Organizaciones de defensa del consumidor afirman que el acuerdo se negoció en secreto y perjudicaría a los residentes, piden mantener audiencia pública
Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CORTESÍA / FPLMIAMI. – Florida Power & Light (FPL) anunció el viernes un “principio de acuerdo” con una coalición de grupos mayoritariamente empresariales para resolver su controvertida propuesta de aumento de tarifas de casi $10 mil millones.
El acuerdo se produjo justo antes de una audiencia crucial programada para este lunes ante la Comisión de Servicios Públicos de Florida (PSC), en cuyo contexto se programó debatir el que es considerado el mayor aumento de tarifas eléctricas en la historia de Estados Unidos.
FPL solicitó a la PSC que suspenda la audiencia a la luz del pacto, que busca ser formalizado para el 20 de agosto. No obstante, la Oficina del Asesor Público del estado, junto con más de 30 organizaciones de consumidores y ambientalistas, rechazó el acuerdo y exigió que la reunión se lleve a cabo como estaba previsto.
Según su argumento, la propuesta original es injusta y el nuevo pacto se habría negociado a puerta cerrada, sin considerar a la mayoría de los clientes residenciales.
La propuesta original de FPL, presentada en febrero, solicitaba un incremento de sus tarifas base de $1.545 mil millones en 2026 y de $927 millones adicionales en 2027, junto con costos suplementarios en 2028 y 2029 para proyectos de energía solar y almacenamiento en baterías.
Esto se traduciría en aumentos mensuales progresivos para los clientes residenciales. Además, la compañía busca un retorno sobre la inversión (ROE, por sus siglas en inglés) del 11.9%, una cifra significativamente superior al promedio nacional de 9.6%, según expertos.
En respuesta, el asesor público del Estado, Walt Trierweiler, quien representa legalmente a los consumidores de Florida, planteó en junio que FPL, en lugar de aumentar las tarifas, debería reducirlas en $620.5 millones en 2026.
La oficina de Trierweiler, junto con grupos como Florida Rising, la Environmental Confederation of Southwest Florida y la League of United Latin American Citizens, anunció que se opone al acuerdo preliminar del viernes y manifestó su intención de continuar con la audiencia del lunes.
Por su parte, Florida Power & Light (FPL) justificó la solicitud de aumento de casi $10 mil millones en cuatro años como una necesidad para financiar inversiones cruciales.
La compañía esbozó que los fondos son esenciales para satisfacer la demanda de una población en rápido crecimiento y para mantener la confiabilidad de la red eléctrica.
En comunicados de prensa, FPL aseguró que se trata de "seguir invirtiendo inteligentemente en nombre de nuestros clientes" para garantizar un servicio confiable mientras se mantienen las facturas por debajo del promedio nacional.
Armando Pimentel, presidente y CEO de FPL, calificó el acuerdo preliminar como "una victoria para nuestros clientes y para el estado de Florida".
Pimentel insistió en que cualquier convenio final debe permitir a la empresa ejecutar las inversiones necesarias en generación, transmisión y distribución para hacer frente tanto al aumento de la demanda como a los crecientes costos de la infraestructura.
La empresa subrayó que, incluso con los incrementos, el impacto será "moderado" y proyectó que la factura mensual típica para un cliente residencial pasará de $134.14 a $151.99 para el año 2029, una cifra que, según FPL, se mantendrá por debajo del promedio nacional.
El acuerdo preliminar cuenta con el respaldo de entidades como la Florida Retail Federation, el Florida Industrial Power Users Group y grandes corporaciones como Walmart, Wawa y RaceTrac.
Sin embargo, críticos como AARP Florida expresaron preocupación por lo que consideran falta de transparencia en el proceso. “Son conversaciones a puerta cerrada. Mantiene gran parte del expediente en secreto”, declaró Zayne Smith, directora de defensa de AARP Florida.
La organización sostuvo que el aumento afectaría desproporcionadamente a los adultos mayores con ingresos fijos.
Grupos de defensa del consumidor señalaron también que, mientras FPL argumenta que sus tarifas se mantendrán por debajo del promedio nacional, estas cifras no incluyen recargos adicionales como los costos de restauración por tormentas.
La Comisión de Servicios Públicos se enfrenta este lunes a la decisión de suspender o no las audiencias técnicas programadas.
Si la PSC acepta la moción de FPL y sus socios, se fijará una nueva fecha para revisar el acuerdo formalizado, y las nuevas tarifas podrían entrar en vigor el 1 de enero de 2026.
La decisión que se tome sentará un precedente crucial en el equilibrio entre las ganancias corporativas y la protección de los más de 12 millones de clientes de FPL.
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