MIAMI.- Debbie Mucarsel-Powell, la congresista demócrata por el distrito 26, está haciendo un recorrido por sus predios electorales para hablar, cara a cara, con la gente sobre el impacto que podría tener en la salud de miles que la Corte Suprema tumbe toda la Ley de Salud Asequible (ACA, por su nombre inglés), aprobada en 2010, durante el primer período presidencial de Barack Obama.

Según Mucarsel-Powell, lo que más preocupa es el tema de los padecimientos médicos (conocidos como “preexistencias médicas”). De acuerdo con la representante, en su distrito hay 300.000 personas con problemas de salud que, si se cae el también llamado Obamacare, no podrían adquirir un seguro médico. Además, un total de 100.000 reciben subsidios del ACA, los cuales les permiten tener acceso a un plan de salud.

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La representante federal presentó un proyecto de ley que busca proteger a quienes tienen “preexistencias médicas”, acabar con los llamados “planes basura”, que, según la congresista, “aumentan los costos médicos y no tienen ningún tipo de cobertura de hospitalización”.

La propuesta, además, tiene el objetivo de reducir las cuotas mensuales del seguro, “al garantizar que haya los subsidios del Gobierno para proteger tanto a los familias con ingresos muy bajos, como a las de clase media”, precisó la representante, quien también es la presidenta del Comité de Mujeres de la Bancada Hispana en la Cámara.

Pero la congresista sabe que en el Senado esa propuesta se puede estrellar con la negativa de su presidente, el republicano Mitch McConell, quien tiene en su poder la decisión de llevarla a votación.

“No es el tema más importante de los republicanos en el Senado”, enfatizó Mucarsell-Powell.

Sin embargo, el presidente Trump encargó al senador republicano y exgobernador de Florida, Rick Scott, “a que se ponga a la cabeza de los planes de salud en el país".

Mucarsell-Powell criticó al exgobernandor por no permitir la expansión del Medicaid en la Florida.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la congresista acerca de estos puntos y otros relacionados con los proyectos de transporte en Miami-Dade y el tema migratorio.

-Los republicanos de Florida opinan que esos fondos para la expansión vienen con condiciones onerosas para el Gobierno estatal, porque éste, al final, terminará pagando la cuenta. Ellos argumentan que los recursos para el Medicaid son temporales y cuando se acabe el subsidio federal, el estado tendrá que asumir ese gasto.

El subsidio federal continuará si hay los fondos necesarios para cubrir el Medicaid. Trump quiere cortar los fondos de Medicaid y Medicare, está en el presupuesto que anunció hace dos semanas. Es obvio que si reducen esos servicios, los estados tendrán que decidir cómo van a cubrir a sus residentes. Tenemos que mantener las protecciones del ACA porque hay muchos casos de vida o muerte.

-¿Qué efecto práctico puede tener su proyecto de ley en la Cámara?

Estamos tratando de tener apoyo bipartidista en la Cámara. Y siempre preguntamos quién en el Senado nos puede acompañar, no solo demócratas sino republicanos, algunos de ellos nos apoyan. El problema es McConell, que no pone el tema en la agenda. Y ahí tienen que ser los mismos senadores quienes lo presionen para que someta ese tema a votación. Ese es el trabajo de ellos, nosotros hacemos el nuestro.

-Usted es miembro del Comité de Transporte e Infraestructura. Ahí se tendrán que aprobar fondos para los proyectos de transporte de Florida y, en especial, de Miami-Dade. ¿Cómo ve el tema de la posible financiación de tales proyectos en el Condado?

Yo no puedo pedir dinero específico para mi distrito, porque no hay partidas especiales. Los proyectos que financia el Gobierno federal son proyectos generales en diferentes regiones del país. Mi región es Georgia, Florida y el sur. Podemos aprobar dinero federal que después va a las agencias estatales y éstas los distribuyen en los proyectos específicos. Nosotros no tenemos el poder de decir que el condado Miami-Dade reciba equis cantidad. Pero lo que sí quiero hacer es traer a Miami al presidente del comité de transporte para que vea los problemas de tráfico que tenemos en el condado. Una de las cosas que él me dijo es que yo puedo enviar todo el dinero que quiera a la región, pero si no se utiliza de la manera como fue destinado, entonces ahí ya no tengo control sobre esos fondos. Hay ciertas cosas de las que se puede encargar el Gobierno federal, algunas rutas, los puertos, infraestructura. Yo no tengo poder de decisión dentro de los departamentos locales. Pero puedo presionar, (por ejemplo) si en el corredor del sur ya fue aprobado que sean autobuses, entonces que adquieran vehículos eléctricos.

-¿Hay fondos federales para adquirir esos autobuses?

-Si, son partidas especiales.

-¿Es cierta la afirmación que hacen algunos políticos en el condado de que definitivamente no hay fondos federales para el transporte?

No es verdad. Si hay dineros, los podemos encontrar. Es más: creo que se ha enviado dinero federal para transporte pero no se ha manejado de una manera eficaz.

-A usted y a otras congresistas no las dejaron entrar a un centro de detención de menores, en Homestead, financiado con fondos federales. Por ley ustedes tienen la potestad de supervisar como se gastan esos recursos. ¿Por qué pasó eso?

Cuando estuve ahí [en el centro de detención de menores en Homestead] en febrero, salí sumamente preocupada porque vivían chicos, en un área reducida, en la que había 150 literas. Eso no se me borra de la mente. Ahora buscan poner 1.000 camas más, en un centro donde ya hay 1.600 niños y es manejado por una compañías que le cobra al Gobierno federal. El miércoles pasado la oficina de Debbie Waserman Schultz llamó para decirles que querían visitar el centro de detención. Cuál es el plan, por qué quieren aumentar las camas, por qué no están reunificando a esos chicos, en vez de aumentar se debiera estar reduciendo el número de camas. Nosotros podemos ir en cualquier momento, tenemos a la ley de nuestro lado. No nos quisieron dejar entrar, y eso nos preocupa mucho más porque ¿Qué están escondiendo? ¿Por qué no nos están dejando entrar? ¿Cuál es el plan, por qué están utilizando esta compañía? Se supone que es un refugio temporal de emergencia, pero cuando estuve ahí en febrero se notaba que estaban haciendo cosas para mantener a los niños por mucho tiempo. No tenían planes de reunificarlos. Su promedio de estadía son más de 60 días. Hubo un acuerdo en 1997, en el que los menores de 18 años no debieran estar detenidos por más de veinte días.

-¿Qué tan grave es la situación de las familias o de los menores que no llegan acompañados a la frontera?

La crisis migratoria se ha empeorado porque el Gobierno de Trump no está procesando los pedidos de asilo de las familias que vienen del otro lado de la frontera. Hay una ley que dice que si tú estás pidiendo asilo puedes entrar al país a gestionarlo. Los demócratas, y eso me incluye, creemos que debemos proteger la frontera. Pero esto no nos impide tener una política humana, lidiar esa crisis con compasión. El problema de inmigración que tenemos en este momento, con cero tolerancia o no, va a continuar. Trump decidió separar a las familias, y qué vimos, no detuvo [la ola migratoria], porque la gente está desesperada. Es lo que pasa en Venezuela: a Trump y a los republicanos les encanta hablar de Venezuela, pero no les dan estatus de protección temporal a los venezolanos que viven aquí indocumentados. Y tampoco están procesando ningún tipo de pedido de asilo.

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