La jueza principal del circuito judicial 11 de la Florida, Bertila Soto, cree que el reporte emitido por el comité especial, nombrado por la Comisión del Condado Miami-Dade para estudiar las necesidades de infraestructura de su sistema judicial, “confirma la necesidad de la construcción de un edificio nuevo”.
Este informe del año 2015, aún preliminar, no es el primero que se realiza para demostrar la necesidad de un cambio. Desde hace 29 años, en diferentes reportes, se ha hablado de la necesidad de reemplazar el edificio llamado popularmente “cielito lindo” donde, entre otras cosas, se llevan a cabo todos los juicios civiles. “Para nosotros es una esperanza. Es un nuevo informe que confirma todos los problemas que han existido durante 29 años en las Cortes del Condado: que es un edificio muy pequeño, con problemas estructurales, sin suficiente número de salas, afectado por las termitas. Este reporte dice que tratar esos problemas debe ser una prioridad”, apuntó Soto.
Las discusiones de este comité –siete reuniones en total– finalizaron el pasado 19 de noviembre, aunque hay planeado un nuevo encuentro para el próximo 10 de diciembre. Como resultado de las deliberaciones, el grupo de estudio escribió un reporte, todavía en borrador, con otras propuestas y recomendaciones para poner al día la infraestructura de las Cortes del Condado.
Financiación
En un referendo, rechazado por los votantes en las elecciones del 4 de noviembre de 2014, se buscaban recursos por 393 millones de dólares para hacer importantes reparaciones al edificio localizado en el número 73 de West Flagler, en el Downtown de Miami, y para construir uno nuevo con capacidad para 53 salas de audiencias y 53 jueces.
Ante la negativa del electorado, la Comisión del Condado nombró un comité para que encontrara alternativas al desafío de darle a la administración de justicia un nuevo espacio, con la tecnología del siglo XXI y con la capacidad de garantizar “un acceso igualitario a la ley”.
“Creo que el problema es cómo financiamos el nuevo edificio. Si los recursos deben provenir de ingresos generales o de otras fuentes. Eso tendrá que ir a la Comisión [del Condado Miami-Dade] para que encuentre una solución”, afirmó la juez Soto.
El borrador de documento propone la alternativa de desarrollar una sociedad pública-privada que permita conseguir tales recursos para hacer realidad una nueva infraestructura para el sistema judicial del Condado Miami-Dade.
Una de las voces disidentes del comité es la de la arquitecta María Luisa Castellanos, quien considera que la propuesta mayoritaria, de erigir un nuevo edificio, “es la forma más cara” de renovar la infraestructura. De acuerdo con Castellanos no son necesarias las 53 salas que se buscan construir. Y para ella, la sociedad entre el sector privado y el gubernamental “va a costar tres veces lo que costaría si el pueblo votara por la emisión de bonos para financiar la construcción. Yo creo que eso sería un error tremendo”, advirtió.
Desde su perspectiva, se debiera hacer algo más modesto de lo que el comité está planteando como solución. “¿Quiénes van a las cortes esas? Los multimillonarios. Usted no prefiere resolver el tráfico en Miami, no prefiere tener el sistema de semáforos que funcione, vivienda asequible para gente que la necesita, en lugar de hacer un edificio que costaría cerca de 400 millones de dólares a nosotros los contribuyentes”, preguntó Castellanos.
Recomendaciones
El plan maestro para obras de infraestructura ha sido actualizado por esta comisión que propone el desarrollo de 550.000-600.000 pies cuadrados de construcción.
Recomienda que algunas cortes civiles permanezcan dentro del área del actual edificio del Condado, es decir, “cielito lindo”. También plantea que haya 53 salas de audiencia nuevas que den cabida a 45 jueces. Esto recogería la proyección de un 21% en el crecimiento de la población para el año 2035 y un incremento del 30% en las demandas ante las cortes.
El punto fundamental del reporte es que hay dos propuestas: construir un nuevo edificio, por un valor de 361 millones de dólares, o aprovechar los que ya existen, reformarlos, adaptarlos a las nuevas necesidades, lo que costaría alrededor de 385 millones de dólares.
La segunda alternativa estaría diseñada para satisfacer las necesidades más básicas sin la posibilidad de asumir un crecimiento futuro y sin cumplir los estándares nacionales para las cortes, según lo planteó el informe del grupo de estudio. La primera opción estaría diseñada de acuerdo con esos estándares.
Las recomendaciones finales serían discutidas, aprobadas o rechazadas por la Comisión del Condado. Sin embargo, el informe no tiene fuerza de ley, no compromete, desde el punto legal, a los comisionados o al alcalde del Condado. Es apenas un estudio.
De manera simultánea a ese proceso, habrá una actualización del plan maestro general de infraestructura de la justicia, que también será presentado a consideración de la Comisión.
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