"Soñadores" piden a jueces mantener protecciones contra la deportación

En juego, en esta larga batalla legal ante el Tribunal Federal de Apelaciones del 5to Circuito, está el futuro de unas 535.000 personas que han vivido en Estados Unidos durante años, pero no poseen la nacionalidad ni residencia legal, y enfrentan la posibilidad de ser deportadas.

“Vivo aquí. Trabajo aquí. Tengo una casa aquí”, expresó María Rocha Carrillo, de 37 años. Viajó desde su hogar en Nueva York para unirse a la protesta y estaba en primera fila dentro de un tribunal lleno mientras comenzaba la audiencia. Contó que fue traída a Estados Unidos cuando tenía 3 años, tras migrar con su familia desde México, su país natal. No pudo obtener su certificado docente hasta que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) le permitió hacer una carrera en educación.

Aunque entre los manifestantes no había opositores al DACA, Texas y otros ocho estados republicanos han argumentado en los tribunales que la permanencia de estos inmigrantes les genera cientos de millones de dólares en costos de atención médica, educación y otros servicios.

Al inicio de la audiencia, Brian Boynton sostuvo que los estados no tienen derecho a demandar, ya que no han demostrado perjuicio alguno por el DACA. Afirmó que su posición se ha fortalecido tras decisiones recientes de la Corte Suprema, que contradicen un fallo previo del 5to Circuito de 2022.

El juez Jerry Smith respondió con escepticismo: “No entiendo cómo se puede avanzar con ese argumento”, sostuvo, señalando que los precedentes de la Corte Suprema no contienen lenguaje claro que requiera que el tribunal de apelaciones revierta su decisión anterior.

Por su parte, el juez Stephen Higginson se mostró más abierto a considerar la propuesta de Boynton.

“¿Un cambio radical en el análisis nos permitiría seguir a la Corte Suprema en lugar de la errónea interpretación del 5to Circuito?”, preguntó Higginson.

“Así es”, respondió Boynton.

Los jueces no dieron indicios de cuándo o cómo emitirán su fallo, pero es casi seguro que el caso terminará en la Corte Suprema.

Los defensores de DACA sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad para establecer políticas migratorias y que los estados carecen de fundamento legal para demandar. “No pueden identificar ningún daño derivado del DACA”, dijo Nina Perales, vicepresidenta del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), en una conferencia de prensa.

La fiscalía de Texas no respondió a una solicitud de entrevista. Otros estados involucrados en la demanda son Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.

Entre los aliados de estos estados está el Instituto de Derecho de Reforma Migratoria, cuyo director ejecutivo, Dale L. Wilcox, subrayó: “El Congreso se ha negado repetidamente a legalizar a los beneficiarios del DACA, y ningún gobierno puede tomar esa decisión en su lugar”.

El panel que lleva el caso está formado por los jueces Jerry Smith, nominado al 5to Circuito por el expresidente Ronald Reagan; Edith Brown Clement, nominada por el expresidente George W. Bush; y Stephen Higginson, nominado por Obama.

DACA fue aprobado durante la administración de Barack Obama, que no cumplió con la promesa de una reforma migratoria durante los dos periodos de Gobierno, pese a que en el primero los demócratas tenían la mayoría en las dos cámaras.

FUENTE: Con información de AP