MADRID — Una jueza española abrió una investigación penal sobre la entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas en la ciudad norteafricana de Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio pasado.
La jueza María Tardón dijo que la irrupción de los marroquíes a finales de julio constituyó una conducta delictiva cometida desde el extranjero, parte de una guerra híbrida
MADRID — Una jueza española abrió una investigación penal sobre la entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas en la ciudad norteafricana de Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio pasado.
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón considera que se trata de una “conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”.
En esa entrada, en la que murieron en torno a 140 personas, Tardón detecta indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los homicidios imprudentes, así como de organización criminal.
Tardón aprecia una “clara e indudable gestión favorecedora” desde Marruecos porque agentes de ese país, en la frontera con Ceuta, realizaron un “guiado activo” de quienes cruzaban la frontera con España ilegalmente, algo que indicó la Policía española en un informe que había encargado la propia jueza.
La magistrada percibe una actitud de “permisividad” del comportamiento “constatado y gráficamente contrastado” de las fuerzas de seguridad de Marruecos", según un auto conocido este lunes.
También advierte cómo “los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles” y para “superar los obstáculos”, y hasta organizar el acceso a la zona que conduce a la playa marroquí de Fnideq, a pocos kilómetros de Ceuta.
Así, Tardón detecta indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los homicidios imprudentes, así como de organización criminal.
De acuerdo con el gobierno español, en esa avalancha accedieron a Ceuta más de 70.000 personas, de las que unos 5.000, entre magrebíes y subsaharianos, permanecen en la ciudad. Al menos 2.000 son menores de edad.
Muchos malviven en condiciones precarias en campamentos improvisados en playas de la ciudad, que vive una grave crisis socioeconómica, problemas de seguridad y un malestar creciente de los residentes locales, a la espera de que las autoridades españolas completen su filiación y decidan sobre una eventual devolución a Marruecos.
La jueza recuerda que la “utilización de flujos migratorios” es uno de los métodos utilizados en las actuaciones de “guerra híbrida” para atacar a los Estados.
Tardón afirma que la irrupción de más de 70.000 personas al pequeño territorio español no obedeció a “actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea”.
Pese a la existencia del informe, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, insiste en señalar que no hay “evidencias sólidas” de que Marruecos instigara la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
El sábado pasado, Sánchez ordenó la colocación de carpas en el puerto de la ciudad autónoma para dar cobijo a los migrantes; la medida la tomó pese al rechazo de los ceutís e incluso sin tomar en cuenta un informe de la autoridad portuaria, contrario a ocupar el espacio con las carpas en virtud de que entorpecía las labores propias del puerto.
Las autoridades marroquíes no han respondido al informe, pero la prensa de ese país lo calificó de “chapucero” y “carente de pruebas materiales”.
FUENTE: Con información de EFE/Radio Caracol/Diario Libre/DLA

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