MIAMI.- La junta que supervigila el gasto del medio centavo (el impuesto decidido por los electores de Miami-Dade en 2002 para fortalecer el transporte público) aprobó casi de manera unánime (6-1) una resolución para acabar con el uso de ese impuesto para operaciones y mantenimiento del actual sistema de tránsito.
Ahora le toca a los comisionados de Miami-Dade confirmar o no esta decisión del fideicomiso ciudadano independiente de transporte (CITT, por sus siglas en inglés), un debate que se ha agudizado con le demanda presentada por el comisionado de Coral Gables, Vincent Lago; la exalcaldesa de Pinecrest, Cindy Lerner, y Deltravis Williams, director del departamento de veteranos de South Miami, en la que acusan al alcalde Carlos Giménez y a la Comisión de Miami-Dade de haber desviado 1.500 millones de dólares de ese impuesto para propósitos distintos a los ordenados por los votantes hace 16 años.
De acuerdo con esa demanda, inicialmente presentada, en su calidad de abogado, por el comisionado del distrito 7, Xavier Suárez, la decisión tomada en 2002 no requería la aprobación de ese impuesto para operaciones y mantenimiento del sistema.
Ahora esa demanda está a cargo del abogado Joseph Portuondo. Esto después de que el alcalde Giménez presentara una queja a la comisión de ética de Miami-Dade contra los comisionados Suárez y Lago por supuesta violación de la ley Sunshine (que regula las reuniones entre funcionarios electos en la Florida, tanto en el ámbito estatal como local), y de la ordenanza sobre conflictos de interés.
Giménez, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, aclaró que “tenemos un plan para suspender [el medio centato] para el uso de operaciones, eso se terminaría en 2022- 23, y representaría 250 millones de dólares. Lo que no dice el señor Suárez es que más de 150 millones de dólares [del medio centavo]va al sistema de transporte".
En ese sentido, la nueva flotilla de vagones del metrorail o la red de trolleys que hay en cinco municipios del condado, se pagan con el impuesto del medio centavo.
De acuerdo con Suárez, la votación del CITT tiene tres efectos: primero, “se revoca un acuerdo, de 2008-9, que le permitió al Condado Miami-Dade desviar cerca de 100 millones de dólares cada año de fondos que supuestamente debían ser utilizado para expandir el sistema y, en lugar de eso, se usaron para mantenimiento del mismo; segundo, “establece el 2020 para retirar el compromiso de esos dineros para gastos de operaciones y mantenimiento. Eso en efecto cumple con una resolución de 2015 que establecía entre tres y cinco años esa desvinculación de los fondos, para el año fiscal 2019-2020”; tercero, “activa un procedimiento en el que obliga a la comisión del condado a rechazar o aprobar ese retiro del compromiso. Si es lo primero, el CITT puede volver a presentar la iniciativa, y si llega a la comisión ésta requerirá una mayoría de dos tercias para rechazarla”.
De acuerdo con lo anterior, “esto significará que el alcalde Giménez no podrá utilizar los recursos del CITT para el presupuesto del próximo año fiscal”, subrayó Suárez.
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