La exdirectora operativa admitió haber recibido sobornos y haber usado fondos donados para comprar artículos de lujo y un carrito de golf; enfrentará hasta 20 años de prisión
Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson Health Foundation
FACEBOOK MIAMI.– Una década de fraude sistemático y abuso de confianza quedó al descubierto en la Jackson Health Foundation, luego de que su exdirectora de operaciones, Charmaine Gatlin, se declarara culpable de malversar más de 4.3 millones de dólares pertenecientes a la organización sin fines de lucro encargada de recaudar fondos para el Jackson Health System, el sistema público de hospitales del condado de Miami-Dade.
La confesión de Gatlin, de 52 años, se registró el pasado 11 de septiembre de 2025, ante una corte federal en Miami. Su sentencia fue fijada para el 25 de noviembre, y podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y conspiración, de acuerdo con el comunicado emitido por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida.
Según los documentos judiciales, el esquema fraudulento operó entre 2014 y 2024, mientras Gatlin ocupaba el cargo de Chief Operating Officer (COO) de la fundación. Durante ese periodo, la acusada percibía un salario base que oscilaba entre 185.000 y 290.000 dólares anuales, además de beneficios institucionales.
Pese a su alta compensación, Gatlin admitió que desvió fondos de la fundación hacia cuentas personales, de familiares y de empresas ajenas al sistema hospitalario, mediante facturas falsas, sobornos y uso indebido de donaciones restringidas.
Una parte sustancial del dinero se desvió a través de un contrato con una empresa audiovisual con sede en Georgia, la cual facturó cerca de 2 millones de dólares por servicios que nunca prestó. A cambio, su propietario, Yergan Jones, pagó a Gatlin un millón de dólares en sobornos, parte de los cuales fueron usados para cubrir deudas personales, incluyendo el pago de sus tarjetas de crédito.
Jones también fue procesado y se declaró culpable en un caso paralelo (25-cr-20312) de conspiración para cometer fraude electrónico.
Los fiscales detallaron que Gatlin instruyó personalmente a la empresa sobre cómo falsificar facturas, incluyendo cobros por servicios audiovisuales que ya habían sido donados previamente al hospital.
Además de los sobornos, Gatlin ordenó a un proveedor de mercancías comprarle artículos de lujo de marcas como Louis Vuitton, Gucci y Apple, bajo la promesa de mantener la relación comercial con la fundación.
El comunicado federal precisa que la exfuncionaria usó donaciones restringidas, destinadas originalmente a programas médicos y de ayuda a pacientes, para adquirir bienes personales. Entre los ejemplos más notorios figura la aprobación de 55.101 dólares para la compra de 10.000 “botiquines de primeros auxilios”, que en realidad eran kits falsamente etiquetados como “trauma burn giveaways”.
En otro caso, Gatlin presentó una factura falsa para justificar la compra de un carrito de golf color oro rosado, el cual fue entregado directamente a su vivienda en Weston, en septiembre de 2023.
La investigación del FBI concluyó que la acusada había convertido la red de proveedores de la fundación en un canal de enriquecimiento personal, mientras mantenía una apariencia de eficiencia administrativa ante el directorio.
La Jackson Health Foundation es una organización sin fines de lucro creada para canalizar donaciones privadas hacia el sistema público de hospitales Jackson Health, que incluye el Jackson Memorial Hospital, el Holtz Children’s Hospital, el Ryder Trauma Center, y otras instalaciones en todo Miami-Dade.
Cada año, la fundación recauda millones de dólares a través de donaciones corporativas, campañas comunitarias y eventos benéficos, destinados a mejorar la atención médica de los residentes más vulnerables.
El caso Gatlin representa, por tanto, una grave violación de la confianza pública y filantrópica en una institución que sirve como puente entre la comunidad y el sistema de salud.
En su declaración pública, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, subrayó que “los fondos donados con el propósito de salvar vidas no pueden convertirse en instrumentos de enriquecimiento personal”.
Por su parte, el agente especial Brett D. Skiles, de la oficina del FBI en Miami, afirmó que el caso “envía un mensaje claro: quienes abusan de instituciones benéficas enfrentarán consecuencias severas”.
La investigación federal determinó que Gatlin usó tres mecanismos principales para ejecutar su fraude:
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade colaboró con el FBI en el rastreo de las transacciones, detectando que parte de los fondos fueron canalizados a través de empresas registradas en Florida y Georgia, lo que dificultó la trazabilidad inicial del dinero.
Los investigadores también encontraron que Gatlin aprovechaba su posición jerárquica para eludir los controles internos, firmando órdenes de pago sin aprobación superior y manipulando la descripción de proyectos dentro de los reportes financieros.
La causa principal contra Gatlin se registra bajo el número 25-cr-20220, ante la jueza federal Beth Bloom, en la Corte del Distrito Sur de Florida.
La fiscal del caso, Elizabeth Young, explicó que la acusada aceptó su culpabilidad en el marco de un acuerdo de cooperación con las autoridades, lo que podría influir en la determinación final de su pena.
El proceso de confiscación de bienes está a cargo de la fiscal adjunta G. Raemy Charest-Turken, quien busca recuperar parte del dinero malversado mediante la venta o incautación de activos adquiridos con fondos ilícitos, entre ellos bienes de lujo y transferencias detectadas en cuentas personales.
Aunque el monto total del desfalco asciende a más de 4.3 millones de dólares, las autoridades indicaron que el impacto reputacional sobre la fundación podría ser aún mayor, pues el caso se produjo en un contexto de alta sensibilidad financiera para el sistema hospitalario público, que enfrenta presiones presupuestarias y crecientes demandas sociales.
El Jackson Health System es uno de los sistemas de salud pública más grandes y antiguos de Estados Unidos, con más de 100 años de servicio y una plantilla que supera los 13,000 empleados.
Su operación depende en parte de fondos públicos del condado, pero también de donaciones privadas canalizadas por la fundación, lo que refuerza la importancia del rol fiduciario de esta última.
Cada año, el sistema atiende a más de 1 millón de pacientes, incluyendo decenas de miles de personas sin seguro médico, inmigrantes y residentes de bajos recursos.
Entre los programas que dependen del apoyo de la fundación se incluyen:
El fraude de Gatlin pone en entredicho la integridad del mecanismo de recaudación, pero las autoridades del hospital han reiterado que la atención médica y los programas financiados no se vieron interrumpidos.
Aunque el comunicado federal no especifica sanciones internas posteriores al hallazgo, fuentes del sistema de salud indicaron que el caso motivó una revisión exhaustiva de los mecanismos de supervisión y auditoría interna dentro de la fundación.
Estas medidas buscan evitar que un solo ejecutivo pueda autorizar pagos significativos sin revisión colegiada, uno de los vacíos que permitió el fraude prolongado.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones reiteró que el caso ejemplifica la determinación del gobierno federal para proteger los fondos públicos y las donaciones filantrópicas en instituciones que sirven a la comunidad.
“Cuando alguien roba a una organización benéfica, no solo roba dinero: roba esperanza, recursos y confianza”, subrayó.
Por su parte, el FBI destacó que las investigaciones sobre fraudes en entidades sin fines de lucro son prioritarias, especialmente cuando afectan a instituciones vinculadas a la salud pública, la educación o la asistencia social.
Charmaine Gatlin será sentenciada el 25 de noviembre de 2025 en el tribunal federal de Miami. En caso de recibir la pena máxima de 20 años de prisión, también podría enfrentar restitución económica y confiscación de bienes para compensar el daño causado.
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