Las medidas alcanzan a personas del entorno de GAESA y a compañías tecnológicas y navieras. Washington incorpora además cuatro sectores económicos a su programa de sanciones
El Departamento del Tesoro de EEUU amplió las sanciones relacionadas con Cuba contra personas del entorno de GAESA, compañías tecnológicas y navieras y embarcaciones.
COMPOSICIÓN DLA
MIAMI.- EEUU incorporó este jueves 5 de noviembre a dos personas, seis empresas y dos buques a su lista de sanciones relacionadas con Cuba. Las designaciones abarcan compañías en China y Panamá, así como empresas cubanas de electrónica, servicios técnicos y transporte marítimo.
Entre los sancionados figuran Any Rodríguez Lastres y Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, según la actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.
El anuncio también extiende el programa de sanciones sobre Cuba a otras dos compañías y tres embarcaciones que ya estaban penalizadas bajo disposiciones relacionadas con Venezuela.
El Tesoro sumó, además, la electrónica, la manufactura, las actividades marítimas y la tecnología a los sectores de la economía cubana en los que operar puede ser motivo de sanción bajo la Orden Ejecutiva 14404. Esta ampliación entró en vigor el mismo jueves y se apoya en la orden firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.
En el caso de Rodríguez Lastres, el registro señala su ubicación en Ciudad de Panamá y la vincula con Ania Guillermina Lastres Morera, sancionada desde el 7 de mayo.
Rodríguez Lastres es hija de la jefa del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar cubano. Martí Noticias había documentado en febrero su trayectoria en el sector portuario y logístico, desde su paso por la Terminal de Contenedores del Mariel hasta su trabajo en Panamá.
Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, a quien la OFAC ubica en La Habana, es hermano del fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA. Investigaciones de El Nuevo Herald y Miami Herald habían descrito sus vínculos con sociedades en el exterior dedicadas a las operaciones marítimas de Cuba.
Una de las nuevas compañías sancionadas es Beijing H and C Technologies Co., Ltd., también conocida como Beijing H&C Technologies. La OFAC la identifica como una empresa estatal china dedicada al comercio mayorista de equipos y componentes electrónicos y de telecomunicaciones.
En Cuba fueron incluidas la Empresa Comercializadora de Servicios Técnicos y Tecnológicos, conocida como Tecnosime, y la Empresa Importadora y Exportadora de Productos de la Electrónica y las Comunicaciones, Cubaelectrónica. Ambas figuran como empresas estatales.
También ingresaron Internacional Marítima S.A. y Petróleos Marítimos del Caribe S.A., esta última conocida como Petromarca, con sede en La Habana.
Completa el grupo Tentacool Commercial Inc., registrada en Ciudad de Panamá y dedicada, según su ficha, al transporte marítimo y costero de carga.
Las dos embarcaciones añadidas son el Emilia, que transporta gas licuado de petróleo y está vinculado a Petromarca, y el Gloria C, un tanquero de productos químicos y petrolíferos asociado a Caroil Transport Marine Ltd. Ambos figuran con bandera cubana.
La OFAC también añadió las sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404 a los registros de los buques María Cristina, anteriormente Carlota C; Esperanza; y Lourdes, antes Giralt. Los tres ya estaban sujetos a restricciones relacionadas con Venezuela.
La misma ampliación se aplicó a Caroil Transport Marine Ltd., con direcciones en Chipre y La Habana, y a la Corporación Nacional China de Importación y Exportación de Electrónica (CEIEC), que ya aparecían en la lista estadounidense.
Caroil fue sancionada en septiembre de 2019 por su participación en el transporte de petróleo venezolano hacia Cuba. En noviembre de 2020, el Tesoro penalizó a CEIEC por apoyar, según la acusación estadounidense, labores de vigilancia digital y restricciones de internet del Gobierno de Nicolás Maduro.
La incorporación de los cuatro sectores económicos no significa que todas las compañías que trabajan en ellos queden sancionadas. Para aplicar esta disposición, las autoridades estadounidenses deben determinar qué personas o empresas extranjeras operan o han operado en esas actividades de la economía cubana.
Para los designados, quedan bloqueados los bienes e intereses patrimoniales que estén en EEUU o bajo posesión o control de personas estadounidenses. También se prohíben las transacciones que involucren esos activos, salvo las excepciones y autorizaciones aplicables.
Las restricciones pueden extenderse a empresas que no estén mencionadas individualmente en la lista cuando una o varias personas bloqueadas poseen, en conjunto, al menos el 50% de su propiedad, directa o indirectamente.
La orden también permite sancionar a personas y empresas extranjeras que apoyen al Gobierno cubano, y a instituciones financieras de otros países que realicen o faciliten transacciones significativas con personas bloqueadas bajo esa autoridad.
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