El dossier fue rechazado por los periodistas al considera que “antidemocrático e inconstitucional”. Desde el ministerio señalan que “no es una lista negra”
El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska. (AFP)
MADRID. En el Día Internacional del Periodista se destapa la olla en España. El ministerio del Interior, a cargo de Fernando Grande-Marlaska, admitió que su Oficina de Comunicación elaboró un dosier con la identificación de decenas de periodistas en el que, además de sus fotografías y trayectoria profesional, se recogían valoraciones sobre su ideología, y su posición.
La clasificación ideológica fue elaborada en secreto en 2024 y la divulgación del mismo en exclusiva corresponde al medio El Confidencial, cuyo director Nacho Cordera y varios de sus periodistas (columnistas y redactores han realizado textos sobre la corrupción que afecta al entorno cercano del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, y que originaron investigaciones en los tribunales.
Las fichas van acompañadas de una foto y comentarios sobre sus trabajos y sus posiciones políticas: “Apoya al gobierno”; “Alineado con posiciones de derechas”; “defiende las políticas del PSOE” y “reconocido antisanchista”, entre otras. También indagan sobre la opinión que tienen sobre la policía, la Guardia Civil y la Ley de Amnistía que se aprobó en 2024.
Ese informe se denomina 'Tertulianos. Radio y televisión", consta de decenas de hojas con los nombres de periodistas a los que Interior investigó de manera individual para establecer su relación con el gobierno de Pedro Sánchez. Entre otros, hay directivos de las asociaciones representativas del sector, como la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).
El primer encargo de la Oficina de Comunicación habría sido a finales de 2023, cerca de Navidad. Se celebró una reunión con una quincena de trabajadores del departamento y se ordenó hacer una clasificación de periodistas, incluyendo sus ideas políticas.
Poco después, un segundo encuentro en el que se perfiló el trabajo con nuevas instrucciones, como incluir fotografías en cada ficha. Además, se dio la orden de que el documento no trascendiera públicamente.
La orden de clasificar ideológicamente a la prensa se topó conla resistencia de una parte del equipo, que manifestó su oposición, advirtiendo que hacer eso era inconstitucional, y se negó a hacer la lista. Pero el documento salió finalmente adelante.
Ese dossier secreto marcó un revuelo en las redacciones de España. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) emitió un duro comunicadosobre la existencia de este documento, cuya veracidad ha reconocido el ministerio de Fernando Grande-Marlaska.
“En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamentea quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información", asevera la FAPE en un comunicado.
"Esta práctica, incompatible con el Estado de Derecho, puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico, dado que los periodistas pueden verse condicionados en su labor profesional al saber que sus informaciones u opiniones son objeto de seguimiento y catalogación por parte del Gobierno", subrayan.
Carmen del Riego, presidenta de la FAPE, pide "que esto no se vuelva a repetir. Condenamosque se estigmatice o se clasifique a los periodistas por su ideología u opiniones cuando están en el ejercicio de su profesión y recordamos al gobierno que la libertad de información es básica en una democracia y la libertad de opinión está amparada en la Constitución. Aparte de pedir al gobierno que abandone esta práctica, pido que los periodistas no tengan miedo, que es lo que pretenden muchos".
La FAPE exige también la “depuración de responsabilidades en el seno de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior” por la elaboración de este dosier secreto.
Este organismo, concreta que resulta "especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas “afines” y “problemáticos” desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional".
La FAPE también exige al Ministerio del Interior el “cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos; garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado como consecuencia de esta catalogación”.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios se han sumado al comunicado de la FAPE. La Asociación de Periodistas de Investigación (API) mostraron su firme rechazo: “Fichar a profesionales de la información por su supuesta afinidad política no es una práctica propia de democracias consolidadas”.
La API solicitó la "destrucción del documento, la depuración de responsabilidades y garantías firmes de que ningún organismo público volverá a someter a los periodistas a este tipo de vigilancia. El periodismo no puede ejercerse bajo la sospecha ni la catalogación del poder al que tiene la obligación de fiscalizar".
Los periodistas Rubén Amón y Juan Fernández-Miranda, otros de los afectados, colaboradores de Espejo Público afirman: "Es intolerable que el gobierno elabore estos informes", destaca Fernández- Miranda.
A este último, se le define como “ideas de derechas” el propio periodista adjunto al director de El Confidencial no se siente identificado con las descripciones: "estoy enormemente sorprendido de que el ministerio del Interior se dedique a hacer listados de periodistas por su valoración ideológica, aparte de acompañarlo con fotos y datos".
"Supone una vulneración de la protección de datos", es un riesgo y, Marlaska, en “vez de hacer su trabajo, se dedica a poner etiquetas sobre los que hacemos nuestro trabajo”, recalca Fernández-Miranda.
Amón, por su parte, a quien en el informe lo encasillan en “Moderado, de centro derecha y críticas al gobierno de tono moderado”, considera que el ministro del Interior debe dimitir.
"Está muy mal, es lo que hace el ministerio ya que compromete a las libertades y derechos y sesga y atosiga a los que no están a sus fines", termina Amón.
En cocnlusión, los periodistas afirmaron que clasificarlos de acuerdo a su ideología constituye una práctica antidemocrática e inconstitucional.
Una portavoz oficial del departamento reconoce la existencia y la veracidad de este documento, pero niega que, Fernando Grande-Marlaska lo haya elaborado. Interior, por su parte, asegura que este documento estaba destinado para consumo interno de la Oficina de Comunicación del ministerio “para conocer los periodistas que estaban en los medios y qué temas abordaban”.
También niegan que se trata de una “lista negra” para señalar o perseguir profesionales.
En el ámbito político. el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, marcó distancias reconoció públicamente de forma escueta que "no le gustan esas listas".
Portavoces del Gobierno coinciden en reiterar su "respeto absoluto a la libertad de prensa", al tiempo que trataban de desviar el foco mediático arremetiendo contra la oposición con reproches sobre ataques históricos a medios de comunicación.
FUENTE: Con información de ElConfidencial/Antena 3/Espejo Público/El Nacional.cat
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