Mientras el Condado Miami-Dade se prepara para recibir una nueva oleada de migrantes cubanos, un número indeterminado de familias centroamericanas del sur de la Florida, que podrían tener órdenes finales de deportación, vive horas de angustia ante la posibilidad de ser expulsadas a sus países de origen.
Hasta el momento de escribir este informe, ninguna de las organizaciones pro inmigrante del Estado del Sol había reportado detenciones o deportaciones de indocumentados. Pero los activistas están haciendo reuniones informativas para ilustrar a los inmigrantes sobre sus derechos. Sin embargo, DIARIO LAS AMÉRICAS habló con una testigo que vio como hubo una redada de la Autoridad de Inmigración y Aduanas, en la Coral Way con la avenida 22 del suroeste, este pasado 2 de enero, cuando los agentes se llevaron a dos gemelas, una de ellas embarazada. “Ellas no tenían orden de deportación, supuestamente no iban por las dos mujeres, pero de todas maneras se las llevaron”, afirmó la testigo
“Nos preocupa que las autoridades de inmigración utilicen esto[las órdenes de deportación] como un pretexto para hacer redadas generales en la comunidad”, enfatizó Jonathan Fried, director de la organización We Count. “Es importante que las personas estén atentas y sepan cómo ejercer sus derechos”, añadió.
El sur de la Florida sería una zona de alto riesgo para las deportaciones porque a este Estado han llegado familias y jóvenes huyendo de la violencia de El Salvador, Honduras o Guatemala. Como se recordará sólo en el año 2014 llegaron a Estados Unidos por la frontera, sin un acompañante, procedentes de esos tres países, 51.705 menores de edad, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Unos se reunificaron con sus familias, otros fueron enviados por padres, tíos o abuelos, acosados por la violencia. Muchos de ellos quedaron en un limbo migratorio, y podrían tener órdenes finales de deportación. Varios viven y trabajan en el Condado Miami-Dade.
Leyes polémicas
El próximo 12 de enero arrancan las reuniones legislativas del Congreso estatal. Dentro del paquete de proyectos de ley, hay por lo menos tres que resultan preocupantes para la comunidad inmigrante.
El proyecto SB 150, que buscaría incrementar las penas para los indocumentados que cometan delitos. El SB 118, que convertiría en delito grave el permanecer en el Estado a pesar de que un indocumentado tenga orden final de deportación. Quien fuera sorprendido por la ley, sería condenado a 15 años de cárcel y a una multa de 10.000 dólares. A propósito, la iniciativa SB 872, les daría a las autoridades de policía del Estado la potestad de verificar el estatus migratorio a quienes detuvieran por cualquier razón.
El SB 118 tiene su versión en la Cámara, patrocinada por el representante republicano, cubanoamericano, Carlos Trujillo. De acuerdo con María Rodríguez, directora de la Coalición Inmigrante de Florida “estamos viendo que, como en otros momentos, algunos políticos utilizan a los inmigrantes como chivos expiatorios para avanzar sus carreras políticas en los sectores más retrogrado del electorado”.
Tanto esta organización como las demás que funcionan en el Estado, tienen planes de protestar e incluso ir a Tallahassee para, como dice Rodríguez, “no quedarnos callados ante los ataques a las familias trabajadoras que laboran en las industrias más importantes de la Florida”.
Sistema fracasado
“Si el bipartidismo reconoce que hay un sistema fallido, por qué se van a invertir millones de dólares en hacer cumplir una ley que se entiende que no funciona”, se preguntó Rodríguez quien estaría de acuerdo en que hubiera una moratoria para las deportaciones.
El caso de Carmen [cambiamos su nombre por petición de la entrevistada], nacida en Honduras y que vive aquí, indocumentada, desde hace 14 años, es un caso típico. Durante todos esos años no vio a sus dos hijos mayores, a quienes entró por la frontera en 2014. Ahora, la niña tiene 18 y el niño, 16.
Tiene dos hijos más, nacidos en Estados Unidos, y durante todo este tiempo ha trabajado en varios oficios. Ella ya forma parte de este país, quisiera tener la posibilidad de conseguir un trabajo mejor, pero su condición de indocumentada no se lo permite. “Estoy con miedo, cada vez que llevo a mis niños al colegio no sé qué va a pasar”, cuenta.
De acuerdo con la directora de la Coalición Inmigrante de la Florida, “no hay un reconocimiento claro de que el crecimiento de nuestra economía se basa en el espíritu empresarial de estos inmigrantes que vienen a trabajar y salir adelante. Ese ha sido el ADN de este país, durante toda su historia”.
Trabajadora Indocumentada
Carmen debió dejar a sus hijos de 4 y 2 años, en San Pedro Zulia, en Honduras, cuando decidió cruzar la frontera y convertirse en inmigrante indocumentada en Estados Unidos. A su esposo lo habían asesinado cuando su hijo mayor tenía 1 año.
Los dos niños crecieron con tíos y abuelos. Y durante 14 años, Carmen no los pudo ver, hasta hace dos, cuando los entró por la misma frontera que ella cruzó.
El varón tenía 14 cuando llegó, y la niña 16. Los dos salieron solos y se reencontraron con su madre. Ahora viven juntos, en el Condado Miami-Dade, con un miedo enorme de que en cualquier momento puedan ser deportados, así no tengan antecedentes criminales y Carmen sea madre de otros dos hijos, nacidos en Estados Unidos.
Si a ella o a cualquiera de sus hijos adolescentes los deportaran, habría una nueva tragedia familiar.
“Antes decían que las deportaciones eran para personas de alto perfil o criminales, y nunca ha sido así”, explica Lis Marie Alvarado, líder de la organización pro inmigrante American Friends Service Committee.
Personas como Carmen pueden caer en las redadas que, supuestamente, tienen como objetivo a quienes han recibido orden final de deportación. Ella es indocumentada al igual que sus dos hijos adolescentes.
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