MIAMI- Las declaraciones de Joe Biden durante la campaña presidencial en el 2020 acerca de una política de inmigración más abierta, humanitaria y opuesta a la formulada por el entonces presidente Donald Trump, dieron luz verde a una nueva estampida de inmigrantes en la frontera sur de EEUU.

Luego de acuerdos migratorios logrados en el 2019 por la Administración Trump con los gobiernos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala para frenar una anterior ola migratoria desde Centroamérica, la frontera sur permaneció bajo orden y control de las autoridades federales hasta semanas antes de que Biden entrara en la Casa Blanca.

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El alto costo, la inseguridad en los estados fronterizos, las acciones del crimen organizado y la llegada descontrolada de decenas de miles de migrantes a zonas limítrofes de Estados Unidos (EEUU), obligaron a la Administración Biden a recapacitar y pedir a los gobiernos centroamericanos que ayudaran a frenar el éxodo masivo hacia Norteamérica, con la promesa de entregar 4.000 millones de dólares adicionales a los acuerdos firmados por su predecesor en Washington.

María Herrera Mellado es una experimentada abogada de inmigración en el sur de Florida que representa a inmigrantes en diferentes estados como Texas, Pennsylvania, Louisiana, Mississippi y Florida.

Con más de un millón de casos de retraso en medio de la pandemia de COVID-19, ahora las Cortes de Inmigración se enfrentan a una severa crisis humanitaria en la frontera, marcada por miles de nuevas detenciones y un alto cúmulo de solicitudes de asilo. La abogada Herrera Mellado explica.

Muchos de los clientes que tenían citas con inmigración para su solicitud de ciudadanía, por ejemplo, en marzo del 2020 todavía no han sido atendidos en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés)”.

Los jueces y los servicios de inmigración hacen lo que pueden, pero tienen instrucciones de priorizar a quienes llegan a la frontera y a los detenidos. Si bien la Administración de Joe Biden ha intentado que quienes lleguen a la frontera no sean detenidos en aras de acelerar el proceso, esto ha resultado ser también un descontrol sin garantías de éxito, algo muy criticado por los republicanos y los agentes de patrulla que hacen su labor para frenar la entrada ilegal.

Mi experiencia como abogada y por referencia de otros colegas te puedo decir que a muchos sí les permiten entrar con permisos humanitarios o bajo su propia palabra de que asistirán a las citas de inmigración. Sin embargo, otros son llevados a centros de detención y ahí se les hace la ‘entrevista del miedo creíble’ y piden asilo. Normalmente les otorgan un parole (permiso humanitario de entrada) o les conceden una fianza a aquellas personas de avanzada edad, familias o mujeres embarazadas, también los que se acogen al programa de Protección del Inmigrante de la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) se les permite la entrada al país.

Desde enero, hemos visto un incremento sorprendente de inmigrantes que llegan, sobre todo venezolanos. Se estima que abril arribaron a EEUU más de 6,300 venezolanos (mientras que antes entraban entre 200 y 300 al mes) y son detenidos. Hasta hace muy poco no eran deportados, pero ahora sí están siendo deportados. El caso de los cubanos es similar.

Las últimas informaciones que tenemos es que la Administración Biden trabaja con varias agencias y organizaciones en la frontera para que se tramiten y se aceleren los casos.

¿Cree que esta estrategia en inmigración asumida por la Casa Blanca es acertada?

Desde el punto de vista político creo que es un error. El senador republicano Rick Scott y el Comité Nacional Republicano de Senadores lo analizaron recientemente. Con la Administración de Barack Obama, el Partido demócrata creyó que por darle protección y documentos a cientos de miles de jóvenes soñadores mediante los programas de DACA y el trámite del perdón por presencia ilegal dentro de EEUU, el voto hispano iba a adherirse a ellos. Hemos visto que el resultado ha sido el contrario, sobre todo en Florida, pero también en Texas y en las ciudades fronterizas.

Soy graduada de la Universidad de Arizona (Tucson), y le puedo asegurar que muchos hispanos apoyan las políticas de fronteras seguras, de hecho los inmigrantes que llegan tienen muchas posibilidades de ser recibidos por agentes de la patrulla fronteriza o ser procesados por deportadores hispanos ya que el 30% de los miembros de la Policía de Inmigración (ICE) son hispanos y más del 50% de la patrulla fronteriza también lo son. De hecho la comunidad hispana en estos estados vive y depende de este tipo de trabajos gubernamentales. No solo son ciudadanos estadounidenses nacidos aquí, sino muchos que se hicieron ciudadanos y juraron defender EEUU y aplicar las leyes de este país. Están muy orgullosos de su trabajo; y como abogada debo decir que gracias al idioma y una cultura similar hay una comunicación excelente con ellos, e igual que con los agentes hispanos de ICE.

