantes, personalidades de pensamiento conservador y periodistas.

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INSÓLITA CONTORSIÓN

La teoría crítica (Escuela de Frankfurt) inspiró durante la década del 70 una profusa literatura (libros, artículos, cursos) en torno al llamado “imperialismo cultural”. Nuestros admirados intelectuales de entonces (Armand Mattelart, Herbert Schiller, Mabel Piccini, Rafael Roncagliolo, entre otros) despertaron una verdadera fascinación hacia la problemática relación entre los medios de comunicación masiva y la cultura. De aquella época quedó como ícono el best-seller Para leer al pato Donald (1972), de A. Dorfman y A. Mattelart, y una serie de conceptos como dominación, manipulación, control, penetración, etc., que fueron muy recurridos por la izquierda marxista.

Medio siglo después, aquel debate quedó ampliamente superado. Curiosamente, entonces el centro de la crítica eran las transnacionales de la información y la cultura de masas; hoy día, por “extraño sortilegio”, Wall Street, Hollywood, Corporaciones, Big Media & Big Tech han hecho causa común con la izquierda, una contorsión tan insólita, que podría avergonzar al mismo Karl Marx.

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El boicot

¿Cuántos han quedado silenciados? Para empezar buena parte de los más de 89 millones de seguidores del republicano, entre ellos, los millones que votaron por él. Muchos de esos suscriptores, al conocer la suspensión de Twitter el 8 de enero, emigraron a Parler, red de la competencia. Ese día la compañía alcanzó el primer lugar por descargas en la tienda de aplicaciones de Apple.

Sin embargo, le siguió un abierto boicot, al parecer coordinado, de Google, Apple y Amazon contra la red social alternativa: Amazon eliminó a Parler de su servicio de alojamiento en la nube; Apple la eliminó de su tienda de aplicaciones; Google la excluyó de Google Play Store; Twilio, Okta y otras compañías cesaron de prestarle servicios.

¿Acaso no hubo violación de las leyes antimonopolio que prohíben el comportamiento anticompetitivo? Por lo pronto, ya cursan varias demandas, pues Minds, alternativa a Facebook, y Gab, similar a Twitter, también han sufrido el mismo tipo de castigo.

A propósito, se están produciendo fuertes migraciones hacia otros sitios. Por ejemplo, MeWe, que se autodenomina la “anti-Facebook”, acogió la semana pasada a más de 2.5 millones de nuevos suscriptores. Signal, competidor de WhatsApp, ocupó el primer lugar por descargas el 9 y el 10 de enero en Estados Unidos. Y DuckDuckGo, motor de búsqueda y alternativa a Google alcanzó también el primer lugar.

Volviendo a la supresión de cuentas, es pertinente preguntarse si, en realidad, se ha atropellado el derecho a la libre expresión. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), nada sospechosa de filiación conservadora, manifestó su preocupación por el poder sin control de redes sociales para “borrar de las plataformas a millones de personas”. Y Evan Greer, subdirectora de Políticas de Fight for the Future, defensora de los derechos civiles, estima que existe “indignación y ansiedad generalizada por los abusos de las Big Tech”.

Doble estándar

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, alegó que la suspensión se debió a que, durante los sucesos del 6 de enero en el Capitolio, Trump había incitado a la violencia y que la compañía tomó “la decisión correcta”, tomando en cuenta el potencial de peligro para la seguridad pública.

Los hechos de ese día merecen una total condena y sus participantes deben afrontar el peso de ley. Sin duda hubo violencia, y el presidente carga con una gran parte de responsabilidad por lo acontecido. Empero, no existen evidencias de que la incitara. Incluso llegó a pedir a los congregados que se manifestaran de manera pacífica. Solo en términos de narrativa política pueden entenderse los calificativos de “insurrección”, “golpe de estado” o “acto de supremacía blanca”.

Con todo, es difícil aceptar la voluntad pacifista de la red social, si la cuenta del Guía Supremo iraní Ayatollah Ali Khamenei sigue activa, pese a sus llamados a borrar del mapa a Israel. O que la del líder del Partido Comunista de China, Xi Jinpin, se mantenga intocable frente a los atropellos de los derechos humanos; o que la de Vladimir Putin, presidente de Rusia, no haya sufrido suspensión, a pesar de la larga lista de enemigos políticos, muertos por envenenamiento; o que, finalmente, la del gobernante Nicolás Maduro, responsable de infinidad de actos violentos y torturas, esté intacta.

En verdad, la violencia es deplorable. Durante seis meses en el 2020 los disturbios arruinaron cientos de negocios, causaron pérdidas de miles de millones de dólares, segaron la vida de 25 ciudadanos y dejaron centenares de heridos en ciudades como Chicago, Washington, Kenosha, St. Louis, Portland y Seattle. Solamente en Minneapolis, estado de Minnesota, fueron destruidos 700 edificios. Y sí, hubo ataques contra la Casa Blanca, oficinas federales y estaciones de policía. La organización Black Lives Matter, que alentó tales acciones —los Big Media justificaban el caos alegando “siglos de abusos contra la población negra”—, nunca vio sus cuentas cerradas.

