MIAMI.- La espera del centenar de agresores sexuales en el campamento de la calle 71 del noroeste de la ciudad continúa. Así al menos lo asegura el vicealcalde de Miami-Dade, Maurice L. Kemp, en un memorando dirigido a Legal Service of Greater Miami, en el que plantea que “tras arribar a la fecha límite del 6 de mayo… el Condado Miami-Dade no comenzará a tomar medidas coercitivas”, de orden policial, “hasta al menos el jueves 10 de mayo”.
De hecho, la ley condal de Miami-Dade, Sec. 21-286, establece que pernoctar en la vía pública está prohibido y que la persona que viole esta disposición será advertido primero de la infracción y más tarde desalojado por la Policía si es necesario.
No obstante, la ordenanza también plantea “que cualquier persona sin techo, como lo define el estatuto 583.5, que viole la disposición de no pernoctar en la vía pública debe ser ofrecido primero la oportunidad de ir a una casa de acogida, si hay espacio disponible en el lugar”.
“La cuestión es si los estos agresores sexuales, que ya cumplieron sus condenas, son considerados homeless, o sin techo”, argumentó el abogado Ricardo Menéndez, quien ha mostrado interés en el caso de desamparados en nuestra ciudad.
Para Camillus House, estos individuos no cumplen con los requisitos del albergue condal para ser aceptados como sin techo, lo que hace la situación aún más complicada.
“Tal como indicamos antes”, continúa el memo firmado por el vicealcalde, “Miami-Dade tiene la intención de reevaluar la situación del campamento tras el cumplimiento de los 45 días" dados el pasado 22 de marzo, cuando el alcalde Carlos Giménez señaló que estudiaría el caso, mientras exhortaba a los acampados a "irse a otro lugar".
Entretanto, varios de ellos se han mudado a un área despoblada, entre la avenida Krome y la calle 88 o Kendall Drive, donde ya pernoctaban otros desamparados.
“El Condado no le ha pedido que se muden a un lugar u otro. Sólo les han dicho que no pueden seguir allí”, señaló Stephanie Severino, asistente del director condal de Comunicaciones.
Una ordenanza adoptada por la Comisión de Miami-Dade, en 2005, establece que las personas convictas por delitos relacionados con abuso sexual a menores, aún después de cumplir las sentencias, no pueden residir a 2.500 pies de una escuela, jardín infantil, parque o a 1.000 pies de una parada de bus escolar.
“Antes de aplicar la ley, que es preventiva, la autoridad condal debería tener un plan para evitar este problema de asentamientos ilegales que no son nuevos”, señaló el abogado.
“Hace apenas un par de años tuvimos una situación similar en el puente del MacArthur Causeway. Es justo que sean vigilados y monitoreados para que no vuelvan a cometer violaciones, pero no olvidemos que ellos son seres humanos y debemos buscarles soluciones”, subrayó.
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