Iraida Mendez-Cartaya
Superintendente Adjunta
Escuelas Públicas de Miami-Dade

De ser aprobado un proyecto de ley en el Congreso de la Florida, recientemente propuesto por dos legisladores de nuestra comunidad, el senador estatal René García (Versión del Senado Estatal Proyecto de Ley SB 824) y el representante estatal Manny Díaz (Versión de la Cámara de Representantes Estatal Proyecto de Ley HB 495), las Escuelas Públicas de Miami-Dade y los maestros que trabajan en ellas pudieran estar en mejor situación financiera en un futuro cercano. Esa mejora se debe a que volverían a recibir mejor remuneración como consecuencia de vivir en un área donde el costo de vida es tan alto como lo es en el sur de la Florida. Los condados de Broward, Palm Beach y Monroe (Los Cayos) que pertenecen a la misma región, se encuentran en una situación similar a la nuestra.

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Esto todo se debe a que el proyecto de ley requiere que el estado realice un informe que analice lo que representa el diferencial de costos (District Cost Differential, o DCD) cada 10 años.

Resulta ser que todo esto comenzó cuando en el 1973 el Congreso de la Florida promulgó el Programa de Finanzas a la Educación de la Florida (Florida Education Finance Program, FEFP) para implementar un sistema uniforme de educación pública gratuita, asignando los fondos destinados a los distritos de escuelas de Kindergarten al 12º grado.

El sistema financiero establecido se mantuvo sin cambios hasta el 2004, cuando la fórmula fue modificada significativamente al agregar el diferencial de costos District Cost Differential (DCD). De acuerdo a lo que fue propuesto en ese entonces, el objetivo principal del diferencial consistía en asegurar que los estudiantes que se encontraban residiendo en ciertos condados, donde el costo de vida es más alto, no fuesen perjudicados por el solo hecho de no poder atraer y retener maestros de calidad y poder mantener los tamaños de las clases en un número apropiado.

Un año más tarde, como consecuencia de las políticas internas dl Congreso estatal, los legisladores de otras áreas del estado agregaron el Factor de la Comodidad (“Amenity Factor”) como parte de la consideración en el cálculo del diferencial. Dicho factor estipula que los empleados de las áreas más costosas deben estar conformes con trabajar por salarios inferiores, a cambio de las comodidades que representa el vivir en un área local cerca de las playas.

El cambio significó que los siguientes condados perderían una gran cantidad de fondos para financiar sus operaciones: Miami-Dade $818,949,878; Broward $364,025,172; Palm Beach $232,489,408 y Monroe $25,909,543.

Dichas reducciones de fondos estatales impactaron significativamente a nuestro sistema escolar local, por eso es que debemos revisar el sistema de financiación de la educación pública de manera imparcial, tomando en cuenta el alto costo de vida que azota a muchos de nuestros más valiosos maestros que residen en las zonas costosas de nuestro estado. Debemos establecer una fórmula de financiación de la educación que tome en consideración las condiciones económicas de las diferentes regiones.

De ser aprobado, la ley nos brindaría la oportunidad de revisar la fórmula y asegurar que los fondos de la educación pública sean distribuidos equitativamente entre los sesenta y siete distritos escolares que integran a nuestro estado. El informe deberá tomar en cuenta las diferencias en términos de costos que son fundamentales para las operaciones de las instituciones educacionales reflejando costos tales como los salarios de los maestros, seguros médicos para los empleados, seguros de la propiedad, como también los costos de vivienda y transporte por estudiante de tiempo completo.

Distrito Ganancias / Pérdidas tras la

DLA Clasificados

 

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