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MIAMI.- El pasado miércoles fue aplazado en la cámara estatal, en Tallahassee, el debate sobre el proyecto de ley (HB7093) que consolidaría la posibilidad de armar a los maestros en las escuelas públicas y chárter de Florida.

No está claro si el aplazamiento se debió al “creciente rechazo al proyecto de ley”, a juzgar por lo que han dicho sus opositores, o simplemente a que quieren trabajar más en los proyectos de Cámara y Senado en el tema del presupuesto y en los términos de la propuesta.

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Ese miércoles, decenas de estudiantes de Miami, Orlando y Tampa se dieron cita en la capital del Estado del Sol, donde se encuentra el parlamento estatal, con el fin de expresar su desaprobación de una medida que, según sus críticos, no se sabe si es la respuesta correcta a las tragedias de violencia armada que se han dado en escuelas.

De acuerdo con la senadora estatal demócrata Anette Taddeo, que forma parte del comité de Infraestructura y Seguridad, hubo una audiencia a la que asistieron “miles de estudiantes. Hemos recibido emails, llamadas y sólo una persona habló de armar a los maestros, de los cientos que hablaron”.

Sin embargo, el proyecto de ley sigue adelante, a pesar de que ha tenido objeciones no sólo de las asociaciones de padres de familia, sino de los sindicatos de educadores, como el de Miami-Dade.

“Quieren dar 67 millones de dólares para armar a los maestros. Eso es algo que hemos rechazado. No hay evidencia de que eso sea efectivo. Si un oficial entrenado no respondió de manera adecuada [al ataque a la secundaria Marjory Stoneman Douglas], no tiene sentido que un profesor con poco entrenamiento pueda actuar mucho mejor”, indicó Karla Hernández-Mats, presidenta del sindicato de maestros de Miami-Dade (UTD, por sus siglas en inglés).

Entrenamiento

De acuerdo con el proyecto de ley que está en discusión, los alguaciles de los condados (a partir de 2024 Miami-Dade elegirá al suyo por elección popular) podrán optar por el programa de entrenamiento de guardianes armados dentro de las escuelas, creado en honor a Aaron Feis, el profesor de deportes que murió en la masacre de Parkland el 14 de febrero de 2018.

También podrá ser una decisión de la junta escolar. En ese caso, si la propuesta es finalmente aprobada como ha sido presentada, el alguacil de cualquier condado tendrá la obligación de implementar un programa que busca entrenar a personal escolar en el manejo de armas.

Supuestamente, los profesores que trabajan tiempo completo en el aula de clases no podrían participar en esas prácticas.

El alguacil de cada condado –o el director del Departamento de Policía en el caso de Miami-Dade- certificará a los guardianes, quienes no tendrán el poder de arrestar a nadie.

Quienes aspiren a portar un arma dentro de los colegios – podrá ser cualquier empleado del colegio o quienes trabajen por contrato- deberán tener una licencia de conducir vigente; completar un curso de 132 horas de entrenamiento en seguridad en el manejo de armas de fuego, y 80 horas de instrucción en el uso de dichas armas.

Ese curso debe incluir, según reza la propuesta, un 10% y no más del 20% de las ráfagas que se disparan en los cursos de la academia de policía. Se emplearán 16 horas en puntería con pistola, ocho en uso discrecional de un arma, de acuerdo con ejercicios hechos en un simulador; ocho de instrucción en el control de un atacante en diferentes escenarios; ocho en tácticas defensivas.

Se utilizarán 12 horas de instrucción en temas legales. Quienes hagan todos estos cursos tendrán que pasar una evaluación psicológica. Y habrá un test para detectar la presencia de drogas ilícitas en el cuerpo.

Es opcional

Manny Díaz, senador estatal republicano y uno de los proponentes del proyecto de ley SB7030, explicó que todo esto es opcional. Depende, además, de lo que pueda determinar la junta escolar y los alguaciles. “Hay comunidades que los necesitan [maestros armados]. Además, eso fue lo que recomendó, casi de manera unánime, la comisión sobre seguridad escolar que se creó después de lo sucedido en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas”, puntualizó Díaz.

“Nosotros estamos de acuerdo con el resto del proyecto de ley, pero no con lo que se refiere a armar a los maestros”, destacó Hernández-Mats. “Pero los legisladores no nos quieren ayudar y siguen su marcha hacia adelante”, añadió.

Incluso Taddeo explicó que presentó una enmienda, que fue rechazada por la bancada republicana, en la que daba la opción a los padres de familia a que pudieran llenar un formulario en el que se señalaba que no querían que su hijo o hija asistieran a una clase en la que el maestro pudiera estar armado.

La bancada demócrata del senado estatal (17 senadores de 40 posibles) está en contra de esa ley. Solo la republicana Anitere Flores se ha unido a ellos en su rechazo a esa iniciativa legislativa.

Desde la perspectiva de Hernández-Mats, “es muy fuerte el peso de la NRA (Asociación Nacional del Rifle). Hay bastante frustración, porque falta financiación para que haya más consejeros psicológicos, que se pueda combatir la depresión o situaciones que les pasan a los estudiantes y, de esa manera, evitar problemas”.

Taddeo advirtió que “cuando metes un arma en cualquier lugar muchas cosas pueden pasar y se pueden cometer muchos errores”. También alertó que cuando ya no esté un superintendente como Alberto Carvalho – que se ha opuesto de manera enfática a que haya maestros con armas dentro de los establecimientos educativos- puede haber un cambio en esa política o la NRA puede financiar campañas a la junta escolar para que salgan elegidas personas que estén a favor de personal escolar civil armado.

El sindicato de maestros, por lo tanto, ha pedido una enmienda para sacar la parte de los maestros armados del proyecto de ley. Pero “Manny Díaz no lo entiende, está cayendo en líneas partidistas, cuando ésto es un problema por igual de republicanos y demócratas”, explicó la presidenta de UTD.

Los observadores han pronosticado que ese proyecto de ley, al tener el apoyo de los líderes de las dos cámaras y del gobernador Ron DeSantis, será aprobado a pesar de la oposición de varios sectores sociales.

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