Orlando Fundora ya vive en su propio apartamento. Cuando tomó en sus manos la llave y dio las debidas vueltas al picaporte para recorrer junto con su esposa la amplitud de la cocina, el salón, las habitaciones y los balcones que dan a uno de los lagos artificiales de Miami, lloró.

Fundora ha llorado muchas veces en estos últimos meses, con emociones encontradas, conmoción, enfado, desesperanza, resignación, desconcierto, esperanza. Desde que decidió contar su caso a DIARIO LAS AMERICAS y abriendo su vida personal al debate público, ha pasado varias veces por esos estados. Lo hizo sin la fanfarria que acompaña a los interesados, con legitimidad, cierto pudor y mucha vergüenza.

“Imagínate que formé parte de un proceso de negociaciones entre Cuba, la Unión Europea y Estados Unidos, para salir de Cuba siendo preso político, prisionero de conciencia por luchar por la restitución de los Derechos Humanos allá y que haya ido a parar aquí abajo”, dijo desde el que fue hasta hace muy poco su escenario cotidiano, una furgoneta con todas sus cosas aparcada debajo del puente de Key Biscayne.

Su caso era complejo. Estados Unidos es un país con una protocolo inmutable y establecido y cualquier paso en falso te puede tirar a las calles y dejarte allí para siempre. Si se unen los elementos, entonces la historia puede llegar a tener un final feliz como el de Orlando Fundora y Yolanda Triana. Lamentablemente no siempre es así para todas las personas cuyas circunstancias los han ido empujando a ese agujero sin fondo que es vivir de la piedad y en la indigencia.

Una maraña burocrática que necesita humanidad

Las autoridades del Condado Miami-Dade tramitan cada día decenas de casos de familias y personas que quedan desamparadas. No son trámites sencillos pues dependen de fondos federales que son fiscalizados al milímetro. Al final, ese es el dinero que sale de los impuestos de quienes trabajan en este país con o sin residencia o nacionalidad.

En concreto, el Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD, por sus siglas en inglés) del Condado tiene abiertos varios programas de vivienda asequible para personas de bajos ingresos o pocos recursos. Funcionan por convocatorias anuales que a veces abren y a veces no, debido al gran déficit de vivienda social que presenta Miami-Dade.

Orlando Fundora tenía el derecho de solicitar un apartamento bajo la modalidad “Moderate Rehabilitation Program” y así lo hizo. Según el PHCD: “La vivienda de alquiler de propiedad privada está disponible para personas con ingresos bajos y moderados que generalmente pagarán el 30% de sus ingresos ajustados para el alquiler”. Existe un límite de ingresos para acceder a ella.

A Fundoraq, un desfibrilador cardioversor que le fue implantado en España en el año 2010, le permite vivir, pero no hacer esfuerzos. Su corazón se debilitó mucho mientras cumplía prisión política en Cuba. “He pasado mucho tiempo entrando y saliendo de hospitales debido a una lesión coronaria muy seria, vivo gracias a ese dispositivo, pero me debilito con mucha facilidad”, nos explicó Orlando en la primera entrevista concedida al programa “Hola! Ota-ola”, en el que su conductor y director Alex Otaola, reveló la gravedad de este caso.

Fundora había recibido un apartamento en un tercer piso y terminó hospitalizado por bajar y subir escaleras. Según el PHCD: “El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade ofrece ajustes razonables en sus programas y servicios de vivienda para personas con discapacidades”. Es cierto, porque a Fundora le fue otorgada la vivienda por la Sección 8 de bajos recursos, que es muy distinta al conocido Plan 8.

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Yolanda, la esposa de Orlando Fundora, prepara un café en su nueva cocina.
Yolanda, la esposa de Orlando Fundora, prepara un café en su nueva cocina.

Pero también es cierto que éste y otros programas de vivienda y servicios públicos no cuentan con funcionarios dedicados a revisar a fondo caso por caso, a recorrer la calles y a visitar a personas que han caído en el laberinto de una situación extrema.

El propio PHCD admite en su página web que “los solicitantes de los programas de viviendas de alquiler subsidiadas del Condado Miami-Dade se colocan en una lista de espera clasificada y compilada mediante un sistema de selección aleatorio computarizado”. Sin embargo, es fácil entender que la inteligencia artificial no puede sustituir las cuotas de humanidad necesarias para atender a ciudadanos verdaderamente desesperados.

