MIAMI.- La pena de muerte en Estados Unidos sigue dividiendo a la sociedad, pero una cuestión clave surge en el debate migratorio: ¿puede aplicarse a extranjeros?
Actualmente, 27 estados mantienen la pena de muerte en sus legislaciones, además del sistema federal y el militar. En contraste, 23 estados y Washington DC la han abolido, mientras que otros mantienen moratorias que impiden su aplicación, de acuerdo con el Centro de información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus sglas en inglés).
En este contexto, lo determinante para aplicar esta condena no es la nacionalidad del acusado, sino el crimen cometido en territorio estadounidense o bajo jurisdicción federal.
Por tanto, la respues es sí. Un migrante que comete asesinato en territorio estadounidense puede ser condenado a la pena capital, siempre que el delito ocurra en un estado donde esta figura esté vigente y cumpla con los criterios legales establecidos.
Derechos de los migrantes
La pena capital suele reservarse para los casos más graves de asesinato agravado, como homicidios múltiples, crímenes con tortura, asesinatos de menores o de funcionarios públicos.
En el ámbito federal, también puede aplicarse si el asesinato está vinculado a terrorismo, narcotráfico a gran escala o secuestro, según indicó el Departamento de Justicia.
Aunque los migrantes indocumentados o con residencia irregular están sujetos a las mismas leyes penales que los ciudadanos, existe un matiz importante: la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares garantiza que el extranjero tiene derecho a que su consulado sea notificado y lo asista durante el proceso judicial.
Este derecho no siempre ha sido respetado en Estados Unidos, lo que generó controversias internacionales. La Corte Internacional de Justicia condenó a EEUU en 2004, por ejemplo, por la ejecución de mexicanos en Texas sin notificación consular.
Existen precedentes de migrantes ejecutados en Estados Unidos. Uno de los más notorios fue el de Ángel Maturino Reséndiz, conocido como el Railroad Killer, un migrante mexicano condenado por múltiples asesinatos y ejecutado en Texas en 2006.
Orden ejecutiva de Trump
La polémica sobre la pena de muerte se mantiene en debate con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump a inicios de año, que busca ampliar la posibilidad de aplicar la pena capital a migrantes en situación irregular responsables de delitos violentos.
El anuncio generó reacciones encontradas: sectores conservadores la aplaudieron como una medida de seguridad, mientras que organizaciones de derechos humanos, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la calificaron de discriminatoria y contraria a estándares internacionales.
En conclusión, la pena de muerte puede aplicarse a migrantes en EEUU bajo las mismas condiciones que a ciudadanos americanos:
- Debe tratarse de un delito de asesinato agravado.
- Ocurrir en un estado o instancia federal donde la pena capital esté vigente.
- Respetar el derecho internacional de asistencia consular.
“El estatus migratorio no protege a un acusado de enfrentar la pena máxima en Estados Unidos; lo determinante es el crimen cometido y la jurisdicción que lo juzga”, enfatiza el DPIC.
FUENTE: Con información de Departamento de Justicia / Departamento de Justicia Criminal de Texas / Centro de información sobre la Pena de Muerte
