MIAMI.- Una nueva modalidad de “secuestro periodístico” por “días, semanas o meses” que estaría poniendo en práctica el régimen de Nicolás Maduro, en su afán por acallar a los pocos comunicadores independientes que realizan su labor en Venezuela, fue denunciada en el marco del segundo día de sesiones de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el informe sobre la situación de los medios en ese país, que fue presentado este sábado en el pleno de la SIP, destaca que “esto ocurre en cualquier momento, incluso cuando no están trabajando, saliendo de sus casas o en sus propios hogares”.

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“Se les desaparece por días, semanas o meses [a los periodistas], sin que sus familiares dispongan de ninguna información sobre su paradero, las razones de su desaparición forzosa, ni tampoco de las condiciones de salud física y mental en que se encuentran”, reza el documento al que tuvo acceso DIARIO LAS AMÉRICAS.

El informe, uno de los más extensos dados a conocer durante el evento anual de la asociación periodística, señala además que en el último año el clima de libertad de prensa se ha deteriorado en Venezuela, “haciendo más incierto y peligroso el trabajo periodístico”.

Asimismo, el reporte denuncia un bloqueo sistemático al acceso a internet con el fin de entorpecer el trabajo de la prensa y revela que entre la diáspora venezolana “hay cientos de reporteros, reporteros gráficos, editores, camarógrafos y especialistas de medios” que se han visto obligados a huir de la dictadura chavista.

También indica que continúan las prácticas represivas y de persecución a periodistas en todo el territorio nacional, “salvo aquellos que trabajan para medios o portales oficialistas”.

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Una política restrictiva de Estado que se ejecuta con programas sistemáticos de presión en los que participan varios órganos, incluyendo a grupos paramilitares aliados.

Se utilizan tribunales militares para enjuiciar a periodistas o a reporteros ciudadanos, derivando en el aislamiento total de los detenidos y un estado de desinformación absoluta.

Los protagonistas de ataques físicos, sean militares, funcionarios policiales o miembros de grupos paramilitares, gozan de total impunidad. Se repiten en las calles donde bandas armadas, a pie o en moto, golpean o disparan contra ciudadanos y contra periodistas que informan sobre las protestas, delante de unidades militares que no impiden la acción de los delincuentes.

Continúa la complicidad del sistema judicial que persigue a los periodistas y no castiga a los responsables de las agresiones.

Los procedimientos con los que actúan militares, policías y paramilitares, incluyen el robo de equipos: cámaras de video y cámaras fotográficas, teléfonos móviles, grabadoras de audio, micrófonos y hasta los bienes personales que las víctimas portan como dinero, documentos de identidad, medicamentos, fotografías de familiares, bolsos, carteras, billeteras y mochilas, tema que trascendió con el caso del periodista Jorge Ramos y de los profesionales que los acompañaban, a quienes les robaron sus equipos en el Palacio de Miraflores por orden directa de Nicolás Maduro.

Continúan las prácticas represivas en todo el territorio nacional y de persecución a periodistas, salvo aquellos que trabajan para medios o portales oficialistas.

De forma paulatina se ha venido instaurando la práctica del secuestro periodístico. Esto ocurre en cualquier momento, incluso cuando no están trabajando, saliendo de sus casas o en sus propios hogares. Se les desaparece por días, semanas o meses, sin que sus familiares dispongan de ninguna información sobre su paradero, las razones de su desaparición forzosa, ni tampoco de las condiciones de salud física y mental en que se encuentran.

Otro factor determinante lo constituye el bloqueo sistemático a páginas web de medios y de portales digitales, a los que los ciudadanos no pueden acceder. El gobierno ha desarrollado toda una estructura tecnológica y de inteligencia costosa y financiada con dineros públicos, dedicada a impedir que los ciudadanos puedan informarse de lo que está ocurriendo. Este programa de bloqueo está dirigido hacia los medios que realizan trabajos de investigación sobre casos de corrupción, violación de los derechos humanos y de la narcoguerrilla que cuenta con la complicidad del poder militar y civil.

Se mantiene la emigración de periodistas. Entre los cinco millones de venezolanos que han escapado hacia otros países, hay cientos de reporteros, reporteros gráficos, editores, camarógrafos y especialistas de medios. Quienes se mantienen en el país realizan su trabajo en condiciones de extrema precariedad, deben realizar varios trabajos para sobrevivir, y, en la mayoría de los casos, ejecutan sus tareas en ambientes precarios y peligrosos.