Sin duda el verdadero fundamento del tijeretazo de las corporaciones tecnológicas —del cierre de cuentas y el boicot a redes de la competencia— ha sido político. Un desembozado acto de revancha.

Si durante la audiencia en el Comité Judicial del Senado el 28 de octubre en torno a “censura, supresión y elecciones 2020”, los CEO de Facebook y Twitter, Mark Zuckerberg y Jack Patrick Dorsey, respectivamente, se mostraron apocados y humildes, ahora —o sea, luego del condenable suceso en el Capitolio— han exhibido una resolución y arrogancia sin límites.

La 1ª Enmienda en entredicho

Por estos días se ha discutido si, en realidad, las gigantes tecnológicas violaron la primera Enmienda. Algunos jurisconsultos arguyen que su finalidad es proteger a los ciudadanos de los abusos del gobierno: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibir la libre práctica de esta; ni limitar la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios”.

En consecuencia, alegan, las entidades privadas quedarían fuera de su competencia. En febrero de 2020 la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, en respuesta a la ONG conservadora PragerU, dictaminó que YouTube, propiedad de Google, constituye “un foro privado, no un foro público sujeto a escrutinio de la Primera Enmienda”.

Otros especialistas, en cambio, citan varios casos en los que esta se ha aplicado a entidades privadas.

En el caso Marsh v. Alabama, (1946), el Tribunal Supremo dictaminó que un estatuto estatal de allanamiento no podía usarse para prevenir la distribución de materiales religiosos en la acera de una ciudad, aunque dicha acera fuera propiedad de una empresa privada. El Tribunal basó su fallo en las disposiciones de la primera y decimocuarta enmiendas. El miembro de la Corte Suprema, Hugo Black, expresó:

“Cuando comparamos los derechos constitucionales de los propietarios con los de las personas tocante a la libertad de prensa y religión (…), somos conscientes del hecho de que estos últimos ocupan una posición preferente".

En el caso, Packingham v. Carolina del Norte (2017), los jueces determinaron por unanimidad que las redes sociales se han convertido en "plaza pública" de nuestros días, por lo que el estado de Carolina del Norte no podía impedir que delincuentes sexuales registrados usaran una como Facebook.

“Un principio fundamental de la Primera Enmienda es que todas las personas tienen acceso a lugares donde pueden hablar y escuchar, y luego, después de reflexionar, hablar y escuchar una vez más”, escribió el juez Anthony Kennedy. “Una regla básica, por ejemplo, es que una calle o un parque es un foro esencial para el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda”. En la actualidad, indicó, “el ciberespacio es el ancho foro democrático de la Internet, en general, y de las redes sociales, en particular”.

En esta controversia me inclino a pensar que las Big Tech no solamente violaron la cláusula constitucional sino también el Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras; ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de su elección”.

Márgenes sobrepasados

Vale aclarar que las redes sociales no son medios de comunicación sino espacios de comunicación. Puede parecer paradójico, pero no se les concede el mismo tratamiento que a, digamos, The New York Times, The Washington Post, CNN o Fox News, pese a que la tercera parte de los estadounidenses admite recibir noticias a través de estas, según encuesta de 2018 del Pew Research Center.

Ellas son apenas una especie de plaza o arena pública en la que los usuarios intercambian opiniones. Los medios son instituciones privadas que pueden optar por no publicar una opinión, modificar o censurar un texto de acuerdo con su línea editorial, reglas e intereses. Las redes sociales, no; al menos no deberían.

En contraste, y como resultado de los beneficios de la sección 230 de la Ley de Comunicaciones y Decencia (1996), las empresas vinculadas con internet solo pueden bloquear o filtrar cierto contenido, si lo consideran “obsceno, impúdico, lascivo, indecente, excesivamente violento, acosador o de alguna otra manera censurable”. No obstante, no están facultadas para decidir la verdad o falsedad de cierta noticia, ni tampoco para validar la conveniencia o inconveniencia de cierta información.

Las Big Tech han sobrepasado con mucho esos márgenes. Y no se trata tan solo de hechos aislados y recientes.

Antes, durante y después de las elecciones suprimieron, restringieron o adjuntaron “advertencias” sobre cientos de miles comentarios sobre posibles irregularidades o fraudes. ¿Razones? Se les calificó de contenido “disputado y potencialmente engañoso”.

Robert Epstein, psicólogo investigador principal del Instituto Estadounidense de Investigación y Tecnología del Comportamiento en California, declaró al diario The Epoch Times que una investigación de campo que dirigió en meses previos al 3 de noviembre llegó a la conclusión de que Google y Facebook podrían haber cambiado 15 millones de votos a favor de Joe Biden.

Epstein, que se identifica con la izquierda, sostiene que, no obstante, ponía el país por delante de cualquier preferencia personal. “Si permitimos que empresas como Google controlen el resultado de nuestras elecciones, entonces no tenemos democracia, no hay elecciones libres y justas, todo eso es ilusorio”, afirmó.

Anteriormente, durante los primeros meses de la pandemia, suprimieron u ocultaron testimonios científicos que cuestionaban, por contraproducente, el cierre de negocios y escuelas.

