“Pero nosotros no podemos identificar si esa persona es indocumentada. Nosotros no podemos decir cuántas personas sin estatus migratorio detuvimos el año pasado”, explicó Giménez. “Son las agencias federales las que nos dicen si están interesadas en una persona que está bajo nuestra custodia”, precisó.
Giménez, por lo tanto, no ha cambiado su opinión desde que el pasado 19 de febrero la comisión del condado Miami-Dade aprobó una resolución que, básicamente, ratificó la orden dada por el alcalde al sistema de prisiones condal: que iba a cumplir los requerimientos de ICE (agencia de inmigración y aduanas) de retener a un indocumentado 48 horas más allá del tiempo reglamentario.
“La decisión mía simplemente era que cuando una persona está arrestada en el Condado nosotros les damos la información a todas las fuentes federales, son ellos los que dicen que tienen interés en una persona. Pero tiene que estar arrestada por la policía del condado. Porque nuestros agentes no son ni serán agentes de inmigración”, reafirmó el alcalde.
Ante el peligro de que un indocumentado sea detenido por una infracción de tránsito y termine en deportación, el alcalde dijo que “tenía la duda de que una persona que se pasó un semáforo en rojo vaya a ser arrestado por un oficial. No va a preguntar si tiene papeles o no. Si lo detiene es porque tuvo que haber hecho otra cosa. Y si lo pide ICE es porque ya tenía antecedentes, el gobierno federal ya conocía a esa persona”.
Giménez cree que a los indocumentados que llevan 15, 20 o 30 años en este país, que no han cometido delitos, deben tener un ajuste en la ley de inmigración “son miembros de nuestra comunidad por años, necesitan un tipo de seguridad que les permita salir a la luz. Debe haber un acuerdo entre demócratas, republicanos y el gobierno”, acotó.
Vivienda asequible
Otro de los temas polémicos en el condado, es el de la vivienda asequible o pública. Ha habido informes de prensa sobre recortes importantes a ese tipo de programas.
“Si ha habido disminución en los fondos es porque el Gobierno federal ha reducido su participación”, respondió Giménez. Y complementó: “Aquí en el Condado tenemos 50 millones de dólares este año para vivienda pública destinada a personas de bajos recursos. Y hay 100 millones de dólares adicionales para proyectos que no han empezado, o no han finalizado, que vienen del año pasado. Por lo tanto, en total hay 150 millones de dólares para este tipo de programas”.
El desarrollo económico es la base de toda su propuesta de gobierno. Porque conlleva nuevos empleos, innovación, entrenamiento de la fuerza de trabajo para una economía diversificada.
Eso va muy de la mano con la lucha contra la violencia juvenil. “Estamos trabajando con el sistema escolar, con la fiscalía, desarrollamos diferentes programas innovadores, convertidos en modelo para el resto de la nación”, indicó Giménez.
Para el alcalde ese esfuerzo de sacar a un joven del riesgo de ser víctima de la violencia o victimario, debe ser un compromiso de la comunidad, el sistema escolar, la policía. “No hay una solución simple. Es un problema complicado. Hay que darles trabajo a esos jóvenes”, subrayó.
Hay un programa llamado “Employ Miami-Dade”, descrito por Giménez como una iniciativa en la que “vamos a las áreas donde hay desempleo muy alto, tocamos las puertas, ofrecemos empleos en construcción, hotelería, cocina, entrenamos a esos jóvenes para que tengan un empleo. Tenemos 700-800 que se han graduado”.
Empiezan desde abajo, pero dependerá de su talento, de su persistencia y disciplina para que asciendan y logren consolidar su desarrollo profesional.
“No tengo bases legales para negar a Odebrecht”
La empresa brasilera Odebrecht ha estado en el ojo del huracán en varios países de América Latina, por cuenta de varios hechos de corrupción en la que se ha visto involucrada ese gigante de la construcción de obras civiles.
