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MIAMI.- María Elena Alpízar, una exiliada cubana de casi 80 años y reconocida activista de derechos humanos que ha fungido como portavoz en el exterior del grupo opositor Damas de Blanco, padece en su propia piel el drama que enfrentan millones de venezolanos por la grave crisis humanitaria que azota a la nación donde viven sus hijos y nietos.
Los nexos de esta familia, afectada por el exilio, tienen un rasgo particular y es que María Elena fue separada de sus hijos de manera forzosa por el régimen de la isla cuando ambos eran apenas dos adolescentes y ella cumplía una condena por su labor disidente. Nunca más los ha podido volver a ver personalmente. El castigo fue una represalia por su activismo político.
A pesar de su avanzada edad y serios problemas de salud, María Elena intenta aliviar la situación en la que sobrevive su familia en Venezuela, envíandoles alimentos, medicinas y otros insumos. Así, recolecta ayuda con esfuerzo porque es una persona de recursos limitados y cada cierto tiempo, cuando ha logrado acopiar una cantidad considerable de productos, se los hace llegar a sus familiares a través de una agencia de envíos.
Sin embargo, durante poco más de 72 horas, María Elena Alpízar temió por el destino de la ayuda que había logrado colectar para sus hijos y nietos en Venezuela, y no precisamente porque hubiera desistido de enviarla. El obstáculo se presentó porque el edificio para personas de bajos ingresos donde reside la activista en La Pequeña Habana, está en proceso de reparación.
Según relató a DIARIO LAS AMÉRICAS, cuando fue avisada por el personal que asiste a los ejecutores de las obras de construcción de que en algún momento debía cambiarse de apartamento para facilitar el plan de obras, María Elena les advirtió de la necesidad de programar su traslado con tiempo para tener la posibilidad de empaquetar los artículos y entregarlos a la agencia de envíos que los transporta con destino a sus hijos en Venezuela.
Según el testimonio de María Elena, le habían informado que su traslado de apartamento podía suceder para mediados del mes de septiembre y, en consecuencia, programó la recogida de alimentos y artículos teniendo en cuenta esa fecha. No obstante, de forma inesperada para ella, sólo con cinco días de anticipación fue informada de que el martes, 13 de agosto, tenía que dejar libre su apartamento para permitir que entraran los constructores a implementar las labores de reparación.
Alpízar, quien se vio obligada a abandonar su país hace 12 años, después de haber sido “muchas veces” arrestada por su labor con la organización Damas de Blanco, aseguró que ante tanta premura, por un momento quedó sin saber qué hacer con todo lo que tiene comprado para sus hijos, uno de ellos, aquejado de un “mal incurable”.
Una situación compleja
A solicitud de Alpízar, DIARIO LAS AMÉRICAS visitó el apartamento en donde la opositora cubana vive sola desde hace nueve años, en cuya sala pudimos ver alimentos, ropa, medicinas, calzado e incluso un pequeño refrigerador que —acorde con su testimonio— utilizaba para elaborar “heladitos” que vendía entre los vecinos del complejo de edificios Smathers Plaza, hasta que sus problemas de salud le impidieron continuar con esa labor.
“Eso lo hacía aquí en el edificio para poder ayudar a mis hijos, que están en un país en el que no encuentran medicinas ni comida”, señaló visiblemente emocionada.
La activista afirmó que inicialmente le habían conferido un plazo de “más de dos meses” para mudarse temporalmente a otro apartamento en las plantas bajas del edificio, pero —aseveró— “después la encargada de todo ese proceso, una señora de nombre Betty Gutiérrez, me dijo que solo tenía hasta el martes [13 de agosto] próximo para salir de aquí”.
Desde el miércoles, 7 de agosto, DIARIO LAS AMÉRICAS intentó comunicarse con Betty Gutiérrez, de la firma Related Urban, a través de un número telefónico que aparece en un aviso colocado en la pared del edificio. Sin embargo, ni dos llamadas telefónicas ni un mensaje de texto habían sido respondidos hasta el mediodía de este jueves, 8 de agosto.
