jueves 6  de  junio 2024
FLORIDA

Evalúan cómo parar la corrupción en asociaciones de propietarios

Robo, coacción y manipulación en The Hammocks impulsan la necesidad de dictar estrictas regulaciones y penalidades criminales
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Tras cinco largos años de abusos administrativos e investigaciones por corrupción, los propietarios de viviendas en The Hammocks, en el suroeste de Miami-Dade, vuelven a respirar y ahora depositan la esperanza en una propuesta de ley en Florida que regularía las asociaciones comunitarias, no sin antes preocuparse por los cambios que pueda tener antes de aprobada.

A diferencia de normas que rigen las asociaciones de condominios, las agrupaciones de propietarios de viviendas, que pueden abarcar zonas urbanas y velan por el mantenimiento de sus jardines y áreas de entretenimiento, carecen de regulaciones estatales que cuiden los intereses financieros de quienes las conforman.

Inspirado en lo que sucedió en The Hammocks, que cuenta con cerca de 60.000 vecinos, el representante estatal Juan Carlos Porras presentó en enero el proyecto de ley HB 919, que, si es aprobado, criminalizaría el mal manejo de fondos comunitarios y obligaría a compartir registros financieros.

“Garantiza que los miembros de la junta sean penalmente responsables por cualquier daño monetario, incluida la malversación de fondos y el robo de dinero”, declaró Porras.

Por otro lado, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, señaló: “Hay administraciones ambiciosas o sin escrúpulos que se aprovechan de la falta de supervisión”.

“A menudo ocultan su mala conducta al hacer que sea extraordinariamente difícil y costoso acceder y examinar cualquier registro de manera efectiva”, agregó.

Entonces, irónicamente, "los propietarios de viviendas generalmente se ven obligados a pagar abogados para acceder a la información a la que deberían tener derecho".

Temor

Tal como fue presentada en enero, la proposición legislativa criminaliza el mal manejo administrativo. “O sea, sería una felonía, un acto criminal, que sería investigado sin necesidad de tener que esperar cinco años”, comentó Ana Danton, activista comunitaria y agente de bienes raíces.

Sin embargo, salta el temor de que la propuesta de ley sea suavizada antes de que llegue al pleno de votación en el Congreso estatal.

“Sabemos que los puestos en las juntas comunitarias son ocupados por voluntarios, que no perciben salarios, y hay lobistas que plantean que ciertas cosas de la propuesta de ley alejarían a voluntarios para ser miembros de las juntas de asociaciones”, comentó la activista comunitaria.

“Esa supuesta preocupación no es más que una justificación para evitar que los intereses de quienes hacen dinero con las asociaciones sean afectados”, afirmó.

“Lo que verdaderamente aleja a los voluntarios es la corrupción. Un buen voluntario no entra donde hay corrupción. O sea, que lejos de perjudicar ayuda a tener mejores juntas”, subrayó.

En efecto, la proposición legislativa pide que cualquier miembro de la junta, abogado u otra persona o entidad asociada, que conozca de la existencia de algo mal hecho y no lo reporte, podría ser inculpado.

“Queremos que sea así porque hay que proteger el dinero de quienes viven en una comunidad de propietarios”, avaló.

“Tratamos de evitar cambios a la propuesta de ley”, apuntó Ana. “Pero, de las 60 páginas que comprendían la propuesta, quedan 16. Y eso nos preocupa”, advirtió.

De hecho, el lunes 17, a las 5 a.m., decenas de vecinos de The Hammocks saldrán rumbo a Tallahassee, en autobuses, desde la sede de la asociación, en 9020 Hammocks Blvd., para exponer su preocupación y apoyo a la propuesta de ley.

Antecedentes

En efecto, lo que sucedió en The Hammocks podría estar sucediendo en cualquier otro lugar del estado.

Ana se conmueve al hablar de vecinos que la pasaron muy mal.

“Aquí hay muchas personas mayores, que compraron sus viviendas hace varios años y hoy están jubilados y tienen que hacer cuentas para pagar sus cosas cada mes”, manifestó.

Ese fue el caso de Pamela, 87 años, que tiene su vivienda pagada pero su ingreso mensual apenas llega a 800 dólares para pagar electricidad, parte de la comida, mantenimiento, impuestos y más.

“Pamela tuvo que recurrir a un familiar y acordar que le paguen los impuestos, a cambio de dejarle la propiedad cuando fallezca”, expuso.

Ana recordó como los propietarios de The Hammocks: “Éramos rehenes de la administración. “Nos intimidaban. Si un vecino opinaba algo negativo sobre la junta, si lo publicaba en las redes, le mandaban una carta, firmada por un abogado, en la que alegaban difamación y que demandarían sino paraba de opinar”.

Hubo denuncias, pero era imposible obtener los informes financieros de la asociación.

El año pasado la gota final colmó el vaso, cuando supuestas elecciones para elegir la junta fueron maniatadas y el pago mensual de contribución fue incrementado de 80 a 380 dólares.

Ana recuerda que era prácticamente imposible acceder a los archivos de la administración. Ni tan siquiera la fiscalía lograba tenerlos porque siempre daban excusas por medio de abogados.

Finalmente, a Ana se le ocurrió ir a los archivos de la corte, con los números de los casos de demandas presentadas contra la asociación. Pagó 90 centavos por cada copia de página y así pudo reunir información necesaria “para entender por qué la Fiscalía demoraba tanto”.

Luego, con más pruebas en la mano, “acudimos a la policía y de allí a la fiscalía estatal y presentamos el caso”, añadió.

Con las nuevas pruebas, los abogados Michael Kaufman y Steven Katz accedieron a representar a los propietarios de The Hammocks.

“Necesitábamos 200.000 dólares para pagar la defensa y salimos a la calle a buscar el dinero. Nos paramos en las esquinas a pedir cheques, no efectivo, y así, poco a poco, reunimos 100.000 para comenzar el pleito final”, trajo Ana a la memoria.

Finalmente, la jueza Beatrice Butchko nombró a David Gersten interventor, magistrado jubilado que ahora trata de arreglar la contabilidad y los presupuestos de la asociación comunitaria.

De esta manera, Marglli Gallego, Mónica Isabel Ghilardi, Yoleidis Lépez García, José Antonio González y Myriam Arango Rodgers fueron arrestados y encausados por el robo de más de dos millones de dólares, entre otros asuntos.

“Somos una comunidad hermosa, muy tranquila, una corporación sin fines de lucro, o sea solo existe para reunir fondos para mantenimiento, cuidado y entretenimiento de la comunidad. Por eso tenemos centros comunitarios, donde nos reunimos y celebramos fiestas, y un lago hermoso, adonde vienen los vecinos a pasear", resaltó.

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@JesusHdezHquez

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