Empresa desconocida recibe incentivos de gobierno condal

En efecto, la resolución fue presentada por los comisionados José “Pepe” Díaz y Keon Hardemon, quienes obtuvieron la aprobación sin mayor debate, para facilitar a la empresa sin nombre crear dos centros de distribución en Doral, que a su vez establecería 90 empleos con salarios de 64.000 dólares al año.

Los incentivos, que deben ser aplicados cuando la desconocida firma cumpla sus proyecciones de creación de empleo, compromiso de salario promedio, inversión de capital y otros requisitos, serán reemplazados con fondos del programa condal Targeted Jobs Incentive Fund, que recompensa a las empresas que expanden o trasladan sus operaciones a zonas designadas como desarrollo prioritario en Miami-Dade, con la creación de 10 o más puestos de trabajo con salarios superiores al promedio y realicen una inversión de al menos tres millones de dólares.

La desconocida compañía, que el director de Operaciones de Miami-Dade, Jimmy Morales, describió como una “empresa nacional de fabricación y procesamiento de alimentos y bebidas”, se comprometió a gastar unos 36 millones de dólares para construir dos centros de distribución.

La construcción está programada para comenzar este año.

Acorde con la información presentada, la empresa debe haber proveído empleo a 75 personas para el año 2025.

Por qué el nombre de la empresa no fue revelado continúa siendo una incógnita. DIARIO LAS AMÉRICAS contactó a los 12 comisionados que participaron en la ponencia, pero solo obtuvo una escueta respuesta de la oficina de la comisionada Eileen Higgins: “Puede contactar a Miami-Dade Beacon Council”, cuya respuesta esperamos aún.

Repercusiones

Mantener en secreto el nombre de la empresa beneficiada irrita a muchos, sobre todo cuando varios procesos de licitación y otros asuntos procesados en la Comisión de Miami-Dade han sido cuestionados por una parte significativa de la población.

“Los estatutos no obligan a revelar el nombre de la empresa solicitante, pero no divulgarlo puede conllevar a malestares y cuestionamientos”, comentó el consultor político Andrés Sánchez, de la firma Sánchez & Associates.

Sánchez explicó que, si se trata de una empresa valiosa, “tan importante como puede ser una firma nacional o internacional, los comisionados podrían estar tratando “de proteger a las compañías establecidas en terrenos colindantes” para que los dueños de terrenos no suban el precio de arrendamiento o venta, lo que “pudiera afectar las operaciones de corporaciones establecidas en la zona, sobre todo si es un área designada como desarrollo prioritario”.

De hecho, si una empresa mayor, de gran nombre, busca un local o un terreno para ampliar sus operaciones en cualquier zona suele contratar a un intermediario para evitar revelar el nombre en primera instancia.

“Dar el nombre conduciría a un aumento de arrendamiento o el valor de precio del terreno. Pero recibir incentivos fiscales, cuyos fondos provienen, de una manera u otra, del contribuyente, es otro asunto, y el nombre debe ser revelado para evitar malentendidos”, comentó.

Por si fuera poco, hace apenas un mes la Comisión de Miami-Dade adoptó un sustancial aumento de beneficios para los comisionados, de 54.000 a 138.000 dólares, en medio de una controvertida crisis inflacionaria que golpea a más de la mitad de la población.

“No es el gasto lo que duele. Serían un millón y algo de dólares que suman a los 10.000 millones del presupuesto. Pero duele más que lo hagan si informar, precisamente ahora cuando todos tenemos que pagar más por todo”, comentó Francisco Gutiérrez, un activista comunitario que trata de reunir firmas para presentar una queja formal que podría llevar a un referendo para reprender, de alguna manera, a los nueve comisionados que dijeron sí al aumento de beneficios.

Secreto

El nombre de la empresa beneficiada con incentivos fiscales se mantiene en secreto y solo se conocen las denominaciones de los proyectos en cuestión: Project Lunar y Project Mercury.

Sin embargo, acorde con un informe publicado por The Business Journals, “la descripción del solicitante de los beneficios refleja la de Kroger Co.”, una cadena de supermercados “con sede en Cincinnati que apuesta por una mayor presencia en Florida a través de centros de distribución de comercio por Internet”.

En junio, Kroger abrió un centro de distribución cuadrados en Opa-locka, que debe emplear a 200 personas.

Según el medio mencionado, “un portavoz de Kroger no confirmó ni negó que Kroger esté detrás de Project Lunar y Project Mercury”.

Bajo Project Lunar, la desconocida empresa invertiría 25 millones de dólares para establecer un almacén y un centro de distribución de 175.000 pies cuadrados en Doral, según “se supo de la carta que envió James Kohnstamm, vicepresidente ejecutivo de Miami-Dade Beacon Council, la organización que procura el desarrollo económico público y privado en el condado.

Por otra parte, Project Mercury apostaría por una inversión de 11,25 millones de dólares para crear un almacén y centro de distribución en Miami.

Las solicitudes tampoco indican los lugares donde se construirán los centros de distribución.

Al igual que Kroger, los proyectos también incluyen políticas de gobernanza ambiental y social, como la eliminación de desperdicios operativos y de alimentos, y la auditoría de proveedores para ayudar a frenar las violaciones de los derechos humanos.

“Cualquier buena inversión es bien recibida. No hay duda con eso. Pero mantener el nombre en secreto y evadir hacer comentarios no es buena señal. La transparencia es necesaria para mantener la fe en las instituciones públicas. Hacer otra cosa es peligroso”, concluyó Sánchez.

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