El expresidente Donald Trump durante un mitin de campaña.
AFPMIAMI.- Desde que el expresidente Donald Trump comentó que esperaba ser detenido y acusado formalmente en torno a una investigación que realiza la fiscalía de Nueva York, el país y el mundo miran con atención lo que podría ocurrir.
Trump anunció, en la red social Truth Social, que esperaba ser arrestado el martes 21, tras conocer información confidencial. Y aunque no sucedió ese día no son pocos los indicios que apuntan a un posible encausamiento.
La investigación se centra en el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels por parte del antiguo abogado de Trump, Michael Cohen, cuyo monto fue reembolsado más tarde por el entonces presidente.
Dado que el pago a la actriz en cuestión se realizó para evitar que la noticia de una cita que sucedió años antes interfiriera con la candidatura presidencial de Trump en 2016, la fiscalía de Nueva York argumenta que podría constituir “una contribución ilegal de campaña”.
El arresto de un expresidente, que también es un candidato activo en las elecciones primarias del Partido Republicano para las presidenciales 2024, no solo sería único en la historia de Estados Unidos, sino que, además, podría tener peligrosas repercusiones en el ámbito político y social de la nación.
Trump reclama atención, califica la persecución de “cacería de brujas” y acude a sus seguidores para recabar fondos, entretanto asegura que el sistema judicial está amañado contra él.
Por otra parte, ya se gestan protestas y se habla de cuánto beneficiaría esta situación al ahora aspirante a ganar la nominación del Partido Republicano, con miras a las elecciones presidenciales de 2024.
Entretanto, el expresidente afronta otras investigaciones, como el tristemente célebre capítulo del asalto al Congreso nacional en 2021 que protagonizó algunos de sus seguidores.
Hay informes que indican que la fiscalía de Nueva York investiga la posibilidad de “alteración de documentos para ocultar algo”.
Muchos preguntan si el caso Stormy Daniels sucedió en 2006, ¿por qué salta ahora?
A lo largo de la presidencia de Trump, fiscales, tribunales y el Departamento de Justicia tuvieron una prolongada discusión sobre si se podían presentar cargos penales contra un presidente en ejercicio, pero no llegaron a ninguna conclusión.
Hoy, múltiples fiscales y abogados, que han comentado sus puntos de vista en diversas entrevistas, creen que la posibilidad de acusación no saltó antes porque Trump era presidente, y se renueva ahora porque el expresidente aspira a retomar el mandato.
La noticia del pago a Daniels salió a la luz en 2018, mientras Trump ejercía su mandato presidencial. En mayo de ese año, Trump admitió que había ordenado reembolsar a su abogado, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares realizado a Daniels.
Según la fiscalía de Nueva York, el pago a Cohen fue omitido antes, lo que provocó investigaciones sobre supuesto encubrimiento.
Cohen finalmente se declaró culpable de múltiples cargos relacionados con el pago, incluido fraude fiscal y bancario, así como violaciones de las finanzas de campaña. Durante el proceso, Cohen implicó directamente a Trump con el pago, lo que el presidente negó rotundamente.
El prominente gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y calificó la investigación al expresidente Trump como un "circo fabricado".
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tuiteó que el arresto del expresidente sería “un abuso de poder escandaloso por parte de un fiscal de distrito radical que deja pasar a los criminales violentos mientras busca venganza política contra el presidente Trump”.
Mike Pence, quien recientemente dijo que Trump puso en peligro a la familia del exvicepresidente en los sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, cuestionó los motivos del posible encauzamiento.
En la red social Truth Social, el representante Ronny Jackson de Texas (exmédico de la Casa Blanca de Trump) criticó a los “fiscales de distrito propiedad de [el magnate George] Soros” involucrados en “vendettas contra los conservadores”, antes de aparecer como defensor de la destitución del presidente Biden. “La nación se está desmoronando. ¡Necesitamos que Trump vuelva a estar a cargo AHORA!”
La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi acudió a Twitter en un intento de calmar las aguas. “Independientemente de lo que decida el Gran Jurado, su consideración deja en claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente de los Estados Unidos”, lo que aplicaría a todos los presidentes.
El profesor de derecho de la Universidad George Washington Jonathan Turley afirmó que el caso del fiscal de distrito de Nueva York contra Trump “es legalmente patético” y “está luchando por torcer las leyes estatales para enjuiciar de manera efectiva un caso federal rechazado hace mucho tiempo por el Departamento de Justicia contra Trump”.
Turley, quien fue testigo experto en el primer juicio político contra Trump, declaró a The Hill que “si bien aún no conocemos los cargos estatales específicos en la acusación anticipada, los más discutidos caerían bajo la Sección 175 por falsificación de registros comerciales, con base en la afirmación de que Trump usó gastos legales para ocultar los supuestos pagos secretos que supuestamente se usaron. para violar las leyes electorales federales”.
El letrado explicó además que "si es sabido que algunos expertos legales insisten en que tal ocultación es un asunto criminal que debe ser acusado, se mantuvieron en silencio cuando Hillary Clinton enfrentó una acusación de financiamiento de campaña no muy diferente".
El profesor de Derecho argumentó un cargo de la Sección 175 “normalmente es un delito menor” y que “la única forma de convertirlo en uno mayor de Clase E requiere demostrar que la 'intención de defraudar incluye la de cometer otro delito o ayudar u ocultar los mismos'. Ese otro delito parecería ser supuestas 'violaciones' que el Departamento de Justicia se negó a tomar en cuenta para una acusación”.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), exige respuestas al fiscal de distrito de Nueva York y sus motivos para encausar al expresidente Trump.
En su carta a Bragg, Jordan, junto con el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer y el presidente del Comité de Administración de la Cámara Baja, Bryan Steil, calificó el ['arresto inminente'] como “un abuso sin precedentes de la autoridad fiscal”.
Al igual que otros republicanos, Jordan argumentó que los motivos políticos respaldan la investigación a Trump, particularmente en vista del historial de Bragg como fiscal de distrito y su labor en reducir condenas graves a delitos menores, acción que ha disparado los índices de criminalidad en la Gran Manzana en los últimos dos años, con graves consecuencias para la seguridad ciudadana y un alto número de muertes por la violencia extrema.
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