CIUDAD DE PANAMÁ.-dpa
Un informe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos tras la invasión, reportó la muerte de 314 militares panameños, 202 civiles de la misma nacionalidad y 23 soldados estadounidenses
CIUDAD DE PANAMÁ.-dpa
Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Panamá en la revisión de los aspectos inherentes a la invasión estadounidense a ese país iniciada el 20 de diciembre de 1989 para deponer el Gobierno del general Manuel Noriega, acusado entre otras cosas de actividades vinculadas al narcotráfico.
Así lo confirmó este martes en la capital panameña el embajador de Estados Unidos, John Feeley, exsubsecretario adjunto norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, luego de entregar sus cartas credenciales al Gobierno local.
Feeley puntualizó este martes, sobre los reclamos de la invasión, que existe un "espíritu de colaboración y amistad" entre Washington y Panamá.
"La luz y la verdad son los mejores desinfectantes, y cualquier pueblo tiene el derecho de conocer su pasado", subrayó el diplomático estadounidense al ser cuestionado ante los reclamos de panameños afectados por la invasión de Estados Unidos.
Previamente, la Cancillería panameña había anunciado la integración de un comité para tramitar las demandas de la Asociación de Familiares y Caídos en la Invasión de Estados Unidos a Panamá, para presentar posibles reclamos a Estados Unidos.
Trinidad Ayola, dirigente de la Asociación, dijo que "es necesario que Estados Unidos repare los graves daños causados, y responda al clamor de justicia de las viudas, huérfanos y lisiados, y personas que perdieron sus hogares en el infierno de la invasión".
Al respecto, Feeley reseñó que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con el Gobierno de Panamá en ese tema, pero opinó que "Panamá es un país privilegiado porque su historia desde ese momento (la invasión) es de una democracia robusta, fuerte, que mira hacia adelante".
El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos lanzó sobre Panamá la operación "Just Cause" (Causa Justa), en la que participaron 26.000 soldados de las unidades de elite, de los comandos navales, del Ejército y la 82ª División Aerotransportada, así como otros miles de soldados acantonados en bases estadounidenses.
La acción bélica, en la que fueron probados los bombarderos furtivos F-117 Nighthawk y helicópteros de combate AH-64 Apache, fue ordenada por la Casa Blanca sin que hubiese declaración de guerra formal. Ese hecho causó el repudio de la Asamblea General de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, no hubo indemnización o reparación de daños por parte del estado invasor. Se desconoce el número exacto de víctimas, ya que muchos cadáveres fueron arrojados en fosas comunes luego de bombardeos y combates en zonas pobladas de Panamá.
Un informe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos reportó entonces la muerte de 314 militares panameños, 202 civiles de la misma nacionalidad y 23 soldados estadounidenses.
No obstante, organismos de derechos humanos en Panamá estiman que hubo más de 3.000 muertos, así como pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares, sin contar los efectos del bloqueo económico, político y diplomático aplicado por Estados Unidos a este país en la etapa previa a la agresión armada.
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