Si te fijas muchos votaron por Donald Trump porque entienden y quieren que quienes entren por la frontera no sean los mismos que los persiguieron en Cuba, en Venezuela, aquellos que lo acosaron y amenazaron en El Salvador, Honduras o Nicaragua. El hispano tiene eso bien claro, mucho más que cualquier otro inmigrante en este país o los propios americanos que piensan que se trata de políticas racistas.

La Corte Suprema de EEUU cerró el camino hacia la residencia para 400.000 inmigrantes bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Eliminó además las pretensiones del gobierno de Biden por agenciarse un triunfo político ¿Cuál otro efecto tiene ese dictamen?

Antes de responder esa pregunta, debemos aclarar que a escasos cuatro meses desde que se aprobó el TPS para los venezolanos, las autoridades de inmigración está deportando a venezolanos. Ahora vemos a coyotes venezolanos que llevan a cabo contrabando y tráfico de personas. Miles de personas que llegan a la frontera con la esperanza que anunció Joe Biden y Kamala Harris. La esperanza de que se trataría a los inmigrantes de una forma humanitaria. Y eso no es del todo cierto. Aquellas personas que entraron después del 8 de marzo, si no son capaces de obtener el asilo y no pasan la ‘entrevista de miedo creíble’, serán deportadas. Eso hay que decirlo para entender que no se puede hablar de un triunfo sin mencionar este tipo de dramas y caos que han generado sus declaraciones.

La sentencia de la Corte Suprema supone un freno a diferentes distritos judiciales como el Noveno, donde se encuentra California, en el que se ha hecho una interpretación liberal de la ley. Por ejemplo, aquellos beneficiaros del TPS que entraron de forma ilegal y que en su momento obtenían un documento de permiso adelantado (advance parole document) de EE.UU. y regresaban para tener una entrada legal al país y que no les afectara la forma en la que inicialmente habían entrado y de esta manera poder hacer el ajuste de estatus desde dentro del país. Esta decisión del Supremo reafirma que con una entrada ilegal no se puede obtener residencia desde dentro de EE.UU. y que cualquier permiso temporal de reingreso no subsana la primera entrada ilegal. Es muy relevante además por la cantidad de distritos judiciales que existen y decisiones que se emiten que impide una uniformidad en la aplicación de las leyes de inmigración en el país. Ahora todos los tribunales tendrán que acatar esta decisión ya que sienta un importante precedente.

Se sabe que Inmigración cuenta con una extensa base de datos y métodos que utilizan los agentes para detectar delincuentes y presuntos terroristas, además de la coordinación con agencias nacionales e internacionales contra el crimen organizado y el terrorismo, pero todos los sistemas en cualquier parte del mundo pueden ser vulnerables en algunos momentos. ¿Cuál es la capacidad real de control de las autoridades federales frente a estas oleadas?

En la primera ‘entrevista del miedo creíble’ la persona solamente tiene que superar el 10% de probabilidad para demostrar que tiene un miedo real basado en su declaración al oficial de inmigración para que lo dejen en muchos casos entrar en los EEUU. Una vez que solicita asilo y el proceso comienza no es tan fácil que las autoridades no lo investiguen e identifiquen, y todo se le hace más complicado. Hasta hace poco, algunos estados tomaban la declaración del inmigrante en la primera entrevista y en la solicitud de asilo como presuntamente creíble. Sobre esto el Tribunal Supremo también se pronunció recientemente: Cuando un juez de inmigración ha denegado una petición de asilo y cuando un fiscal ha presentado pruebas en contra del solicitante, no se pueden presuponer como ciertas las declaraciones del inmigrante”. “Con esto vengo a decir que ahora mismo también se están tomando medidas para el control de personas que dicen ser solicitantes de asilo y pueden resultar ser otras personas o no puedan beneficiarse del asilo por haber mentido o haber cometido delitos.

Ejemplos sobran. Hay casos como el de algunos ciudadanos chinos que afirman ser perseguidos por el régimen comunista de su país o por la política abortista o hispanos que dicen huir y luego resultan que no tiene nada que ver con la realidad, por eso es importante respetar el proceso acusatorio. De lo contrario, podría entrar un alto número de inmigrantes cuyo testimonio no es creíble.

Muchas personas denuncian que han visto entrar y pedir asilo y hasta ganar la residencia a antiguos miembros del régimen de Nicolás Maduro o agentes de la Seguridad del Estado que los han perseguido y han perseguido a sus hijos en sus países . Por lo tanto, hay fallas del control de seguridad ¿Qué podemos hacer? En la página de ICE, del FBI o de USCIS hay un número de teléfono y correo electrónico para denunciar a estas personas”. Quienes hayan sido víctimas de torturas, acoso y persecución pueden y deben identificarlo. Deben comunicarse con las autoridades federales para impedir que se les concedan beneficios y entren al país.

¿La visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala para intentar frenar la emigración ilegal ayudaría a terminar la crisis en la frontera?

