viernes 13  de  enero 2023
FLORIDA

Miami-Dade: ¿De supuesta "ciudad santuario" a condado antiinmigrante?

El silencio de los comisionados del condado Miami-Dade ante la comunicación del alcalde Carlos Giménez en la que pide a los funcionarios de las cárceles que cumplan con el Gobierno federal evidencia "una comunidad muy dividida"

Diario las Américas | SERGIO OTÁLORA
Por SERGIO OTÁLORA

MIAMI.- Con la orden dada por el alcalde Carlos Giménez, del Condado Miami-Dade, a las cárceles para que cumplan con los requerimientos del presidente Trump relacionados con las llamadas “ciudades santuario”, el edil se pone en una situación de aceptación implícita de toda la lógica que hay detrás de esa polémica orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca.

Y lo más complicado para él y las fuerzas de Policía del Condado: se intensifican las manifestaciones contra su medida, al igual de lo que está sucediendo en el resto del país con el veto del presidente Trump a la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana, con el argumento de que están tomando medidas preventivas para evitar un atentado terrorista como los sucedidos en Francia o Alemania.

Howard Simon, el presidente de la Asociación de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), precisó en entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS, que “la amenaza del presidente Trump de cortar dineros federales a los condados, es vacía. No tiene autoridad para hacer eso”. A lo que se refiere es a la advertencia que hizo la Casa Blanca, en su orden ejecutiva emitida el pasado miércoles, en la que afirmó que “las jurisdicciones que no cumplan con la ley federal no recibirán fondos federales, a excepción de lo ordenado por la ley”.

Detrás de esa orden hay un diagnóstico que no tiene evidencia empírica: “[las ciudades santuarios] han causado un daño inconmensurable al pueblo estadounidense y al tejido mismo de la República. Decenas de miles de extranjeros [indocumentados] en proceso de deportación han sido excarcelados a lo largo del país […] Muchos de esos extranjeros son criminales que han estado en cárceles locales, estatales y federales”.

¿Terminó el alcalde Giménez, muy a su pesar, plegándose a esa interpretación de lo que ha sido el proceso migratorio en el país? “Lamento que el alcalde haya actuado de manera tan rápida. Me gustaría reunirme con él para que pudiera reconsiderar esa orden, o por lo menos para que no la implementara mientras hace claridad de si el presidente tiene alguna autoridad de implementar esa orden ejecutiva”, expresó Simon.

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Él se refiere a la comunicación que envió Giménez, el jueves pasado, en la que les pide a los funcionarios de las cárceles que cumplan con el Gobierno federal. Es decir, que si hay un detenido que deba seguir en poder de las autoridades porque así lo requiere ICE (la agencia de inmigración y aduanas), el Condado seguirá esa orden así no haya una orden de detención por parte de un juez, o una causa probable para mantenerlo encarcelado.

Silencio

Cuando se trata de publicitar sus ordenanzas o acciones en sus distritos, los comisionados envían comunicados a los medios y también hacen uso de las redes sociales.

Esta vez la mayoría de los comisionados, con algunas excepciones, han brillado por su silencio. DIARIO LAS AMERICAS quiso hablar con varios de ellos, pero no obtuvo respuesta. Y esto se puede deber a que, como lo dijo la comisionada Daniella Levine Cava, del distrito 8, “estamos en una comunidad muy dividida. La mayoría puede estar molesta [con la decisión del alcalde), pero otra parte no”. Según ella, hay mucho temor, el presidente lo ha capitalizado a su favor, y hay “gente que está dispuesta a desconocer las libertades civiles ante el miedo que tiene”.

Levine Cava le dirigió una carta a Giménez para que el edil aclare en qué medida obedecer las órdenes del presidente Trump “podría continuar nuestro importante récord de cuidar la comunidad y evitar la injusta sospecha motivada por la apariencia racial”.

Tanto la comisionada como el presidente de la ACLU Florida están de acuerdo en que, al final, serán las cortes las que tengan la última palabra. Según Simon, ni el Congreso ni la Corte Suprema le dan autoridad al presidente para cortarles a los gobiernos locales fondos federales.

Lo que sí es claro es que el Departamento de Policía del condado Miami-Dade no ha ejercido tareas de inmigración. Cuando detiene a alguien no pregunta su estatus migratorio. Pero Giménez, con su orden, “ha abierto una puerta porque la orden ejecutiva del presidente Trump dice que las comunidades locales no recibirán dineros [del Gobierno central] a menos que colaboren con las autoridades federales. ¿Eso qué significa?”, se pregunta Simon.

DIARIO LAS AMÉRICAS buscó también la opinión del director de comunicaciones del condado Miami-Dade, Mike Hernández, pero no respondió al pedido de entrevista.

“Encerrar a la gente sin razón aparente lleva a la disminución de la confianza en nuestro sistema de policía y de prisiones, y lleva a la no cooperación”, insitió Levine Cava. Ella no cree que la decisión de Giménez haga de Miami-Dade una comunidad antiinmigrante. “No creo que vayamos en esa dirección, creo que todo lo contrario”, recalcó.

Simon espera que además de la acción de las cortes sean también los senadores y representantes los que hagan oír su voz. Y que la comisión entienda que mantener a una persona detenida de manera indefinida no es un asunto de dinero (la comisión decidió en 2013 que el Gobierno federal debía reembolsarle al Condado el tiempo que alguien estuviera encarcelado más allá del tiempo indicado por la ley) sino “un asunto de derechos humanos. El Condado ha debido hacer lo que hicieron otros condados en el país: si quieren que mantengamos detenidas a las personas, pidan una orden de captura”, indicó.

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