CARACAS.- ELIANA PANTOJA
Especial
La chispa de la nueva polémica en Venezuela vino de una circular con membrete y sello del Ministerio de Educación, en la que se obliga a los estudiantes del país a escribir una carta al presidente Barack Obama contra su reciente orden ejecutiva en la que califica al país sudamericano de amenaza.
La instrucción fue clara para todos los colegios públicos del país y para algunas instituciones privadas. La tarea tenía que ser completada el 18 de marzo. Los parámetros de la insólita actividad aparecen en una correspondencia, hecha pública a través de las redes sociales, de la Unidad Educativa Privada Morichal del estado Monagas: “A continuación copia textual de los mensajes recibidos el día viernes 13/03/2015 y lunes 16/03/2015: ‘Buenos días, pedir a sus directores de sus circuitos que los estudiantes escriban un mensaje al presidente de Estados Unidos que respete a Venezuela, lo recojan y los guarden que se los van a pedir… Los estudiantes también pueden hacer dibujos contra Obama. Y los de inicial también [niños con edades comprendidas de tres a seis años]’”.
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La contabilización de los colegios que recibieron la notificación fue desarrollada por el Observatorio Educativo de Venezuela, una iniciativa liderada por Olga Ramos y que tiene como objetivo monitorear el cumplimiento del derecho a la educación en el país. Toda la información está publicada en el blog oficial del organismo.
Respuesta oficial
Ante el escándalo, en la mañana del lunes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, se vio obligado a declarar que su despacho no había dado ninguna instrucción para que los estudiantes participaran en muestras de rechazo al decreto de EEUU. En simultáneo, el viceministro de Educación, Humberto González, reiteraba la aclaratoria de su superior, pero no descartó que a “alguien se le haya ocurrido eso”.
Lila Vega, miembro del Consejo Asesor para la Consulta de Calidad Educativa, felicitó a los representantes del Ministerio de Educación por haberse pronunciado antes de que el asunto tomará más vuelo, pero los instó a que asumieran la responsabilidad de investigar quién fue el funcionario que emitió los comunicados y aplicar sobre él una sanción administrativa. “Esto no se puede repetir”, destaco la activista.
Firmas y huellas
Independientemente de la “lavada de manos” del Ministerio, profesores del Liceo Pablo Vilas, un centro de educación de la populosa zona caraqueña conocida como Cota 905, hicieron una acusación aún más grave. Aseguraron que los estaban obligando a hacer una lista con las firmas de los alumnos para unirlas a la recolección de 10 millones de rubricas que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende reunir para enviar a Barack Obama.
Casi inmediatamente apareció otra denuncia, esta vez proveniente del estado Yaracuy, en el centro norte del país. Desde allí, una profesora identificada como Raquel Figueroa, vocera del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, afirmó que en los planteles de preescolar y primaria se les estaba tomando las huellas dactilares a pequeños de tres a cinco años de edad con el objeto de incorporarlas a la campaña de Maduro.
Las reacciones
Voceros de Fenasopadres, una organización que reúne a sociedades de padres y representantes de todo el país, dijeron que estos acontecimientos son una "abierta violación al derecho fundamental de pensar libremente”. Alegaron que se vulnera la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (LOPNA), debido a que se les pide a los alumnos objetar un punto de vista sobre algo sobre lo que no tienen conciencia. La afirmación fue hecha por Nancy Hernández de Martín, miembro del consejo consultivo de la organización.
El organismo publicó un comunicado titulado “Nadie está obligado a firmar”, que se puede leer a través de su cuenta Twitter @FENASOPADRES, y que ofrece una orientación para que los padres puedan rechazar las presiones de los planteles.
Tímidos educadores
La reacción de los profesionales de la educación, especialmente los que laboran para instituciones públicas, fue más discreta. Sin mucho escándalo, se limitaron a negarse a ejecutar la orden y a filtrar a la opinión pública las cuestionables circulares.
La Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (FETRASINED), por medio de su presidente, Falime Hernández, condenó la manipulación y la campaña ideológica que promueve el Gobierno. "Es una clara violación de los derechos de los niños a quienes se está utilizando para algo que desconocen", subrayó.
