La Comisión de Miami aprueba demandar a Joe Carollo para recuperar honorarios legales pagados con fondos públicos, su impacto
Los comisionado de Miami Joe Carollo (izq.) y Miguel Ángel Gabela.
DLA MIAMI.– La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó el 12 de marzo una resolución para iniciar acciones legales con el objetivo de recuperar el dinero público utilizado en la defensa judicial del excomisionado Joe Carollo, tras el fallo definitivo del caso civil relacionado con el emblemático negocio Ball & Chain en La Pequeña Habana.
La Comisión de la Ciudad de Miami votó de manera unánime iniciar una acción civil para intentar recuperar los honorarios legales pagados con fondos públicos durante la defensa del excomisionado Joe Carollo en el caso judicial que enfrentó con los empresarios William Fuller y Martin Pinilla.
La resolución instruyó al administrador de la Ciudad y al abogado municipal a presentar la demanda conforme al estatuto de Florida 111.07, que permite reclamar a funcionarios públicos el dinero utilizado por el gobierno para su defensa legal cuando un tribunal determina responsabilidad por sus acciones.
La iniciativa fue patrocinada por el comisionado del Distrito 1, Miguel Ángel Gabela, quien argumentó que la ciudad debía intentar recuperar los recursos de los contribuyentes utilizados durante años en el litigio.
El documento se refirió específicamente a los honorarios legales pagados por la ciudad en el proceso judicial Case No. 18-24190-CIVSMITH y en la apelación No. 23-12167, incluyendo pagos realizados a abogados externos contratados por el municipio.
La decisión de la comisión se produjo semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara revisar la apelación presentada por Carollo en el litigio con los propietarios del histórico local Ball & Chain, ubicado en La Pequeña Habana.
Con la negativa del máximo tribunal a aceptar el recurso de certiorari, quedaron firmes los fallos de tribunales inferiores que responsabilizaron al excomisionado por utilizar su cargo público para tomar represalias contra los empresarios.
Según el veredicto del jurado, Carollo empleó recursos y mecanismos de la ciudad para perjudicar a los negocios de Fuller y Pinilla después de que ambos respaldaran a su rival político en las elecciones de 2017.
El jurado otorgó a los demandantes 63.5 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos, una sentencia que aún continúa generando intereses.
Durante la discusión en la comisión, Gabela, patrocinador de la medida, explicó que su posición estaba basada tanto en razones financieras como en un principio de responsabilidad hacia los contribuyentes.
Gabela señaló que el caso había costado millones de dólares al erario público durante años de litigios y apelaciones.
Inicialmente, explicó, estaba dispuesto a dejar el asunto atrás para evitar más gastos legales. Sin embargo, cambió de postura al considerar que el excomisionado continuaba involucrado en otras disputas legales con la Ciudad.
“Se han gastado millones de dólares del dinero de los contribuyentes… no uno ni dos millones, sino múltiples millones”, afirmó Gabela durante la sesión.
A su juicio, permitir que el caso quedara sin intentar recuperar esos recursos sería ignorar el impacto financiero que el litigio tuvo para los residentes de Miami.
El abogado de la ciudad, George Wysong, explicó ante la Comisión que la ley estatal permite iniciar una demanda para recuperar los honorarios legales, pero advirtió que la probabilidad de cobrar el dinero podría ser limitada.
Wysong señaló que ya existe una sentencia previa de 63 millones de dólares contra Carollo a favor de los empresarios del caso Ball & Chain, lo que coloca a cualquier posible reclamación de la Ciudad en una posición posterior para cobrar.
“Lo más probable es que terminemos con un fallo judicial registrado, pero que sea solo un ‘paper judgment’”, indicó el abogado municipal.
Ese tipo de sentencia, explicó, podría mantenerse en los registros durante hasta 20 años, aunque su cobro dependería de si el excomisionado llega a tener activos suficientes en el futuro.
El letrado también mencionó que, debido a un conflicto de intereses, la oficina del City Attorney no podría llevar directamente el caso, por lo que la Ciudad tendría que contratar abogados externos.
De acuerdo con el City Attorney, el proceso legal para reclamar los honorarios no sería especialmente complejo, ya que se trataría de demostrar cuánto dinero pagó la ciudad en la defensa legal.
Sin embargo, advirtió que el costo dependería del bufete contratado y de la evolución del litigio.
Según estimaciones preliminares mencionadas durante la sesión, los abogados externos podrían cobrar entre 600 y 650 dólares por hora, además de los costos de peritos que analicen los honorarios legales pagados por la ciudad.
Wysong señaló que el caso podría resolverse relativamente rápido mediante una moción de juicio sumario, aunque reconoció que litigios complejos como el caso Ball & Chain se prolongaron durante años en múltiples tribunales.
Durante la discusión, algunos comisionados preguntaron directamente si la ciudad tenía posibilidades reales de recuperar el dinero.
El abogado de la Ciudad respondió que el éxito dependería de factores impredecibles, como cambios en la situación financiera del excomisionado o posibles resultados de litigios en curso.
También explicó que ciertas fuentes de ingresos, como las pensiones, pueden estar protegidas de embargo bajo la legislación estatal.
A pesar de esas limitaciones, la Comisión decidió avanzar con la resolución.
La moción presentada por Gabela recibió el respaldo de los comisionados presentes y fue aprobada por unanimidad, con la instrucción de incluir el número del caso de la Corte Suprema en el documento final.
La resolución no garantiza que la Ciudad recupere el dinero gastado en la defensa legal de Carollo, pero abre la puerta a intentar reclamar esos fondos en los tribunales.
Para los promotores de la medida, el paso representa una señal de responsabilidad fiscal y un intento de proteger el dinero de los contribuyentes después de uno de los litigios más costosos en la historia reciente del gobierno municipal.
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