Nosotros hablamos con colegas abogados guatemaltecos que nos dicen que entregar 4,000 millones de dólares más a Centroamérica no detendrá la emigración ilegal porque el dinero no llega al agricultor, al ganadero, al trabajador; el dinero lo reciben Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que son cercanas a los gobiernos de izquierda y sus objetivos son muy diferentes a la emigración; impulsan políticas progresistas sobre el aborto y otros asuntos distantes de las verdaderas necesidades de la gente como los bajos salarios, la falta de empleo, el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión, la corrupción política.

Realmente las soluciones son complejas y toman tiempo. Comienzan con una verdadera libertad económica en sus países, defensa de los derechos humanos y lucha contra la corrupción, además por supuesto de la erradicación de las dictaduras y el narcotráfico. En definitiva, se necesita reducir drásticamente la extrema violencia y pobreza en esos países, se necesita fortalecer las libertades civiles y económicas para prosperar porque mientras se le siga tendiendo la mano a gobiernos como Venezuela, Cuba, Nicaragua o se eliminen las sanciones, incluso desde la Unión Europea enviándoles un alto flujo de ayuda financiera, no vamos a erradicar el problema de raíz.

¿Fue inhumana e injusta la política de inmigración del expresidente Donald Trump?

Era una política de cumplimiento de las leyes de inmigración aprobadas en EEUU, pero que sí suponía un conflicto con el derecho internacional y algunos tratados. Sin embargo, a pesar de que la prensa no hablaba del tema, dio protección a las víctimas de tráfico humano y atajó muchos males.

El expresidente Trump quiso ordenar el sistema de inmigración para que fuera mucho más controlado y eficiente. Y lo hizo también fuera de EEUU. Ahora el tiempo parece que le está dando la razón. Si los demócratas solo llevan a cabo reformas en EEUU y anuncian regularizaciones masivas sin sellar la frontera, no detendrán la emigración masiva del resto de los países hacia Norteamérica. Pero, ciertamente, no hubo tiempo para ver el resultado de muchas de sus políticas. Lo que sí vimos fue que países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador estaban en la misma sintonía con Trump, a diferencia de Biden.

Tenemos que ser honestos, las políticas de Trump sí funcionaron para el control de la entrada masiva y desordenada de inmigrantes pero el costo fue alto. Este país es y debe ser un país de ley, pero también debe prevalecer la separación de poderes. Donald Trump representaba solo el poder ejecutivo frente al poder judicial y el legislativo. A pesar de que muchas de sus políticas fueron finalmente aprobadas por órdenes ejecutivas, en algunos casos el poder judicial le dio la espalda y tuvo que recular. Lo mismo vemos que ocurrirá con Joe Biden. La reciente sentencia de la Corte Suprema de EEUU lo demuestra.

El TPS para los venezolanos lo otorgó oficialmente la Administración de Joe Biden, pero el gobierno de Trump había surcado ya el camino para esa decisión.

Sí. El TPS para Venezuela como tal es un beneficio aprobado por esta Administración aunque Trump había aprobado ya el DED o suspensión de la deportación para la mayoría de esos venezolanos durante 18 meses. Anteriormente, el TPS se aprobó también -por diferentes gobiernos o administraciones- para hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, haitianos, etc. tanto por desastres naturales como por situaciones críticas en esos países; guerras civiles, por ejemplo”. No se trata de una herramienta exclusivamente del Partido Demócrata y la inmigración debería de dejar de politizarse.

Ahora mismo en materia de inmigración en el Congreso de EEUU hay más división que antes; incluso, para aprobar cualquier ley para los inmigrantes que residen en EEUU porque mientras tengamos la frontera abarrotada con miles de personas intentando entrar y exista el temor de que junto a este flujo masivo se infiltren también terroristas, personas que hayan delinquido, perseguido o incluso violado a muchas mujeres y niñas en sus países, jamás se llegará a un acuerdo efectivo y duradero”. “El muro lo construyó Bill Clinton y a Trump lo acusaron de ser xenófobo y racista desde que habló de extenderlo. Hace algo más de un mes, el propio Biden dijo que tendrían que reconsiderar seriamente tapar ciertas partes de la frontera. Es decir, lo mismo que estaba haciendo el expresidente Trump.

Es cierto que el gobierno de Obama impulsó el DACA, pero fue la administración que más millones de inmigrantes deportó y nadie lo acusó de racista. Entonces hay que tener sentido común para zanjar el tema, necesitamos asegurar la frontera y defender a EEUU; ser mucho más cuidadosos cuando se anuncian programas de protección para los inmigrantes dentro de EEUU y no ofrecer falsas esperanzas a los que están afuera. Las políticas tradicionales y conservadoras de inmigración se han convertido ahora en excusas para llamar al resto del país racista, inhumano y xenófobo.

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