Obamacare supera tercera prueba de fuego

Los magistrados alegaron que la demanda presentada por el estado de Texas, junto a 17 otros conducidos por republicanos, incluyendo Florida, y dos ciudadanos, “carece de competencia”, ya que se basa en que “la ley es inconstitucional porque originalmente obligaba a adquirir un seguro médico o pagar una multa de no hacerlo”.

Ese requisito, que era incluso rechazado por la mayoría de la población, fue eliminado en 2017, durante la presidencia de Donald Trump, y por lo tanto el argumento “carece de vigencia”.

La ley, mejor conocida como Obamacare, que fue adoptada por el Congreso de la nación en 2010, cuando Barak Obama era presidente, difiere de servicios públicos de salud que ofrecen otros países del llamado mundo desarrollado, y aunque no satisface, y es costoso, provee atención a más de 20 millones de personas en el país, incluyendo protección a personas con condiciones de salud preexistentes de ser rechazadas por aseguradoras.

De hecho, el presidente Trump abogó por abolir Obamacare por considerarla “incompleta y costosa” y el mismo día que tomó posesión, el 20 de enero de 2017, firmó una orden ejecutiva que instruía "renunciar, aplazar, otorgar exenciones o retrasar" la implementación de partes de esa ley, mientras el Congreso se preparaba “para revocarla y reemplazarla”.

Meses después, la derogación y el reemplazo no funcionaron, luego de que el difunto senador John McCain depositara el voto decisivo en contra de la acción.

Supremo

El juez Samuel A. Alito Jr. denominó, en desacuerdo, “la tercera entrega de nuestra trilogía épica de la Ley del Cuidado de Salud Asequible”, luego de que el cuerpo jurídico discutiera la norma por tercera vez en 11 años.

El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., quien emitió el voto decisivo en 2012, votó a favor otra vez, mientras el juez Clarence Thomas, que estuvo en desacuerdo con las decisiones anteriores, cambió su parecer.

“Cualquiera que sea la historia dudosa del acto en este tribunal”, escribió el juez Thomas en una opinión concurrente, “debemos evaluar la demanda actual en sus propios términos. Y, aquí, hay un problema fundamental con los argumentos esgrimidos por los demandantes al atacar el hecho: no han identificado ninguna acción ilícita que los haya lesionado. Por lo tanto, el resultado de hoy no es la consecuencia de que el tribunal haya rescatado una vez más la ley, sino de que nosotros juzguemos las reclamaciones particulares que los demandantes eligieron presentar".

Los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Brett M. Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Stephen Breyer conformaron los siete votos.

Vale destacar que, durante las audiencias de confirmación el año pasado, la jueza Barret fue descrita por legisladores demócratas como una grave amenaza para la ley de atención médica. Sin embargo, votó a favor esta vez.

Un juez federal en Texas habría dictaminado invalidar la ley, pero pospuso los efectos de su fallo hasta que el caso pudiera ser apelado.

En 2019, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, acordó que el mandato era inconstitucional, pero se negó a pronunciarse sobre el destino del resto de la ley de salud, y pidió al tribunal inferior que reconsiderara la cuestión con más detalle.

El juez Breyer no abordó la mayoría de los argumentos que fueron la base de esas decisiones, centrándose en cambio en si los demandantes tenían derecho a demandar.

“Los dos ciudadanos” antes mencionados, escribió el juez, “no sufrieron daños”. Asimismo, añadió, “los estados no sufrieron lesiones vinculadas directamente a la eliminación de la pena que había sido parte del mandato individual”.

Eliminar la citada ley habría dejado sin cobertura a unos 20 millones de personas en el país.