La crisis económica combinada con la hiperinflación y la dolarización de la vida cotidiana, ha sumido a todas las empresas de comunicación, en un estado de empobrecimiento creciente. Los recursos efectivos con que se ejerce el periodismo en todas sus formas, han sido arrasados por la delincuencia, la disfuncionalidad de la economía, la desaparición de los anunciantes, la expansión de la pobreza, la hiperinflación, los cortes eléctricos y la desaparición de las pequeñas empresas de reparaciones y servicios técnicos que permitían alargar la vida de equipos y mobiliarios.

Ante esta situación, se necesita articular medidas para preservar las estructuras que todavía se mantienen en defensa de la libertad de expresión para la integridad física de los periodistas venezolanos, para crear y establecer mecanismos de apoyo financiero a los medios y para mantener esta situación anti libertad de prensa en la agenda pública internacional.

Estos fueron algunos de los principales hechos en este período:

El 4 de abril los periodistas de TV Venezuela y VPITV fueron detenidos y golpeados por la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Maracaibo cuando cubrían una protesta por fallas de agua y luz. Los obligaron a borrar el material.

El 13 de abril Conatel ordenó sacar del aire la señal de DW Español.

El 18 de abril Frank Thomas Guerra, reportero del portal VenePress, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional. El reportero cubría la entrega de ayuda humanitaria en las afueras de la Cruz Roja en La Candelaria. Relató que una patrulla lo atropelló y funcionarios en moto le dieron la voz de alto, apuntándolo.

Funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a su entrada al país a la periodista sueca Annika Rothstein. Cuatro funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana la acompañaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar hasta que fue deportada en un vuelo de Air France.

El 30 de abril Conatel ordenó el cese de transmisiones de Radio Caracas Radio 750AM. La emisora fue sacada del aire y los periodistas que se mantenían en vivo informaron del hecho, después haber entrevistado a Juan Guaidó tras de su mensaje en La Carlota.

La señal de BBC Mundo y CNN Internacional fueron sacadas de la parrilla de DirecTV mientras transmitían información de lo que ocurría en el país.

También @vesinfiltro confirmó elll bloqueo de ABA Cantv que afectó el ingreso a YouTube, Twitter e Instagram.

Fue detenido por la Guardia Nacional el locutor Junior Muñoz, dueño de la emisora Oestereo de Punta de Mata, en la zona oeste de Monagas.

Desconocidos atacaron con tubos y piedras a los periodistas María Carolina Quintero, de VPITV y Gerard Torres de TV Venezuela, mientras estaban dentro de su carro resguardándose. Cubrían la protesta en la Av. Delicias con 5 de Julio de Maracaibo.

Los transmisores, el receptor y los enlaces de la emisora de radio Exitos100.9, en el estado Mérida, fueron robados, dejando fuera del aire la señal de la emisora.

Efectivos de la PNB hirieron al periodista de VPITV, Gregory Jaimes, quien fue impactado con un mortero durante la cobertura en el distribuidor Altamira. Tuvo dos impactos de proyectil en la cara y en el brazo.

Juan Carlos Neira, fotógrafo independiente, resultó herido en la cabeza cuando daba cobertura a la represión en las cercanías del Distribuidor Altamira.

El 6 de mayo Conatel ordenó sacar del aire a la emisora de radio La Mega Hertz 96.5FM, ubicada en el municipio Biruaca del estado Apure. La planta radial es propiedad del diputado Luis Lippa.

Estudiantes de tendencia oficialista que tomaron el rectorado de la UDO en Cumaná, mantuvieron presos a reporteros del canal NVHNoticias. Ramón Vivas y Rafael Antón fueron encerrados por media hora, luego de que los dejaran entrar para darles declaraciones.

El 7 de mayo Conatel cerró la emisora Criolla 92.9 FM en la población de Elorza, en el estado Apure. Se robaron sus equipos. Fue la segunda radio cerrada en Apure en menos de 24 horas.

El 8 de mayo una docena de periodistas fueron deportados por Maduro en menos de cinco meses. Luego de ser detenido arbitrariamente por el Sebin, Joan Guirado, fue sacado del país y devuelto a España bajo vigilancia policial.

El 10 de mayo tres programas de la FM de Barlovento fueron cerrados por órdenes del alcalde de Río Chico, Agustín Manterola. Amanecer con la Noticia, Lo Nuestro y el Magazine 97.1, quedaron fuera del aire.

El 14 de mayo el diario Panorama dijo "hasta pronto" a sus lectores en el Zulia, luego de más de 100 años de circulación. La falta de papel y la imposibilidad de obtenerlo, mantenían en crisis al medio desde mayo de 2018.