Otro evidente ejemplo de censura se relacionó con los negocios turbios del hijo del entonces candidato Joe Biden. The New York Post publicó el 14 de octubre un artículo basado en correos electrónicos presuntamente obtenidos de una computadora portátil perteneciente a Hunter Biden.

Según los mensajes, este había involucrado a su padre en negocios de una empresa de energía en Ucrania. Siguieron otras piezas de seguimiento en los que se ampliaba la participación de la familia Biden en diferentes negocios en Rusia y China. Las implicaciones políticas y de seguridad nacional eran tan escandalosas que hacían imposible cerrar los ojos.

Siguiendo la calculada indiferencia de los Big Media, Facebook redujo la distribución de la historia al considerarla poco fiable; Twitter decidió eliminarla por completo, alegando que violaba su política interna sobre “material digital robado”.

La gran alianza

Salta a la vista la preferencia de las Big Tech —acompañada de cerca por el Mainstream Media, las corporaciones y los bancos— por el candidato demócrata. Repárese, por ejemplo, en las donaciones. Como se sabe, las firmas no pueden hacerlas a nombre de sí mismas; de ahí que se efectúen a través de comités de acción política (PAC) o de empleados a título personal.

Así, solo al inicio de su campaña, en 2019, Joe Biden logró recaudar $25 millones en aportes, según el Center for Responsive Politics, grupo de investigación no partidista que controla la financiación de las campañas.

Empleados de la empresa matriz de Google, Alphabet Inc., donaron en septiembre del 2020 al Comité de candidatos demócratas un total de 1,7 millones de dólares al comité demócrata. Los de Amazon lo hicieron con $749,410; los de Facebook Inc. con $ 576,988. Los de Apple Inc. Entregaron $537,630 y los de Microsoft Corp., $848,667. Los datos provienen del Center for Responsive Politics, ya citado, y no tienen en cuenta las donaciones al Comité de campaña y las contribuciones de los súper PAC.

Los mayores aportes a candidatos y partidos políticos en el ciclo electoral de 2020 fueron Alphabet y Amazon, con $8,7 millones y $5 millones, respectivamente. De esas cantidades, más del 82 por ciento fueron para los demócratas.

También trascendió que Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, donó $350 millones para ayudar a las oficinas electorales locales durante la pandemia. En noviembre, Phill Kline, director del Proyecto Amistad y exfiscal de Kansas, calificó las donaciones como “una campaña insidiosa, coordinada y sigilosa para manipular las elecciones”.

Finalmente, Google, Microsoft Corp., Verizon, Comcast y Qualcomm figuraron entre los centenares de donantes para la inauguración del 20 de enero.

No es extraño, pues, que al menos catorce miembros y asesores del gabinete del presidente Joe Biden hayan laborado anteriormente en las gigantes de tecnología. Son propuestas que aún deben pasar por un proceso de confirmación, pero ya anticipan su influencia.

El próximo secretario de Estado, Antony Blinken, tiene vínculos con Amazon y Google, según antecedentes. Jessica Hertz, exdirectora del equipo regulador de Facebook, será la directora de personal de la Casa Blanca. Emily Horne, exjefa de comunicaciones de política global de Twitter, se desempeñará como directora de prensa y portavoz del Consejo de Seguridad Nacional; David Recordon, exprogramador de Facebook, será director de tecnología de la Oficina de Gestión y Administración; Jeff Zients, exmiembro de la junta de Facebook, asumirá como zar del COVID-19.

Otros ejecutivos de las tecnológicas formaron parte del equipo de transición y prestaron asesoramiento en varias áreas. Por ejemplo, Mark Schwartz, de Amazon, en la Oficina de Administración y Presupuesto; Tom Sullivan, de Amazon, en el Departamento de Estado; Nicole Isaac, de LinkedIn, en el Departamento del Tesoro); David Kaslow, de PATH, en el Departamento de Salud y Servicios Humanos; Austin Lin, de Facebook, en la Oficina Ejecutiva de la presidencia.

Como se aprecia, no pinta que sea conspiración…

Entonces ¿qué hacer?

Muchos se muestran preocupados ante el poder omnímodo de Silicon Valley. En realidad, tienen motivos para ello, pero esa sería la fuente menor de angustia. La desinformación, la propaganda y la censura continuarán, máxime cuando los que fueron sus mayores beneficiarios se hallan ahora en el poder.

Ya se nota la ofensiva contra cualquier pensamiento conservador o independiente. Lo advertimos en el cierre de cuentas, amenazas de retirar diplomas universitarios, separación de cargos en la academia, renuncias forzadas, calificativos degradantes, crítica en los medios, petición de campos de reeducación, acoso en propiedades, veto en editoriales. Hasta en el despliegue injustificado de 25 mil soldados en Washington el Día de la Inauguración.

Aquellos que forman parte de los millones de “deplorables”, los candidatos a la “desprogramación”, la tienen difícil. Por lo pronto, no tienen otra opción sino reunir fuerzas y esperar una oportunidad más favorable en las urnas. ¿Llegará?

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