Edmonson nació en Liberty City, “en una casa muy pequeña, de madera. Yo era muy pobre pero no lo sabía”, recordó. “Pero en esa época todos éramos pobres. Trabajábamos muy duro”. Por eso no entiende por qué ahora le achacan los tiroteos y la delincuencia a la pobreza, si en ese entonces no había dinero pero tampoco pandillas, delincuencia juvenil ni hechos de sangre.

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La razón, según Edmonson, comisionada del distrito 3, es la familia, el fenómeno de que, hoy por hoy, haya niñas de 12, 13 o 15 años que tienen hijos a una edad en la que ni ellas mismas han terminado de madurar.

“En ese entonces si una mujer soltera, adolescente o menor de edad, quedaba embarazada, debía tener a su hijo fuera de la ciudad, y regresaba sin el bebé porque él o ella se quedaba con un familiar o alguien que no era de la misma comunidad donde todo el mundo sabía que eso no estaba permitido que pasara”, señaló Edmonson.

Cuando la madre se volvía mayor de edad, era el momento en que su hijo o hija regresaba donde ella. “Ahora se tolera en todas partes que niñas menores de edad tengan bebés. Los valores morales y la actitud no se transmiten, y ese niño nunca aprenderá de sus padres qué está bien y qué está mal”, explicó la presidenta de la Comisión.

Para ella, dentro de su agenda de prioridades está la de “erradicar” la violencia armada de los vecindarios más conflictivos del condado. Son seis, entre ellos Liberty City, Overtown, Perrine y Goulds, los dos últimos localizados en el sur de Miami-Dade.

¿Es posible “erradicar” la violencia, como usted lo ha planteado?

Los vamos a intentar de la mejor manera posible, no lo vamos a lograr por completo, pero podemos reducirla incluso en uno por ciento. Si es así creo que habremos hecho un buen trabajo. Pero mi meta es que haya una reducción real para que no tengamos toda esta pérdida de vidas por la violencia, especialmente entre los jóvenes. A finales de marzo empezaremos a poner avisos que les informarán a los padres que el Condado estará haciendo respetar un toque de queda. Después de eso vamos a tener a un equipo conformado por miembros de las mismas comunidades [afectadas por la violencia]. Allá vamos a tener a esas personas, civiles desarmados entrenados por el Departamento de Policía del Condado, les vamos a pagar, irán a los sitios donde se sabe que hay pandilleros y sus líderes, aquellos que de verdad son los protagonistas de la delincuencia en esas zonas. Les vamos a dar una advertencia y sabrán que este equipo los está observando.

Es el momento de intentar algo nuevo y hacer lo que necesitamos hacer para sacar a esas personas de las calles. Si nos dejan hacer eso, nosotros las vamos a entrenar, a conseguirles un empleo, pero si aún quieren delinquir entonces tendrán que ir a la cárcel, lejos de las personas de bien y respetuosas de la ley. Ya tenemos los fondos para ese proyecto: cuesta dos millones de dólares al año.

¿Hay otra área en Florida o en otros Estados donde esta estrategia se haya implementado?

En realidad es la combinación de varias estrategias que se han desarrollado en otras comunidades. Es la primera vez que se intentan aquí. Pero no de la manera conjunta como lo vamos a hacer nosotros. Tenemos a las iglesias trabajando en casas de seguridad, para aquellos que temen por su seguridad y han sido objeto de intentos de reclutamiento por parte de las pandillas. Ese es el problema en esas zonas, reclutan jovencitos y jovencitas, y ellos tienen que ingresar, no tienen otra opción. También están involucrados los servicios sociales. Por ejemplo: tenemos a una madre que no puede controlar a su hijo o hija, vamos a ver qué necesita de nosotros esa mujer para ayudarla a que pueda controlar a ese niño o niña.

¿Es optimista con el resultado de la estrategia?

Siempre soy optimista. No ensayaría algo si no tuviera este optimismo. De la manera como veo esto, es que todo lo que hemos hecho hasta el momento no ha funcionado.

¿Cómo conciliar el hecho de que en Estados Unidos hay libre circulación de rifles de asalto y un control de armas muy débil, con la estrategia que quiere poner en marcha?

La razón por la que no podemos hacer nada relacionado con las armas de asalto, que los jóvenes no tengan acceso libre a las armas de fuego, es debido a leyes estatales. Y esa es la razón por la que este condado participa en una demanda colectiva con Broward y Palm Beach contra el estado para que nos permita diseñar nuestras propias políticas y leyes cuando se trata de compra de armas.

Miami fue una de las ciudades del sur más segregadas por lo menos en los años 50 y 60, y ahora usted se refiere al condado Miami-Dade como uno de los más diversos de la nación. ¿Cómo ve ese largo proceso?

