MIAMI.- SERGIO OTÁLORA/DLA
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@sergiootalora
MIAMI.- Los miembros de la Asamblea de la Resistencia hicieron énfasis en que el “pacto Obama-Castro” había llegado en el peor momento, porque las negociaciones del Gobierno de Estados Unidos con la Habana representan “oxígeno y una tabla de salvación para el régimen”
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Un sector del exilio cubano, agrupado en la Asamblea de la Resistencia, denunció este miércoles que ha habido un recrudecimiento de la represión en la isla con un número documentado de 103 arrestos ocurridos en un mes.
Entre el 17 de diciembre [día en que la Casa Blanca anunció la liberación de Alan Gross y el posible restablecimiento de las relaciones con Cuba] y hasta el 17 de enero, más de un centenar “de defensores de derechos humanos” han ido a la cárcel, según denunció Bertha Antúnez, en rueda de prensa celebrada en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano Americanos, de la Universidad de Miami.
Antúnez es una activista por la democracia en Cuba, hermana del también disidente Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien fuera invitado a Washington, por el presidente de la Cámara John Boehner, a presenciar el discurso del Estado de la Unión pronunciado por el presidente Obama.
La comparecencia de esta organización del exilio ante los medios, constituye la reacción a la intervención anual del presidente del EEUU ante el Congreso de la unión, en la que Obama anotó que “en Cuba estamos dando fin a una política que había llegado hace tiempo a su fecha de expiración.”
En la declaración de la Asamblea de la Resistencia Cubana, leída por Sylvia Iriondo, presidenta de M.A.R por Cuba, el conglomerado de organizaciones puntualizó que “los derechos del pueblo cubano no son negociables” y exigió entre otras cosas, “la separación de los hermanos Castro del poder, así como la celebración de elecciones libres” como una de las condiciones “esenciales e imprescindibles para asegurar y garantizar un legítimo cambio democrático”.
¿Ilegalidad?
El manifiesto de la Asamblea exigió “que la ley sea respetada y que cesen las concesiones unilaterales al régimen castrista”. Al respecto DIARIO LAS AMÉRICAS preguntó a Iriondo si eso significaba que el presidente Obama, con las medidas para aligerar las restricciones de viajes a Cuba y el intercambio comercial, estaba actuando de manera ilegal, a lo que la activista respondió “que ese no era el ángulo con el que estaban viendo el tema del embargo”.
También la declaración reveló que más de “600 nuevas firmas de activistas cívicos y opositores en Cuba se habían sumado al Acuerdo por la Democracia, documento histórico suscrito en 1998 por un gran número de organizaciones democráticas de dentro y fuera de Cuba”.
Los miembros de la Asamblea de la Resistencia hicieron énfasis en que el “pacto Obama-Castro” había llegado en el peor momento, porque las negociaciones del Gobierno de Estados Unidos con la Habana representan “oxígeno y una tabla de salvación para el régimen”, expresó Iriondo.
Acción ejecutiva
Además del tema de las relaciones Estados Unidos-Cuba, el presidente Obama también se refirió al tema migratorio y al salario mínimo.
En el tema de los indocumentados y la acción ejecutiva, la vocera de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, Natalia Jaramillo, vio como “muy alentador lo consistente y sólido que estuvo el Presidente porque va a seguir defendiendo la acción ejecutiva”. Y señaló que, en cuanto al salario mínimo, la protección por enfermedad y el acceso gratis al college, “la gente está muy animada porque el sueño, cuando los inmigrantes llegan a este país, es brindarles educación a sus hijos”.
Sin embargo, que la fiscal estatal, Pam Bondi, se haya unido, a nombre de la Florida, a la demanda de otros 25 estados contra la acción ejecutiva de Obama, ha generado gran molestia entre los defensores de los indocumentados.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Integrada, calificó de “indignantes y vergonzosas las actuaciones de la fiscal Bondi porque la Florida tiene más de 400 mil personas indocumentadas. Ella lo que tiene que hacer es retirar esa demanda, dar un ejemplo a los demás estados y apoyar la acción ejecutiva del Presidente”, enfatizó.
José Javier Rodríguez, representante estatal demócrata por el distrito 112, señaló que “la acción ejecutiva es completamente constitucional pero la demanda no sólo retrasa su proceso de reglamentación sino sirve para confundir sobre quién tiene la responsabilidad para cambiar las leyes, que no es el Presidente, sino el Congreso”.
Salario mínimo
En Florida no hay ambiente político, en un Congreso estatal dominado por los republicanos, para que pase un proyecto de ley que busque subir el salario mínimo, según se puede deducir de las opiniones de los legisladores de ese partido y del mismo gobernador, Rick Scott, quien considera que ese incremento genera pérdidas en puestos de trabajo.
Al respecto, el representantes Rodríguez expresó que “cuando estamos hablando de un salario tan bajo [la propuesta es de 10.10 la hora] no tiene impacto negativo sobre el empleo. Si habláramos de 20 o 30 dólares por hora, se podrían ver los efectos en el empleo. De todas maneras, el gobierno federal podría actuar al establecer un salario mínimo”, apuntó.