CARACAS.- JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial

Caracas. 49 venezolanos al día fueron asesinados a lo largo de 2015 por delincuentes que pretendían robarlos, secuestrarlos o a los que simplemente les pagaron para liquidarlos. Así lo aseguró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la cual informó que su despacho contabilizó el año pasado 17.778 homicidios “intencionales y dolosos”.

Las estadísticas, las cuales no dudó en calificar de “preocupantes”, las dio ayer la jefa del Ministerio Público, al presentar su informe anual de gestión ante la Asamblea Nacional.

Tras aseverar que su oficina ha “hecho énfasis y duplicado esfuerzos para lograr el castigo de los homicidios intencionales o dolosos, porque están entre los delitos que más impactan a la sociedad”, la funcionaria anunció en los últimos doce meses sus fiscales han solicitado y logrado que los tribunales dicten 4.465 órdenes de captura contra los presuntos autores de esos asesinatos, pero como ya lo hiciera el año pasado instó a las policías a ejecutarlas.

Esta es la primera vez en un lustro que alguna autoridad informa al Parlamento sobre los índices de muertes a manos del hampa y la segunda en más de seis meses que Ortega Díaz ofrece este tipo de datos. La última vez fue a mediados del año pasado cuando Venezuela se debió someterse a una evaluación ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.

Desde el movimiento de Derechos Humanos se consideró positivo este gesto. Para Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), lo dicho por la Fiscal implica “un reconocimiento de la gravedad de la situación de violencia que sufre el país y eso puede abrir las puertas a un diálogo que ofrezca soluciones (…) la opacidad con la que las autoridades han venido manejando el asunto hasta ahora no ha hecho más que fomentar la impunidad”.

Sin embargo, sobre las cifras como tal, la activista evitó pronunciarse y dijo que prefería “revisar a fondo el informe” para determinar su sinceridad, pero adelantó que el hecho de que Fiscal General hablara solamente de “homicidios intencionales y dolosos” y no especificara si los números que aportaba incluían los enfrentamientos entre presuntos delincuentes y cuerpos de seguridad y los posibles ajusticiamientos le hacía sospechar que las mismas pretendían rebajar el total.

 

 

“Hay que incluir los homicidios y no hacer diferenciaciones”, dijo.

La semana pasada el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización mexicana, dijo que Venezuela era uno de los países más peligrosos del mundo con una tasa de 73 homicidios por cada 100 mil habitantes; y a finales de diciembre el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) aseveró que la tasa era de 90 por cada 100 mil.

Las policías al banquillo

“Es alarmante el número de efectivos policiales que participan en delitos como el secuestro, extorsión, robo, hurto de vehículos y narcotráfico”. Con estas palabras Ortega Díaz justificó su petición para una urgente revisión de los cuerpos policiales y acto seguido mencionó el caso del magistrado jubilado Rafael Rengifo Camacaro, quien fue asesinado por tres agentes de la Policía municipal de Charallave, los cuales los interceptaron para robarle su camioneta.

No obstante, minutos antes la Fiscal General ya había aportado otros datos que revelan que la situación de las policías, y de la Fuerza Armada, no es la idónea, tales como que 1.312 estaban siendo investigados por presuntamente estar incursos en casos de ajusticiamiento, detenciones ilegales y otras violaciones a los Derechos Humanos; y que 132 ya estaban tras las rejas.

Por si fuera poco informó que 29 agentes de la ley están presos por torturar y 503 por infligir malos tratos.

Para la directora de Cofavic la petición de la Fiscal y los datos que aportó revelan que “el modelo policial construido por este Gobierno fracasó”.

A principios de 2015 venció el último proceso de depuración de las policías que puso en marcha el presidente Nicolás Maduro, quien puso al frente del mismo al entonces diputado Freddy Bernal, quien aseguró que había destituido a más de 300 agentes por estar implicados en irregularidades.

El desarme otra vez

Ortega Díaz llamó a la Asamblea, de la que dijo es “el principal foro político del país y órgano de expresión de la democracia, prueba que hay democracia en este país”, a reimpulsar el desarme de la población civil, pues el 82% de los homicidios son cometidos con armas de fuego.

“Las armas de fuego incrementan altamente la ocurrencia de homicidios, son instrumentos de alta capacidad letal y los portadores se encuentran en psicológicamente determinados a llevar a cabo tal hecho criminal. En consecuencia, en acatamiento del mandato constitucional de construir una sociedad amante de la paz, conlleva reducir el comercio y porte de armas de fuego. El desarme de la población sigue siendo un objetivo que debemos lograr, ante lo cual se debe abrir un diálogo”, afirmó.

En 2013 el chavismo aprobó la segunda Ley Desarme desde que llegó al poder. Sin embargo, las palabras de la funcionaria revelan que la misma ha sido inefectiva, pese a que en su anterior informe exhibió como un éxito la inutilización de 15.040 armas y la destrucción de 26.518 en 2014.

El momento simpático del discurso, el cual se extendió por casi una hora, se produjo casi al final, cuando la Fiscal General al citar un extracto de la obra Los Miserables de Víctor Hugo dijo que el autor era nicaragüense y no francés.

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