MIAMI.-Dos propuestas circulan en Tallahassee, patrocinadas por el senador republicano Greg Steube de Sarasota y el representante republicano Mike La Rosa, de St.Cloud, que buscan dejar en manos del estado de Florida – no de sus condados o municipios- cualquier reglamentación relacionada con la renta de casas o apartamentos a través de plataformas digitales como Airbnb.
Las propuestas son tajantes: prohíben a los gobiernos locales, es decir, a sus comisiones, emitir normas y ordenanzas que gobiernen la actividad de quienes alquilan sus propiedades, por tiempo limitado, a través de dichas aplicaciones.
En meses recientes, municipios como Miami y Miami Beach entraron en abierta contradicción con el Condado Miami-Dade sobre Airbnb. Mientras que la administración condal del alcalde Carlos Giménez llegó a un acuerdo para que esas plataformas pagaran el mismo impuesto al turismo que los demás hoteles tradicionales, las ciudades mencionadas arriba prohibieron el funcionamiento de esas herramientas digitales para alquilar de manera temporal casas o apartamentos.
Incluso, La Playa impuso multas muy fuertes para quienes no respetaran las normas.
Pero se daba la gran contradicción de que un habitante de un municipio donde estaban prohibidos los alquileres a través de Airbnb o similares, podía arrendar su propiedad –violando la ley- pero pagando impuestos de manera legal, por disposiciones condales.
Tendencia
Varios grupos han denunciado la que consideran una persistente tarea de Tallahassee de quitarles atribuciones legislativas a los municipios y condados en temas como el establecimiento del salario mínimo, regulaciones sobre medio ambiente, control de armas y ahora Airbnb.
Uno de los grandes argumentos para oponerse a este tipo de arriendos para turistas por tiempo limitado es que pueden deteriorar las zonas residenciales y, por lo tanto, provocar una pérdida de valor en las propiedades.
Además, las críticas de que el estado termine legislando sobre asuntos locales se centran en que cada municipio tiene su especificidad, sus rasgos, sus necesidades, y por lo tanto plataformas como Airbnb no se puede reglamentar desde Tallahasse.
Quienes están a favor de que los dueños de viviendas puedan alquilarlas han argumentado que, primero que todo, están en todo su derecho de hacer con ellas lo que quieran y, segundo, que hay regulaciones condales, estatales, y reglas impuestas por Airbnb, que impedirían el deterioro de los vecindarios.
La industria del alquiler para turistas por medio de esas plataformas digitales es de 30.000 millones anuales. En Florida el mercado es enorme, en 2017 88 millones de personas visitaron el Estado del Sol.
Ante contradicciones como las que se dan entre un condado y algunos de sus municipios, como en Miami-Dade, regulaciones generadas por el estado podrían saldar las diferencias, pero aún hay mucho camino por recorrer para que los residentes, los comisionados locales y otros grupos de presión puedan llegar a un acuerdo, o persistan en las críticas y preocupaciones hacia plataformas como Airbnb.
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