El 16 de mayo fueron detenidos por el Sebin en los alrededores de la residencia de Iván Simonovis, Mayker Iriarte Oliverio, Mariana de Barros, Héctor Sánchez de TVVenezuela; Romel Gorosabel productor de CaracolTV; la periodista Maoly Aldana y su equipo de camarógrafo y técnico del Noticiero de Venevisión; y reporteros de Vivo Play Net. Los mantuvieron incomunicados, sin sus documentos de identidad. Fueron liberados después de 3 horas de detención arbitraria.

El 30 de mayo la caseta de transmisión de la emisora Radio Carora 640 AM fue desmantelada en el municipio Torres, en el estado Lara. El 6 de junio cumpliría 71 años. Anunciaron "el cierre forzoso" por la imposibilidad de reponer los equipos.

El 4 de junio la prensa logró acceder al Palacio Federal Legislativo, luego de seis ocasiones en las que la Guardia Nacional negó cobertura. El ingreso fue en compañía de varios diputados de la Asamblea Nacional. A golpes y empujones, la prensa acreditada logró entrar al Palacio Federal Legislativo.

El 5 de junio Diosdado Cabello amenazó con adueñarse del portal La Patilla como una forma de pago, ante la multa impuesta al medio por el TSJ. "Casas, La Patilla, lo que haya. Yo dije que acepto especies pues", señaló Cabello en su programa de TV.

Conatel ordenó sacar del aire el canal Visión TV Plus y cerró la emisora TVPLUS Radio 94.9FM. Se sustrajeron 23 equipos de la estación radial: cónsolas, computadoras y micrófonos. También se llevaron el transmisor de la torre.

El 3 de julio funcionarios de Poliubaneja detuvieron al periodista de Televen, Jesús Albino y a su camarógrafo Edward Rojas. Los obligaron a dirigirse a la comandancia policial, pese a contar con la documentación exigida del vehículo en el que circulaban. El equipo estuvo detenido por más de media hora sin explicación.

El 5 de julio fue excarcelado el periodista Braulio Jatar.

El 9 de julio solicitaron al Ministerio Público una investigación contra los portales El Pitazo, FogonInforma, Táchira Noticias, Noticias Tachirenses, Táchira Norte, Crónica Policial y Reporte.V, por publicar "contenido que incita a la violencia".

El 15 de julio un funcionario de la Guardia Nacional amenazó y fotografió a los periodistas Violeta Santiago del portal El Pitazo y a José Gregorio Rojas de 107.7 ULA FM. Los reporteros hacían fotos de una cola de gasolina en la Av. Urdaneta en el estado Mérida.

El 3 de agosto las estaciones Radio Cultural del estado Táchira 1.190 Am, perteneciente a la Gobernación del Táchira y Radio Mundial 860 Am, salieron del aire luego de que hurtaran equipos y cables de transmisión.

Conatel cerró e incautó equipos de la emisora Z 89.1 FM, en Valera, estado Trujillo, por órdenes del gobierno regional. Dejaron solo el mobiliario en la sede. La emisora tenía un mes en periodo de prueba, luego de que iniciara programación el 23 de julio.

El 9 de agosto Conatel incautó los equipos de la Súper Estación 107.3FM, en el estado Yaracuy. La comisión aseguró que la medida se debía a que operaban con la concesión vencida y en forma clandestina.

El 15 de agosto Lisbeth Miquilena, reportera de El Noticiero del canal de televisión Televen en el estado Nueva Esparta, fue detenida dos horas en el comando de la Guardia Nacional de Punta De Piedra, a donde fue llevada por la directora del Gimnasio Vertical de Tubores. La detuvieron por hacer fotografías del sitio.

El 28 de agosto Conatel sacó del aire el programa Bajo La Lupa FM, producción independiente de Radio y TV de información y opinión, fue sacado de la parrilla de Unicable TV, en el estado Nueva Esparta.

El 31 de agosto, al menos siete trabajadores de la prensa fueron agredidos física y verbalmente por personal de seguridad del Presidente Encargado Juan Guaidó, durante un recorrido en el mercado libre de Maracay, en el estado Aragua. Los periodistas son Mónica Goitía, del diario El Siglo; Carmen Elisa Pecorelli, de TeLoCuentoNews; Glenn Requena, de El Periodiquito y Marynes Matos de TRV.

En septiembre la página web del portal de noticias Centro de Noticias Venezuela 24 reportaba más de 12 horas bajo ataques cibernéticos con los que intentaban tumbar su dominio. Han recibido más de 1000 ataques a su plataforma online.

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