DeSantis veta proyecto de ley que obligaría a gobiernos locales pagar más demandas

La medida, SB 620, habría permitido que las empresas que han estado en funcionamiento durante al menos tres años presenten demandas para recuperar las ganancias perdidas por hasta siete años si pierden ingresos como resultado de una ordenanza local o iniciativa ciudadana.

Esta es una de las medidas aprobadas en la sesión legislativa de 2022 en medio de enfrentamientos entre DeSantis y gobiernos locales sobre controles del Gobierno estatal.

De hecho, grupos empresariales recurrieron al Congreso estatal en busca de leyes que eviten que gobiernos locales restrinjan conexiones de gas natural, regulen los alquileres de viviendas para vacaciones y salones de fiestas, así como la prohibición de pajillas de plástico para beber y ciertos protectores solares.

Quienes propusieron la ley SB 620 le llamaron una norma "pro-negocios" diseñada para proteger los derechos de propiedad privada.

Por otra parte, los opositores dijeron que sería una carga costosa para los contribuyentes, alentaría demandas frívolas, evitaría los esfuerzos para tomar medidas más fuertes contra otros asuntos, como el cuidado al medio ambiente.

Florida TaxWatch, la organización investigadora que es respaldada por empresas, estimó que la legislación podría costar a los gobiernos locales más de 900 millones de dólares anuales, ya que predijo que una avalancha de demandas podría obligar a los gobiernos a aumentar los impuestos a sus residentes o reducir los servicios para cubrir los honorarios legales.

Pero si bien DeSantis reprobó a los gobiernos locales por criticar sus políticas durante la pandemia de coronavirus y sustraerles ciertos poderes, sugirió que la medida fue demasiado lejos.

“Los gobiernos locales se extralimitan en su autoridad e imponen una carga irrazonable a las empresas a través de políticas que van desde simplemente equivocadas hasta motivadas políticamente”, señaló el gobernador, pero añadió "increíblemente, este proyecto de ley exime a las empresas de compensación debido a órdenes de 'emergencia' del gobierno local".

DeSantis sugirió que “el mejor enfoque es promulgar una legislación de preferencia específica cuando los gobiernos locales actúan de una manera que frustra la política estatal y/o socava los derechos de los floridanos”.