¿Ha estado últimamente en Liberty City o en Overtown? Hay una mezcla. Liberty City ya no es predominantemente una comunidad de afroamericanos, hay también hispanos. De hecho diría que Liberty City y Overtown son en realidad zonas de vivienda asequible. Hoy en día, cuando se trata de residentes de bajos ingresos, hay diversidad en los vecindarios. Pero cuando se trata de comunidades con más poder adquisitivo entonces sí diría que hay segregación porque latinos o negros no tienen capacidad para entrar en esas comunidades.

¿Cree que su lucha contra el proceso de expulsión de residentes de ciertos vecindarios por las presiones del mercado y la valorización (como en La Pequeña Habana) se podía hacer extensiva a todo el condado, para evitar ese proceso de expulsión?

Creo que se podría hacer en Miami Beach o en La Pequeña Habana así como en otras áreas de la comunidad. Lo que estamos desarrollando, en lugar de construir sólo vivienda pública, es una combinación de éstas con vivienda asequible, para la clase trabajadora y a precios del mercado. En Liberty City la vivienda para los trabajadores está a precios del mercado. Por otro lado, hay vivienda asequible para los trabajadores y cuando todo se combina es cuando se evita el delito, porque si alguien está pagando precios del mercado o valores de vivienda asequible, no va a tolerar el delito. Ahí se acaba la ley del silencio, el miedo a la retaliación.

Usted ha planteado que sí existen recursos para el Smart Plan pero el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, ha dicho que no hay dinero para ese proyecto de transporte masivo. ¿Por qué?

Podemos tener dinero federal, del Estado y hacer alianzas público-privadas. Hay compañías de construcción de infraestructura dispuestas a hacer esa alianza. Se han acercado a nosotros. Quieren compartir los costos para ayudar a construir esos corredores. Creo que si trabajamos duro en los próximos dos años, vamos a lograr gran cantidad de fondos. Y digo dos años porque voy a hacer todo lo que este a mi alcance para terminar los proyectos durante mi gestión como presidenta de la Comisión.

¿Cree que en ese tiempo tendremos listos, o en construcción avanzada, dos o tres corredores? [El Smart Plan consta de seis].

No creo que listos, pero por lo menos habrán empezado los trabajos. En el corredor del noreste ya está la línea férrea. Solo necesitamos los trenes. Ya aprobamos la financiación para el corredor del sur, a pesar de que querían rieles, hemos puesto buses a lo largo de esa vía. Tenemos el corredor del norte con la aprobación para utilizar el tren, pero tendremos que decidir qué modalidad. Tenemos el corredor este-oeste, que está a cargo de MDX. Y ya empezó.

A propósito: ¿cree que es una buena idea disolver el MDX [la autoridad de carreteras de Miami-Dade] como lo quiere un proyecto de ley que estará en discusión en las próximas sesiones legislativas en Tallahassee?

No estoy de acuerdo. Lo que sí creo que es una buena idea es que haya gente en la junta directiva que deba responder ante los residentes, creo que se verá una gran diferencia en la manera como se hacen las cosas.

La razón principal de ese proyecto de ley es que los peajes suben…

Y por eso creo que debe haber en la junta personas elegidas por el voto popular. Si ellas tienen que responder a la comunidad, creo que se verá la caída en las tarifas de algunos peajes. Los miembros actuales de la junta no tienen que rendir cuentas ante los residentes, ellos son nombrados. No fueron elegidos, cuando se es electo hay una mentalidad distinta, porque ese funcionario es contratado por los electores no por alguien más.

Estamos todavía en proceso de negociación, vamos a hacerle recomendaciones al señor [Bryan] Avila [representante estatal republicano, autor del proyecto de ley de disolución de MDX]. También vamos a tener una reunión conjunta a finales de este mes con la delegación de Miami-Dade en Tallahasse y con la Comisión del Condado.

Es tiempo de trabajar juntos, porque si se disuelve MDX el estado absorbe todo, lo cual es injusto con los residentes de Miami-Dade, quienes tendrán asumir esas cinco autopistas. ¿Y si sacan los peajes, de dónde provendrán los recursos para mantenerlas y operarlas? Eso significa que vendrán de alguna parte y si dejan los peajes, y si esos ingresos van al Estado, entonces la mitad de ese dinero no regresará a esta área.

Si acaban con los peajes y el dinero viene del FDOT [Departamento de Transporte de Florida], entonces el resto del estado estará financiando esas autopistas, cosa que Tallahassee no quiere. Por lo tanto, es algo que necesita ser pensado de una manera muy cuidadosa en lugar de amenazar con acabar con MDX.

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