En los meses de octubre y noviembre de 2017, DIARIO LAS AMERICAS llamó de manera anónima al departamento de atención al ciudadano del Condado Miami-Dade para saber cómo procesaban ellos estos casos especiales y descubrió que solo existe una secretaria que deriva casos a los representantes de cinco departamentos. La situación de alarma podría ser muy seria algún día porque esos cinco departamentos están llamados a atender a veteranos, a personas que viven en las calles, a familias en situación de desamparo..., o sea, a desesperados que han caído o están a punto de caer en la ruina o han perdido su vivienda.

Desde las oficinas de prominentes políticos que en sus campañas abogan por la defensa de los Derechos Humanos en Cuba y otros países de Latinoamérica, alcaldes que ya son exalcaldes, políticos y concejales, ganaron tiempo prometiendo ayuda ante la situación de Fundora, pero no la dieron. Con excepción de Mario Díaz-Balart que hizo su trabajo como representante federal del distrito 25 de la Florida y movió las fichas de sistema que están dispuestas para casos excepcionales.

Nos pusimos en la piel de los homeless de Miami y llamamos por teléfono al departamento que los atiende. Escuchamos la primera locución en inglés que precede a la opción de español y, en tres distintas ocasiones, dejamos correr el reloj más de media hora. Nadie salía al otro lado del auricular mientras escuchábamos una grabación en bucle hablando de los servicios que podían prestarnos. Una persona sin techo, que vive de ayudas públicas y de la caridad ajena, que no hable inglés y no tenga teléfono puede hacer lo que nosotros hicimos.

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Orlando Fundora y su esposa Yolanda, mientras vivían bajo el puente de Key biscayne, en Miami.
Orlando Fundora y su esposa Yolanda, mientras vivían bajo el puente de Key biscayne, en Miami.

También contamos cómo los albergues públicos dispuestos para estos sin techo, no tienen los servicios mínimos para atender a personas con discapacidades especiales, ni disponen de permisos para hacer más llevadero el día a día de quienes necesiten asistencia externa. El sistema público es burocrático posiblemente en todos los condados. La diferencia es que la figura del trabajador social se ha eliminado del presupuesto del organismo encargado de atender a los ciudadanos más vulnerables. Los funcionarios del Homeless Trust realizan conteos aleatorios que derivan en cifras que oscilan entre los 1.000 y los 4.000 desde el año 2016. Es una población flotante de la que se desconoce todo.

El ente público tiene entre sus manos un arma de doble filo con estos conteos, primero, porque nunca llegarán a saber cuántos son y, segundo, porque nunca podrán conocer su nombre, su número de seguro social, su situación real. Posiblemente con programas de empleo y capacitación muchos saldrían de la dinámica auto-inducida del “no tengo trabajo, vivo en la calle y como vivo en la calle, no tengo trabajo”. Así piensan algunos de los que fueron “vecinos” de Fundora mientras vivió bajo aquel puente.

Un final Feliz

Orlando y Yolanda ya están en su casa, un apartamento en un primer piso, al oeste de Miami. El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade hizo los esfuerzos pertinentes para reevaluar su situación y reubicarlo bajo el plan que él ya tenía concedido. El peligro de muerte sobrevoló a Orlando muchas veces debajo de ese puente. Estaba ahí, acechando durante la temporada ciclónica, las heladas, las lluvias y los calores.

El apartamento quedó disponible gracias a los esfuerzos de Annette Molina, portavoz del PHCD y de la diligencia de los responsables de Carrfour Supportive Housing, organización sin fines de lucro establecida en 1993 por el Comité de personas sin hogar de la Cámara de Comercio del Gran Miami. Las gestiones resultaron exitosas porque ya Fundora tenía asignada la casa, hizo todos los trámites pertinentes y seguía reuniendo los requisitos.

"Estamos sacando las cosas de la casa del storage. Allí llevaban años guardadas, pero ahora van para un hogar. Nos está ayudando un amigo", dice Fundora, contento, desde el teléfono por el que también ha ido recibiendo malas y buenas noticias.

"Llegué a España bajo el auspicio de la Unión Europea y vine aquí como parte de un programa político que hizo que 75 prisioneros políticos rehicieran su vida lejos de las cárceles. No sé cómo me pudo pasar a mí todo esto".

Ahora Orlando y Yolanda deben crear el hogar que debieron haber tenido desde aquel día, hace dos años, cuando subir y bajar las escaleras representó un abismo para él. Si todo esto se hubiera puesto en las manos de un trabajador social, la solución habría sigo inmediata, pero fue a parar al programa informático que solo juzga números, no situaciones o circunstancias.

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