En el Condado Miami-Dade tiene varios proyectos. El alcalde Carlos Giménez dice ser consciente de la situación en Brasil. “Odebrecht USA es una compañía distinta a la que hay en ese país. Les he preguntado a los abogados del condado si eso tiene que ver con la compañía de aquí y si podemos hacer algo en su contra, pero ellos me dicen que no porque son entidades separadas”.
En el proceso de licitación, según lo explicó Giménez, hay un comité que evalúa y escoge la propuesta ganadora. “No se le puede negar un contrato a Odebrecht USA por el hecho de que esa compañía en Brasil esté involucrada en hechos de corrupción. No tengo las bases legales para negar a esa empresa”, complementó.
Varios de esos proyectos fueron concedidos por MDX, la autoridad de autopistas de Miami-Dade encargada de mantener y desarrollar nuevos proyectos a partir de los peajes que recoge en las cinco autopistas condales que están a su cargo.
¿A dónde va el dinero?
Pero hay autopistas estatales, como la Palmetto, en la que quieren hacer un carril express, con peaje incluido, al igual al que existe en la I-95, vía interestatal. Ese dinero recolectado no se queda en el Condado. “Es lamentable porque le hemos preguntado al estado sobre las ganancias de los express lanes de la I-95 y nunca nos han dado una respuesta. Y ahora encontraron que la ganancia anual es de 25 millones de dólares”, aseveró Giménez. “Todo ese dinero, por ley, se debe quedar en el condado. Eso es algo que le vamos a preguntar otra vez al Estado para tener una contabilidad de los gastos y los ingresos de esos carriles express”, añadió.
Cuando se habla de ingresos, hay otro tema polémico: la utilización del medio centavo, un impuesto que fue aprobado por los votantes en 2002 con el fin de desarrollar nuevos proyectos de transporte.
Ese impuesto, que tuvo como contraprestación dejar el Metro-mover gratis, ha sido blanco de agudas críticas por parte de varios comisionados condales. Una de ella es que el medio centavo se ha utilizado más para cubrir costos de operación que el desarrollo de nuevos proyectos de transporte.
El alcalde tiene una percepción distinta. Cuando fue comisionado de Miami-Dade, en 2003, dijo que ese impuesto no podría financiar ocho proyectos distintos de transporte que se querían construir en el condado. “El medio centavo se requiere para ciertas operaciones. Si no lo tuviéramos, hay ciertos servicios que no podríamos mantener”, advirtió.
Anunció que para 2020 se autorizarán 30 millones de dólares – de los 200 millones anuales que se reciben por concepto del medio centavo- para operaciones que ya existían antes de ese impuesto. El resto se dedicará a operaciones que aumentaron después del impuesto y para reserva de capital.
De todas maneras negó de manera enfática que el medio centavo se hubiera establecido sólo para proyectos de transporte. “Era parte del plan, pero la parte más costosa. Nunca ese tributo iba a lograr terminar tales proyectos”.
No hay acuerdo
Giménez reveló que a pesar de haber acuerdo político en sacar adelante el llamado Smart Plan (seis rutas de transito rápido y masivo, que se construirían en los cuatro puntos cardinales del condado) aún no es claro cuál será el orden el que se desarrollarán. “Aún no hay acuerdo, ni en la comisión ni en el MPO, [la agencia que diseña la estrategia de transporte del condado] de cuál será el primer proyecto”, puntualizó.
No está de acuerdo en que sea posible ejecutar el Smart Plan sólo con dineros locales y estatales, como lo ha planteado el vicepresidente del MPO, el comisionado de la ciudad de Miami, Francis Suárez. “¿Por qué se va dejar un 50% en la mesa?”, se preguntó el alcalde. “Si no recibiéramos fondos del gobierno federal, el Estado limitarìa su contribución al 12%. Eso querría decir que el 87% tendría que venir de fondos locales”, alertó.
