MIAMI.- Decenas de activistas de grupos civiles y religiosos protestaron este domingo frente al centro para niños inmigrantes de Homestead, al sur de Miami y pidieron el cierre del albergue de Florida.

En medio de la lluvia, los manifestantes urgieron parar la detención de menores, entre las edades de 13 y 17 años, que arriban a la frontera sur del país sin padres o tutores legítimos, entre ellos los de Homestead, que con capacidad para 3.200 niños es el albergue más grande de su tipo en EEUU.

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La llamada Marcha para terminar la detención de niños fue convocada por una coalición de grupos religiosos y civiles, entre ellos el Centro de Acción Religioso.

El hogar, administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), ha sido blanco de fuertes críticas por la demora que significa el proceso de adjudicación de menores y el cordón de hermetismo creado a su alrededor.

No obstante, las autoridades del centro de acogida aseguran a la prensa que los menores “son bien atendidos y que el proceso de ubicación es largo, dada la condición de que son menores de edad y es necesario encontrar familiares, amigos o personas interesadas que cumplan con los requisitos establecidos”.

El pasado 7 de junio la congresista Debbie Mucarsel-Powell, que representa el distrito donde se encuentra de centro de refugiados,pidió la renuncia del secretario del HHS, Alex Azar, por la crisis humanitaria que afecta a niños inmigrantes separados de sus familias.

La demócrata lamentó la muerte de al menos seis menores en el país, que fallecieron durante los primeros días de estancia en el país luego de una larga travesía por Centroamérica y México, y se refirió "al hermetismo que rodea las condiciones del albergue" para menores de Homestead, al que según dijo el HHS le ha negado "varias veces" la entrada para "supervisar" el bienestar de los menores.

El centro Homestead "es un símbolo de todo lo que está mal" con la Administración del presidente Donald Trump, agregó la congresista.

En mayo pasado, las autoridades detuvieron a 132.887 personas por entrar ilegalmente al país, casi tres veces más que los 51.862 del año pasado.

De los detenidos por cruzar ilegalmente, 11.507 eran menores sin la compañía de un familiar adulto y 84.542 formaban parte de grupos de familias en los que hay al menos un menor de edad.

FUENTE: Con información de EFE

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