MIAMI. – Un juez de circuito de Florida desestimó una demanda de cinco legisladores demócratas que buscaban acceso forzoso al centro de detención de inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’ en los Everglades.
El magistrado Jonathan Sjostrom determinó que las protecciones legales para la inspección de cárceles y prisiones no alcanzan a esta instalación estatal, una resolución que ampara la negativa del gobernador Ron DeSantis a permitir visitas sorpresa en el complejo ubicado en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier.
Vacío legal
En un fallo de cinco páginas, el juez Sjostrom estableció que el centro de detención no cumple con los requisitos técnicos para ser considerado una "institución correccional estatal".
Según la sentencia, el recinto no alberga a presos bajo la jurisdicción del Departamento de Correcciones de Florida, lo que lo excluye del marco legal que permite el libre acceso de los miembros del Congreso estatal.
Asimismo, el magistrado aclaró que la instalación tampoco califica como un centro de detención municipal o del condado. Dado que ninguna entidad local opera el sitio, la normativa que faculta a los legisladores para realizar inspecciones en cárceles regionales carece de validez en este caso específico.
Conflicto de transparencia
La disputa legal surgió tras un incidente en julio pasado cuando los senadores Shevrin Jones y Carlos Guillermo Smith, junto a las representantes Anna Eskamani, Angie Nixon y Michele Rayner, intentaron realizar una fiscalización en el lugar.
Las autoridades del centro les impidieron el paso, lo que motivó la querella bajo el argumento de que la denegación violaba sus prerrogativas de supervisión pública.
El gobierno de Florida sostiene que el centro opera bajo una estructura de gestión de emergencias y apoyo a las políticas federales de deportación masiva. Esta postura ha generado un intenso debate sobre la rendición de cuentas en instalaciones financiadas con recursos de los contribuyentes estatales.
Controversias
El complejo ‘Alligator Alcatraz’ atrajo la atención internacional desde su inauguración el año pasado. El centro aprovecha su ubicación remota, rodeada por la Reserva Nacional Big Cypress y poblada por fauna silvestre, como una medida de seguridad natural.
Mientras el liderazgo republicano exalta el sitio como una herramienta eficaz contra la inmigración irregular, diversas organizaciones civiles mantienen litigios activos en tribunales federales por presuntas violaciones a los derechos humanos y daños al ecosistema de los Everglades.
Este fallo judicial consolida el control del Ejecutivo sobre el sistema de detención estatal y limita la capacidad de los legisladores de oposición para verificar de primera mano las condiciones de vida de los internos en una de las zonas más inhóspitas del sur de Florida.
