La Cámara de Representantes de Florida aprobó este miércoles un polémico proyecto de ley que obligaría a las autoridades locales a informar sobre la presencia de indocumentados y castigaría a las ciudades que apoyen "políticas santuario", que protegen a estos inmigrantes.
La iniciativa HB-675 avanzó este miércoles en la cámara baja, con una votación de 80 a 38, y ahora espera el trámite de una medida similar en el Senado, la SB-872, para generar entre ambas un proyecto final, que deberá ser aprobado por el gobernador Rick Scott.
Tras su aprobación, activistas a favor de la inmigración anunciaron que protestarán mañana ante las oficinas de los legisladores que aprobaron la iniciativa.
"Es una vergüenza" que los representantes latinos republicanos voten este tipo de medidas, señaló en un comunicado Lis-Marie Alvarado, del Comité de Servicio de Amigos Americanos.
"Necesitamos que nuestros legisladores representen a nuestra comunidad, no que la criminalicen", agregó.
Los activistas realizarán mañana un recorrido en autobús en el que visitarán, en el sur de Florida, las sedes de los legisladores que han votado a favor de la medida.
Levis Torres, de la organización We Count, apuntó que, de ser aprobado finalmente el proyecto, "afectará la seguridad de todos destruyendo las relaciones de la Policía con la comunidad".
Las dos organizaciones participan en la campaña "Somos Florida" que ha movilizado ha votantes latinos y grupos de activistas indignados por este proyecto de ley patrocinado por el congresista republicano Larry Metz.
La medida "obstruye la soberanía de los gobiernos locales para proteger los derechos civiles de sus comunidades y obliga" a la fuerzas del orden y distritos escolares a "cooperar" con Inmigración a un "nivel que actualmente no es obligatorio ni financiado por el Gobierno federal", señaló la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
La implementación de esta normativa significaría que "nuestros profesores están obligados a reportar a las autoridades a aquellos estudiantes indocumentados o a sus padres, mientras que los agentes de la Policía tendrán que retener a los inmigrantes detenidos por ser indocumentados", explicó Francesca Menes, directora de FLIC.
Menes advirtió de que la aprobación de esta medida generaría de inmediato un enorme miedo entre los inmigrantes a la hora de llamar a la Policía para "reportar un crimen", al tiempo que los padres indocumentados temerán llevar a sus hijos al colegio.
Por su parte, los alguaciles de los condados de Broward, Hernando, Hillsborough, Palm Beach, Pinellas y Pasco optaron por no ejecutar las leyes federales sobre inmigración al "afectar estas a la confianza de la comunidad", "separar a las familias" y suponer un "desperdicio de recursos".