Según Alpízar, las ayudas que cada tres o cuatro meses envía a sus dos hijos en Venezuela son recogidas por una compañía de transporte de carga que tiene una agenda prestablecida con fechas de recogida en casa de sus clientes. Entonces, se preguntaba, “¿qué voy a hacer con todas estas cosas que necesitan mis hijos por la crisis que padecen en Venezuela?”.
Explicó que la situación más compleja es la de su hijo José Ramón Tatte Alpízar, de 51 años, quien padece el síndrome de Asperger y, además, “problemas depresivos”, agravados por las condiciones en las que sobreviven los habitantes del país sudamericano. Los hijos de la activista están radicados en Venezuela desde hace 36 años. El menor, César Alejandro, tiene 48 años.
“Mis hijos fueron expulsados de Cuba porque yo era la única negra contrarrevolucionaria que se enfrentaba al régimen de Fidel Castro, en los años 60. Ahora ellos dependen mucho de mí a pesar de que estoy muy enferma. Por ejemplo, anoche no pude dormir pensando en esto y amanecí con el azúcar por el suelo”, subrayó.
Explicaciones y respuesta
DIARIO LAS AMÉRICAS también se dirigió el miércoles, 7 de agosto, a la administración del complejo de apartamentos para obtener información sobre la denuncia pública presentada por la opositora cubana, pero no encontró a la administradora que, según dos empleadas del lugar, tenía “el día libre”.
Tras regresar la mañana de este jueves, Nancy Alcindor, manager de la propiedad, indicó que no tenía permiso de sus superiores para hablar con la prensa. “Los jefes no quieren que ingresen periodistas a este lugar”, nos dijo en tono amable.
Momentos previos a la publicación de la queja, María Elena Alpízar notificó a la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS que el señor Sherill Saki, regional manager de la firma TRG Manegement Company, se comunicó con ella para aclarar que había habido un “mal entendido” acerca de la orientación de no recibir a la prensa.
Asimismo, Alpízar se mostró satisfecha con la solución propuesta por el manager de la firma, quien “se comprometió a enviar personal necesario el día fijado para la mudanza”, de manera que la inquilina, a pesar de su delicado estado de salud, cuente con la ayuda necesaria para facilitar el traslado de sus pertenencias. También se le extendió el plazo para salir del apartamento hasta el viernes, 16 de agosto.
En cuanto al destino de la ayuda que tiene reservada para sus hijos en Venezuela, tras comunicarse con la agencia a través de la que habitualmente realiza los envíos y explicar la eventualidad, Alpízar consiguió adelantar la recogida de los insumos para el lunes, 12 de agosto, según dijo.
De acuerdo con el sitio web de Miami-Dade, Smathers Plaza es un complejo del Condado adscrito a Public Housing Division, que consta de dos edificios de 14 y 6 pisos, con apartamentos de bajo costo de un solo cuarto. El lugar es administrado por la firma TRG Manegement Company.
“Aquí me han tratado siempre muy bien, no tengo ninguna queja. Yo pago menos de 200 dólares de renta porque mis ingresos mensuales no superan los 800 dólares”, manifestó Alpízar.
No obstante, acotó que “no puedo adaptarme al mal funcionamiento de ninguna compañía ni de ninguna empleada porque si a ella [Betty Gutiérrez] sus jefes le dijeron que el piso nueve se mudaba dentro de dos meses, cómo es que luego planteaba darme solo plazo de una semana para mudarme”.
En dos pancartas situadas al frente del complejo habitacional puede leerse que la Ciudad de Miami destinó unas partidas para la reparación de los edificios.
En una primera fase de los trabajos —según los avisos—, el aporte económico de las arcas municipales fue de 2 millones de dólares y para una segunda fase se adjudicó la suma de 698.000 dólares.
Al cierre de este artículo, María Elena Alpízar ratificó a DIARIO LAS AMÉRICAS sentirse satisfecha con la solución ofrecida por la empresa para brindarle ayuda en esta “emergencia”, que podría haber afectado a sus hijos en Venezuela.