Los abogados constitucionalistas Nelson Rodríguez Varela y Rafael Peñalver.
CORTESÍA NRV - RPMIAMI.- El encausamiento del expresidente Donald Trump ha generado un gran debate nacional sobre la pertinencia de un proceso que, a juicio de expertos en materia legal, enfrenta serias dificultades para demostrar que se cometió un delito mayor o ‘felonía’ al encubrir un pago realizado por el entonces candidato a la Casa Blanca, con supuestos fondos de campaña a una actriz porno.
DIARIO LAS AMÉRICAS consultó a los abogados constitucionalistas Nelson Rodríguez Varela y Rafael Peñalver, quienes analizaron los pormenores de un proceso al que le ven pocas posibilidades de llegar a un veredicto condenatorio en contra de Trump.
De hecho, Rodríguez Varela dijo observar en el caso un “interés político” y una serie de “enfermedades legales” que podrían hacerlo inviable, mientras que Peñalver, quien atribuye a Trump tener al país en una “encrucijada”, estimó que se pretende enjuiciar al exmandatario por un “tecnicismo”, que la fiscalía de Nueva York califica de delito mayor, felonía.
Rodríguez Varela afirmó que “estamos ante una situación inédita porque no hay algún precedente en el que deberíamos fundar un análisis para acusar criminalmente a un expresidente de los Estados Unidos”.
Señaló que el encausamiento al exmandatario republicano se basa en la “supuesta ilegalidad de ciertas transacciones y entradas que tienen que ver con la función empresarial del presidente, en algo que obviamente no es él quien hace todas esas entradas en esos documentos, según explicó el abogado”.
Recordó que la empresa del presidente Trump es un conglomerado de más de 500 entidades y que cada cual tiene su propia forma de realizar la contabilidad.
Sin embargo, dijo, “el fiscal que lleva el caso sostiene que esas entradas se hicieron para esconder el hecho de que el dinero se había pagado para beneficiar a su campaña y tratar de conseguir que ciertas historias no salieran a la luz pública por diferentes razones”.
Desde su experticia como abogado, declaró que “la teoría del fiscal para hacer estas acusaciones a través de un gran jurado que solamente él controla, sin ningún tipo de participación de la defensa, es una forma de aplicación de la ley y una teoría de encausamiento que nunca se había utilizado y menos a este nivel”.
“Quedamos a la espera de las evidencias que sean necesarias para que el fiscal pueda probar este caso”, expresó.
El letrado consideró que “el caso padece de muchas enfermedades legales”. La primera, indicó, son los testigos que se van a utilizar, como Michael Cohen, “una persona que ha sido convicta y que ha admitido haber cometido crímenes, un individuo que tiene una mala reputación y credibilidad”.
Dijo creer que este es un caso “muy difícil de probar”, en el que “la evidencia tiene que ser tan fuerte para demostrar la intención del presidente, la cual solamente se puede establecer a través de conversaciones y contactos con otros”.
Rodríguez Varela también habló sobre el interés político detrás del encausamiento del expresidente. "El interés político es claro y creo que los argumentos que sostienen que esto se ha hecho con un motivo político, son argumentos aceptables y lógicos ", afirmó.
De acuerdo con su criterio, el fiscal encargado del caso tiene un “propósito anunciado” de perseguir al expresidente Donald Trump, a pesar de que otros fiscales no lo hicieron después de analizar el caso cuando fue investigado Michael Cohen.
Para el abogado constitucionalista, el encausamiento de Donald Trump podría tener repercusiones negativas a nivel internacional: "Uno de los peligros de este caso es que internacionalmente se empiece a criticar a los Estados Unidos por tener un encausamiento contra un expresidente, con tanto tamiz político. El impacto de este caso es global”.
Con este encausamiento y otros casos que se han llevado a cabo en Nueva York, Rodríguez Varela sostiene la tesis de que ese estado y la ciudad del mismo nombre estarían en la “punta de los esfuerzos” para desestimar la labor y la gestión del presidente Donald Trump.
Concluyó que todavía hay muchos recursos legales entre las partes y no descartó una “pelea ardua, fuerte”, entre “titanes legales constituidos por el equipo de defensa que tiene el presidente”.
Para Rafael Peñalver, otro reconocido abogado constitucionalista, el enjuiciamiento del expresidente Trump ha cambiado la institución de la presidencia de Estados Unidos “para siempre”.
Dijo que Estados Unidos disfrutó de más de 230 años de “estabilidad política” basada en que los expresidentes “no se habían encausado jamás” y “jugaban un papel importante en unir al país en momentos críticos”.
Peñalver subrayó que “los expresidentes respetaban la presidencia y actuaban de acuerdo con ella”.
El letrado destacó que EEUU “no se merece que ante los ojos de la historia sea la figura de Stormy Daniels la que queda como quien rompió esta tradición bella norteamericana de no influir y de no politizar a la justicia”.
Peñalver aseguró que hubiera preferido que el enjuiciamiento tuviera su origen por algo de “mayor importancia” para los intereses de la nación, “pero se enjuicia por un tecnicismo de falsificación de documentos, que es un delito de menor cuantía en el estado de Nueva York”.
A su entender, las acciones del expresidente Trump han puesto al país en una “verdadera encrucijada” porque “malo si procedes a encausarlo, como se debe encausar a toda persona que viola la ley, y malo si no lo encausas porque estarías abriendo el camino para que futuros candidatos actuaran a su antojo frente a las normativas legales”.
“Esta democracia se ha mantenido por el respeto a las instituciones, por el decoro de los presidentes en sus acciones, y Trump, desgraciadamente, no ha valorado eso en la forma en que ha actuado a través de su presidencia”, afirmó.
Peñalver apuntilló que este caso contra Donald Trump es “débil”. “Para que pueda triunfar la Fiscalía, ha tenido que utilizar una acrobacia legal para llevar lo que es un delito de menor cuantía a una felonía”, sentenció.
El abogado dijo temer que este argumento pueda ser desestimado por un tribunal. Además, sostuvo que el principal testigo del caso, Michael Cohen, es un hombre que ha sido convicto por mentir a la corte y al Congreso, alguien que no sería prenda de garantía para el éxito del proceso.
Peñalver resaltó que, si la idea era “romper una tradición de la democracia estadounidense”, se hubiera esperado a que concluyeran tres investigaciones contra Trump, que están en curso, “sobre temas que sí son de máxima importancia para el país”.
En ese sentido, enumeró en primer orden el caso del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una multitud de seguidores del entonces presidente irrumpió en la edificación en Washington durante la sesión conjunta del Congreso destinada a certificar la victoria del presidente electo Joe Biden.
El segundo caso reseñado por Peñalver se refiere a una situación ocurrida en el estado de Georgia, “donde se alega que Trump personalmente trató de influenciar a los oficiales estatales para que cambiaran el voto electoral a favor suyo, después que había perdido el voto popular de ese estado”.
Por último, el jurista mencionó “lo que aparenta ser una obstrucción a la justicia y quizás el uso siniestro de documentos de la más alta clasificación nacional que fueron llevados indebidamente a su casa de Mar-a-lago y luego el expresidente aparentemente se negó a entregarlos, aun cuando tenía una orden judicial que lo obligaba a devolver esos archivos nacionales”.
[email protected]
@danielcastrope
Descarga LA APP